En primeros 9 meses del año, 161 firmas se fueron a restructuración

En primeros 9 meses del año, 161 firmas se fueron a restructuración

Venta de activos no esenciales, entre fórmulas de empresas para superar dificultades financieras.

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14 de octubre 2015 , 08:12 p.m.

Las sombras de la trepada del dólar y la desaceleración aún se ciernen sobre las empresas colombianas, pero no causan un incremento en el número de solicitudes de insolvencia.

Las estadísticas más recientes de la Superintendencia de Sociedades indican que al corte de los 9 primeros meses ingresaron a procesos de reorganización empresarial 161 compañías y personas naturales más, cuando un año atrás lo hicieron 210.

Al contrario de la vieja figura del concordato, proceso que podría durar más de una década, estos procesos duran 2,3 años en promedio luego de iniciada la negociación con los acreedores, o 1,3 años tras la confirmación del mismo.

Cabe recordar que la Ley 1116 del 2006 o de insolvencia empresarial, la cual reemplazó los viejos sistemas de concurso de acreedores, tiene por objeto la protección del crédito, la recuperación y conservación de la empresa y sus activos como unidad económica y generadora de empleos, aun así conduzca a la liquidación judicial.

Aunque los procesos privados –que tras definirse son avalados por la Supersociedades y se conocen como de validación judicial– no han crecido de manera importante, pues solo representan 13,3 por ciento de los trámites. Sin embargo, van en aumento y agilizan tiempos porque se llega con acuerdos concretos a la entidad.

Igualmente, siguen siendo más los procesos solicitados por los deudores, con 94,7 por ciento, que los adelantados por los acreedores, que toman la iniciativa únicamente en 2,1 por ciento de los casos. El superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirma que el 60 por ciento de las organizaciones logran reestructurarse, y solo el 40 se liquida.

No obstante, afirma que si se compara, esta ley es más efectiva que el concordato u otras, a pesar de que las legislaciones han sido expedidas en situaciones económicas distintas.

“La Ley 550 de 1999 obedeció a la crisis sistémica en las compañías a finales de los 90, por tanto la regulación iba dirigida a contrarrestar un problema general de la economía”, explica el funcionario.

Por el contrario, según Reyes, la Ley 1116 se expidió en un periodo de buen crecimiento económico y sus principios demuestran que es eficiente.

Aunque Francisco Reyes considera que en medio de la desaceleración actual de la economía las estadísticas dan cuenta de una estabilidad en el número de peticiones de reorganizaciones, frente al 2014, e inclusive una disminución, la entidad está alerta por si ocurren y tramitarlas rápidamente.

¿Cómo van?

La venta de activos no esenciales, nuevos socios y la reducción del tamaño de la operación son parte de las estrategias de varias compañías para sacar avante los procesos de reestructuración.

Ciro Alfonso Beltrán Becerra, el promotor del acuerdo de Almacenes YEP, empresa que fue admitida en reestructuración en septiembre, dice que se encuentran en una fase temprana que consiste en la calificación de derechos en los que los acreedores presentan reclamaciones a fin de establecer los activos ciertos y que estará lista en noviembre.

Sin embargo, la normalización de créditos de la compañía solo estaría lista en un año. La empresa entró en problemas de administración y afronta dificultades por la incursión en las regiones de grandes jugadores del comercio de venta al detal.

Las causas de la insolvencia se atribuyen también a disminución de la demanda por el entorno económico, pérdida de mercado, alta carga prestacional y pensional, alto endeudamiento, altos costos o gastos operacionales de ventas, conflictos en la administración, disminución de ventas y falta de capital de trabajo.

Igualmente,  YEP está en negociaciones con una cadena de almacenes que ha manifestado interés en la operación de la empresa, y otro inversionista que ofrece arrendamiento de los locales.

Entre tanto, Kinco, según afirma su promotor, Hernando Lugo Rodríguez, está resolviendo las inquietudes de los acreedores y graduando los créditos.

“De junio a agosto tuvimos resultados según los presupuestos y tenemos buenas perspectivas para el resto del año. Continuamos trabajando en estrategias comerciales y de mercadeo con las que hemos logrado incrementar las ventas y disminuir el costo de insumos como el de la comida, gracias al desarrollo de proveedores locales”, asegura.

Ante la pregunta sobre qué incidencia están teniendo los costos de los arriendos en el sector de comidas rápidas, explica Lugo: “Consideramos que es importante volver los arriendos variables con base en la participación de las ventas. Así, en las temporadas bajas se pagaría menos y en las altas más, pero siempre guardando la proporción de la facturación para hacer que el negocio sea viable”, explica Lugo.

Por su parte, Conalvías –sociedad que atribuye su crisis económica actual a factores como pérdidas con el sector privado, contingencias con el sector público, márgenes reducidos y contratos de construcción más riesgosos para el constructor– apenas comienza el camino de ponerse de acuerdo con los acreedores.

La entrada en reorganización habría sido una condición de un grupo español interesado en adquirir la compañía.

Para cumplir los compromisos como las obras de la calle 26, Hidrosogamoso y la Ruta del Sol tramo 3, tuvo que asumir sobrecostos por 250.000 millones de pesos,  que se explican por razones que van desde litigios, retrasos en licencias ambientales y cambios en los diseños, entre otros.

Mientras que Friogán, una empresa valorada en 200.000 millones de pesos, tiene deudas con el sistema financiero por un total de 55.000 millones de pesos, fue admitida en agosto bajo la Ley 1116 del 2006.

Conciviles, empresa admitida en 2013 a reorganización, recibió este año una inyección de capital por 2.000 millones de pesos por parte de sus socios y el acuerdo de pagos fue avalado por la Superintendencia de Sociedades en enero.

La causa principal de la crisis fue, según la compañía, los sobrecostos durante la ejecución para Isagén de la Central Hidroeléctrica del río Amoyá.

Gema, compañía que elabora artículos de oficina y hogar como las grapas para cosedoras manuales y los clips Wingo, llegó ya a un convenio privado de pagos con los acreedores, que fue avalado por la Supersociedades.

ROLANDO LOZANO GARZÓN
Redacción Economía y Negocios

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