'Exparas' rasos afirman que fueron engañados con la desmovilización

'Exparas' rasos afirman que fueron engañados con la desmovilización

Dicen que les cambiaron las reglas cuando se desmovilizaron y que ahora le 'dan la espalda'.

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10 de octubre 2015 , 10:01 p.m.

Los desmovilizados rasos de las autodefensas comenzaron a denunciar que se sienten engañados con el proceso de desmovilización que acordaron con el Gobierno.

Aseguran que 10 años después de darse esa desmovilización empezaron a llegarles condenas, que van entre los 3 y los 5 años, pero que implican una inhabilidad, por lo que muchos han tenido que comenzar a dejar los puestos que tenían en entidades del sector oficial. Además, ha habido multas que superan los 500 millones de pesos.

“Cuando nos desmovilizamos nos dijeron que seríamos condenados por un delito político y que no tendríamos que pagar cárcel, pero ahora la condena es por concierto para delinquir agravado”, contó Vicky, quien estudió ingeniería y trabajaba para la Gobernación de Casanare.

Nos sentimos engañados por el Gobierno. Nos desmovilizamos con unas reglas que aceptamos, pero en el camino nos las cambiaron”, dijo Shirley, exintengrante de las Auc.

La idea inicial era que fueran condenados por un delito político, que no genera ningún tipo de inhabilidad y los liberaría de la cárcel. Esto, a la luz de la Ley 975 de 2005, que los consideraba sediciosos.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia y la Constitucional terminaron señalando que los delitos cometidos por los grupos de autodefensas no eran políticos y que las condenas deberían ser por concierto para delinquir agravado. Todos quedaron en el limbo.

Luego se aprobó el acto legislativo 01 de 2009, que descartó cualquier posibilidad de elegir a quienes hubieran colaborado con las autodefensas y además generó una serie de inhabilidades que afectaron a los desmovilizados rasos, como que no podrán acceder a cargos públicos.

Para evitar que los más de 35.000 ‘exparas’ fueran a parar a prisión, el Gobierno tramitó la Ley 1424 de 2010, la cual estableció que quienes se reintegraran, hicieran un servicio social y colaboraran con la verdad histórica tendrían como principal beneficio conservar la libertad.

Pero esas condenas, de acuerdo con los reintegrados, los están obligando a dejar los cargos públicos, les imponen restricciones para los créditos y en los antecedentes les queda la pena impuesta, lo que les dificulta conseguir empleo.

Este caso no deja de ser llamativo, pues, en principio lo acordado era que el mismo Estado apoyaría el proceso de reinserción de los ‘paras’ desmovilizados. Pero, incluso desde la misma Agencia Nacional de Reintegración (ACR), se estima que tendrán que despedir a unos 100 apenas les salga la condena.

Carlos Andrés, desmovilizado que trabaja en la Alcaldía de Medellín, dijo que con la desmovilización “hubo mucha improvisación” con las normas, y “ahora nos están dando la espalda”.

En la ACR están buscando una fórmula para evitar que esa reintegración se vea afectada, pues, de lo contrario, los 35.317 desmovilizados de las autodefensas terminarán condenados y con inhabilidad.

EL TIEMPO

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