Editorial: Se acabó la confianza

Editorial: Se acabó la confianza

Europa no está tranquila con el trato que les da EE. UU. a los datos personales de sus ciudadanos.

16 de octubre 2015 , 07:38 p.m.

Un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene el potencial de marcar un antes y un después en la historia de internet. La providencia faculta a los Estados de la Unión para bloquear el envío de datos de sus ciudadanos a Estados Unidos para ser almacenados en servidores alojados en su territorio, cuando consideren que la empresa responsable de ellos no es fiable. En términos del argot, el país del norte ha dejado de ser un “puerto seguro”. El Departamento de Comercio ha calificado la decisión de “profundamente decepcionante”.

En esa determinación desembocó la denuncia del joven austriaco Max Schrems contra la red social Facebook ante el comisionado de Protección de Datos de Irlanda, donde está radicada la filial europea de dicha empresa.

Pero, sobre todo, hay que notar que se trata de un coletazo –quizás el más contundente– del escándalo que siguió a las revelaciones que hizo el exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) Edward Snowden respecto a cómo esta entidad tenía acceso a información que todavía muchos suponen privada, como, por ejemplo, la de los perfiles de los usuarios de una red social.

Y esta, valga aclararlo, no solo está en la mira de los responsables de la seguridad de las naciones. En la red también se aplica aquel adagio de que no hay almuerzo gratis. A cambio de los servicios que prestan Facebook, Twitter, Instagram y similares, estos acceden –previa autorización del usuario cuando da clic en ‘aceptar’ tras mirar de refilón, en el mejor de los casos, o simplemente ignorar los términos y condiciones– a su información, así como a la huella digital de sus actividades. Y esto vale oro. Es un negocio que alcanzará los 80.000 millones de dólares en el 2018.

Por lo pronto se prevé que a los usuarios del Viejo Continente se les pida su consentimiento expreso para que sus datos atraviesen el Atlántico, lo que implica aceptar que allí estarán, por causa del Patriot Act, sometidos al escrutinio de la NSA. A un plazo no lejano, empresas europeas medianas y pequeñas pueden verse perjudicadas, lo cual, sin duda, impactaría la economía de la red.

Detrás de todo está el choque entre una visión –con mucho arraigo en Europa y en sus instituciones– según la cual el de la intimidad es un derecho fundamental que debe gozar de plenas garantías. Y también está aquella postura que ha hecho carrera en Estados Unidos luego de los hechos del 11 de septiembre del 2011 y que sostiene que, en aras de la seguridad nacional, el Estado puede husmear en lo más recóndito de la vida privada de las personas. La misma que abrió el camino para las conductas denunciadas por Snowden, que incluían monitoreos sin suficiente sustento legal.

Por último, hay que referirse a un factor clave y en ocasiones desatendido en este debate: cada vez más, la gente está permitiendo que su vida privada sea expuesta en la vitrina de la red de redes. Aquel muro que por varios siglos resguardó el ámbito de lo privado se está agrietando.

Esto nos lleva a la pregunta de hasta qué punto las distintas legislaciones responden a las actuales realidades sociales. Hasta qué punto puede el Estado determinar qué es bueno para las personas. No es una pregunta nueva. Lo cierto es que, en este escenario, la discusión se anuncia fascinante.

editorial@eltiempo.com

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