Representantes de asociaciones y organizaciones vecinales temen que sus barrios se vean afectados por problemas de movilidad, fallas en las redes del Acueducto y la ruptura del tejido social, entre otros, a raíz del decreto 562, que permite edificar en más de 15 pisos.
Por eso se dieron cita, esta semana, en la sede de la Sociedad de Mejoras y Ornato, para buscar la forma de detener el decreto. Este reglamenta las condiciones para renovación urbana y permite la edificabilidad en mayor altura en sectores como la calle 127 y la Primero de Mayo, y de la Circunvalar a la Boyacá. La medida cubre unas 7.000 hectáreas, según la Secretaría de Planeación (SDP).
El Decreto, expedido por la actual administración, enfrenta dos demandas más: una por parte de Camacol y otra a nombre de Roberto Uribe, abogado, que presentó la demanda en representación de todas las comunidades afectadas.
Según ciudadanos* de sectores como Antiguo Country, Santa Isabel, Santa Bárbara Norte, Asociación 114–Santa Bárbara Occidental, Santa Ana, Archi, Coporchicó y Asociación Cívica de vecinos de Molinos Norte, entre otros, son varias las consecuencias del decreto 562 que se denuncian.
Por un lado, apuntan a que causará un impacto en la movilidad, pues llegarían el doble de automóviles a estos sectores, empeorando el tráfico.
Incluso, señalaron que podrían existir problemas con el sistema hidráulico, redes del acueducto y alcantarillado, pues temen que colapse debido al aumento de edificios y altura. Otra de las razones que molesta a los ciudadanos radica en que al parecer no se les tuvo en cuenta dentro del proceso de estructuración de la medida.
“Tenemos derecho a vivir en la ciudad que queremos y no en la que nos imponen”, exclamó Adriana Cabra, directora de la Asociación Cívica de Vecinos de Molinos Norte.
Por su parte, el arquitecto Ricardo Llinás explica que en barrios como Santa Ana y Santa Bárbara, entre otros, existe una capacidad restringida en los servicios públicos y que de llegar edificios con alturas mayores se generaría un impacto grande en las redes.
“En Cedritos ya se hizo el experimento y fallaron; las redes colapsaron. No repitamos la misma historia”, recordó Llinás. Jorge Bustamante, exdirector de Planeación y residente del Antiguo Country, comenta que la renovación llega a barrios que ya están consolidados o se están terminando de consolidar.
“El segundo problema es la ilegalidad del decreto. El alcalde Gustavo Petro lo que hizo fue sacar un POT ilegal y se lo tumbaron. Luego lo que hizo fue introducir el POT que le tumbaron por decreto”, comentó.
Bustamante, también señaló que este tipo de decretos deben ser consultados con las comunidades, y espetó que en este “no hay de por medio una consulta; el desafío es tumbar el decreto”.
Llinás agregó que estos proyectos no realizan renovación urbana, como lo dice la SDP, y asegura que el decreto 562 plantea “un capitalismo salvaje. Ese sofisma de distracción que dice que redensificaron no es cierto, pues para hacer eso uno debe tener un documento técnico de soporte, y participación de la comunidad”, apuntó.
Adriana Cabra, otra residente, agregó que lo preocupante, aparte de que el Decreto no haya sido socializado, está en el hecho de que las curadurías no están permitiendo a los ciudadanos hacerse parte en los procesos de solicitud de licencia.
“No nos estamos sintiendo a gusto con este decreto. Hay egoísmo, los constructores están más preocupados por el beneficio económico. Y cuando nos queremos hacer parte en las curadurías y presentar observaciones, no nos dejan”, aseguró Cabra.
En localidades como Chapinero y Usaquén ya existen proyectos en proceso de solicitud de licencia para la construcción de edificios con alturas de 23, 22, 19, 18, 17 pisos y 13 pisos, como el caso del barrio Molinos Norte.
En Bogotá, de acuerdo con la SDP, existen unas 565 solicitudes de licencias por obra nueva o ampliación, que han sido remitidas por las curadurías urbanas a la entidad bajo la aplicación de este decreto. Licencias que fueron sacadas para localidades como Barrios Unidos, Kennedy, Tunjuelito, Engativá, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, Santa Fe, Chapinero y Usaquén, entre otros sectores.
Desde la aplicación de este decreto, de acuerdo con la SDP, el Distrito ha recaudado 64.000 millones de pesos, de los cuales un 50 por ciento lo recibe el fondo del IDU y el restante el Instituto de Recreación y Deporte.
Situación que preocupa aún más a los ciudadanos afectados por el ‘562’, pues señalan que el daño ya está hecho, ya que de tumbarse existirían unos derechos adquiridos por parte de los constructores que sacaron las licencias. “Petro se va y quién responde por las decisiones tomadas. Esto hay que llevarlo a la Procuraduría, Personería y dejar la puerta abierta para una querella o demanda en el Consejo de Estado”, señaló Jorge Bustamante, exdirector de Planeación.
Hay mitos sobre el decreto 562 que no corresponden a la realidad: Planeación
Armando Lozano, director de Norma Urbana, de la Secretaría de Distrital Planeación, asegura que muchos de los temores que expresa la comunidad sobre el decreto 562 son mitos. Estas son algunas de las precisiones.
¿Cuáles son los mitos?
Voy a partir de tres mitos alrededor del 562: que genera congestión de tráfico, que genera unas edificaciones que producen sombra y acaban con la asoleación de las zonas donde se puede desarrollar este decreto, y que las infraestructuras de servicios públicos no soportan ese crecimiento y por eso piden que se les muestre los estudios que demuestren que eso no va a ocurrir.
Al respecto sobre esos tres mitos diría que en relación con la movilidad y la congestión del tráfico lo que se afirma es que al poner una casa donde tenía una familia y poner un edificio donde puedo poner 40 familias van a llegar más carros.
Pero la congestión no se genera porque se tenga 20 carros, se genera es porque las personas tienen que usar vehículos para hacer todo lo que deben hacer en el día. Si yo puedo ubicar la población cerca al trabajo y puede hacer eso a pie reduzco el tráfico.
Se hicieron estudios muy grandes al respecto sobre la movilidad y cómo se desplazan. Nos muestran que la ciudad se mueve desde la periferia, en donde no hay empleo, universidades ni colegios, por la mañana. Todos vienen a trabajar y por la tarde todos se devuelven a su casa; eso genera el tráfico.
Si empiezo a ubicar a las personas más cerca al empleo, reduzco el tráfico. Es contrario a lo que se dice que se generarán congestiones. La solución es buscar que usen menos el vehículo y para ello hay que acercarlos allá.
Otra de las quejas tiene que ver con las redes de servicios públicos, ¿qué puede decir sobre esto?
El de servicios públicos es un trabajo que se ha hecho de la mano del Acueducto, esto no es improvisado. El Acueducto de Bogotá nos ha garantizado que las redes matrices soportan la densificación que está planificada en el 562.
Ahora, a esas redes matrices me conecto a través de redes locales que fueron hechas en su momento. Efectivamente hay redes que no sabemos cómo están hechas, porque no hay un inventario de las redes. Lo que prevé el decreto es que hay un observatorio que va a ir verificando cómo se da la densificación para ir detectándolas.
Ese observatorio permite actuar de manera anticipada y eso lo tiene detectado el acueducto. En término globales el Acueducto garantiza los servicios y tiene control sobre las zonas en las que se ubicó el decreto 562.
Lo otro es que los edificios producen sombras: Es importante escuchar a la misma comunidad que está del otro lado. En Santa Ana Oriental hay comunidad que está a favor del 562 y no comparte lo que está diciendo otra parte de la comunidad. En Santa Bárbara Occidental a una gran parte le gusta el decreto y ha participado, lo mismo sucede santa Margarita y no hablo de constructores sino de comunidades.
Redacción EL TIEMPO ZONA
* Contacto con las comunidades: lagranbogota@sosmejorasbogota.com
