Martinelli, el expresidente panameño tiene 12 procesos en la Justicia

Martinelli, el expresidente panameño tiene 12 procesos en la Justicia

Por uno de ellos, haber ordenado interceptaciones telefónicas, piden que sea condenado a 21 años.

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15 de octubre 2015 , 10:49 a.m.

Un magistrado fiscal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá pedirá 21 años de cárcel contra el ex presidente Ricardo Martinelli, acusado de dirigir una masiva operación de espionaje político durante su Gobierno (2009-2014) utilizando recursos públicos y personal del Consejo Nacional de Seguridad.

El escrito de acusación, al que tuvo acceso Reuters, señala que el ex mandatario, de 63 años, estableció "un aparato organizado de poder al margen del Estado de Derecho" con el que interceptó las comunicaciones de activistas, políticos, sindicalistas, abogados, médicos y otros grupos civiles. "(Unas) actividades de espionaje político que implicaron una violación constante y sistemática a la intimidad y derechos humanos de los panameños (y en las que) se utilizaron equipos, personal y recursos del erario público", señala el informe del juez Harry Díaz, quien actúa como fiscal por ser Martinelli diputado del Parlamento Centroamericano.

Díaz especificó que pedirá penas de 4 años por intercepción de llamadas sin orden judicial, 4 años por seguimiento, vigilancia y persecución, 10 años por peculado por sustracción o malversación y otros 3 años por un agravante de peculado de uso.

La defensa de Martinelli, quien se declara inocente de todos los cargos, calificó el escrito de "locura" y consideró que todo el proceso que enfrenta el ex mandatario es "kafkiano". "No sabe quién le acusa, cuándo es el juicio, no sabe de qué lo acusan, ni quién es el juez que lo va a juzgar. Es un hombre que no puede defenderse aunque tenga mil abogados", dijo Rogelio Cruz, jefe del equipo legal del expresidente, a Reuters.

Espionaje amplio

Según la investigación, entre 2012 y mediados de 2014 Martinelli habría establecido una oficina de acceso restringido en la última planta del edificio 150, sede del Consejo Nacional de Seguridad, donde funcionarios de inteligencia interceptaban ilegalmente las comunicaciones de decenas de ciudadanos por orden explícita del entonces presidente de la República.

Las tareas se extendían a las familias y amigos de los denominados "objetivos" e incluían conversaciones telefónicas, audio ambiente, vigilancia y seguimiento con fotografías, intercepción de correos electrónicos, mensaje de WhatsApp, agendas telefónicas y tarjetas de memoria, dice el documento.

El multimillonario de los supermercados tiene abiertas otras investigaciones en la Corte Suprema, incluidos casos de malversación de fondos públicos, cobro de sobornos, delitos financieros e indultos ilegales. En su escrito, el fiscal propone el testimonio de al menos 28 testigos y 43 supuestas víctimas, varias pruebas periciales, como equipos informáticos, y decenas de documentos.

La defensa considera que no hay evidencias suficientes para abrir un juicio y confía en que podrán abortar el proceso.

La semana pasada, el juez Díaz solicitó la apertura de un juicio oral contra el ex mandatario y pidió una alerta azul de Interpol para localizarlo en caso de que sea llamado a declarar tras considerarlo en su escrito "en paradero desconocido".

Martinelli, quien asegura residir temporalmente en Miami, califica las investigaciones en su contra como una venganza del actual presidente y antiguo aliado político Juan Carlos Varela. "Él se siente muy molesto (...) considera que es una persecución política. Tenemos una justicia a empujones", agregó el abogado Cruz, quien no pudo dar detalles sobre el estatus migratorio de su defendido, quien rompió con Varela en 2011, cuando éste era su vicepresidente. 

Los procesos en la Corte

Martinelli tiene al menos 12 procesos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero solo tres de estos expedientes han sido admitidos.

Allí se incluyen las pesquisas por la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) por 44.9 millones de dólares; el que envió la Cancillería para determinar si el exgobernante cometió delito al otorgar indultos poco antes de dejar su gestión; y la investigación por la presunta comisión de delitos contra la libertad (inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad) por violar las comunicaciones de ciudadanos.

Este último está en manos del magistrado Harry Díaz, quien actúa como fiscal. De acuerdo con fuentes del Órgano Judicial, Díaz ha entrevistado a exfuncionarios del Consejo de Seguridad Nacional, y algunas de las víctimas del espionaje.

Durante el pasado gobierno, y según investigaciones del Ministerio Público (MP), se espiaron las comunicaciones de líderes políticos, empresariales, sindicales, magistrados y periodistas.

Mientras que el proceso relacionado con la comida deshidratada está en manos de Oydén Ortega, quien actúa como fiscal. Este expediente fue remitido por el MP en enero pasado. Desde entonces han pasado siete meses y la investigación no concluye. Ortega presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A de la Ley 55, que limita a dos meses el término para investigar a los diputados. Martinelli es diputado del Parlamento Centroamericano.

Este recurso tiene paralizadas las pesquisas hasta tanto el pleno no lo resuelva.
Otro magistrado que tiene responsabilidad en casos contra el exgobernante, es Abel Zamorano, quien está a cargo de las pesquisas por los indultos. Por este proceso específico, fuentes judiciales explicaron que la Corte ya solicitó al Tribunal Electoral levantar el fuero a Martinelli por su participación en las elecciones internas de su partido Cambio Democrático.

Mientras que el Juzgado Primero Penal ordenó compulsar a la Corte copia del caso por el que se condenó a cinco años de prisión al exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Ignacio Fábrega para que se investigue a Martinelli, quien fue señalado por Fábrega en el escándalo de Financial Pacific (FP). De hecho, el pasado 29 de junio la SMV remitió copias de un expediente para que determine si el exgobernante incurrió en delitos por irregularidades en cuentas de FP. El tema está en manos Hernán De León, quien tiene pendiente presentar un proyecto de fallo sobre el mismo.

En la calle, voces de la sociedad civil organizada cuestionan la lentitud de la CSJ para darle trámite a estos procesos. Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, argumenta, por ejemplo, que los magistrados de la Corte están buscando “excusas” para no investigar a Martinelli. Afirmó que esta situación está evidenciada en los múltiples subterfugios para mantener los expedientes engavetados.

“No quieren meterse con Martinelli e inventan consultas, ya que todos esos magistrados encargados de manejar estos casos estuvieron involucrados con la manipulación de la justicia en los últimos cinco años”, enfatizó.

Por su parte, el abogado Miguel Antonio Bernal coincidió con Castillo en que “no hay voluntad” por parte de los magistrados. Sostuvo que tampoco existen los mecanismos legales “para investigar la empresa criminal montada por Martinelli durante su gestión”.

CIUDAD DE PANAMÁ (Reuters y colaboración de 'La Prensa')

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