La participación política es la paz

La participación política es la paz

Se equivocan quienes pretenden que al final de la guerra haya cárcel para la cúpula de la guerrila.

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14 de octubre 2015 , 04:38 p.m.

“La guerra es la política realizada por otros medios”, frase del prusiano Clausewitz el que, para principiantes y expertos, elaboró lo que se considera el más completo tratado sobre el arte y las claves de la guerra. Allí, por supuesto, abrevan muchos los cálculos y elaboran la filigrana para alcanzar, a veces con fórmulas perversas, el anhelado escenario de la victoria y conquista, ya sea territorial en tiempos pretéritos y hoy apegados a fuentes energéticas fósiles, del poder que es razón y fin último de la política y, como dice la cita, de la política por otros medios: la guerra.

Así pues, desvestida de cualquier recubrimiento justificatorio o eufemismo, “la justicia social”, “la lucha contra la amenaza terrorista”, “el castigo a los impíos” y otros cientos de argumentos, la guerra, sea la que se hace desde la orilla de la sublevación o alzamiento contra el orden establecido (se invoca el derecho a luchar contra toda tiranía) o la que se realiza en defensa de lo establecido, legitimadas mediante aceptación de un orden jurídico que, entre otras, expresan las relaciones de poder hegemónicas en un determinado conglomerado, como lo han aseverado estudiosos, el final de la guerra hace que “la política mantenga, a través de su acción, las relaciones de dominación previamente establecidas en el campo de batalla o en ciertas condiciones y circunstancias que se puedan emparentar con la guerra”.

Guerra y política, entonces, son caras de la misma moneda. Lo corrobora, para salir de la letra de los libros, la firma del cese de toda confrontación bélica pactada con la guerrilla del M-19, por allá a finales de la década de los ochenta. En dicho acuerdo de paz, quedó plenamente establecido que el pacto firmado entre las partes (M-19 y Estado colombiano de entonces) tenía como esencia fundamental la política y su ejercicio. El robo de unas elecciones en 1970, fraude electoral al general Gustavo Rojas Pinilla perpetrado por sectores del Estado para favorecer a Misael Pastrana Borrero (papá de Andrés Pastrana Arango y del Pastrana tuitero), después de más de diecisiete años de tropel bélico, culminó con el pacto mediante el cual, en esencia, se hacía el compromiso de habilitar los escenarios necesarios y de garantías para acceder al poder sin el uso de las armas ni de la violencia. Vale decir, llegar al poder mediante la guerra por otros medios: la política. Así se pactó y en 1991, en el escenario de la Asamblea Nacional Constituyente, se diseñó el marco normativo y reglas del juego, la Constitución Política, en el que quedó plasmado, en buena parte, el legado democrático del M-19, la nueva legalidad triunfante.

En la anterior perspectiva, se equivocan quienes pretenden hacer creer que el final de la guerra que se conversa en La Habana debe tener como colofón la cárcel para la cúpula de la guerrilla. Y se equivocan, entre otras cosas, porque quienes así opinan, durante dos cuatrienios consecutivos, intentaron, sin éxito, restablecer el orden mediante el uso exclusivo de la fuerza. Por la razón que sea no fue posible la victoria. Y no fue posible, entre otras, porque la misma fuerza legítima del Estado, en el afán por alcanzar la victoria (“combinando todas los formas de lucha”), con conocimiento de causa, se desbarrancó por senderos del delito y del crimen, incluidas alianzas mafiosas. El gobierno de Santos, sin vacilación, rompió la dinámica y abrió la puerta de la salida dialogada. Las consecuencias, como se prevé, será ver en el escenario de la política a los comandantes de la guerrilla. Otros, responsables de crímenes atroces y masacres imperdonables, seguramente, tendrán condenas y cárcel.


Héctor Pineda
tikopineda@gmail.com

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