El trago amargo de los azucareros por multa millonaria de la SIC

El trago amargo de los azucareros por multa millonaria de la SIC

E-mails que documentan operaciones hacen parte de las pruebas contra tres organizaciones del sector.

notitle
10 de octubre 2015 , 06:41 p.m.

Tras una investigación de dos años y medio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó esta semana a 12 empresas azucareras, tres organizaciones y 14 directivos del sector por impedir la importación del producto desde hace varios países.

La sanción, que sumó 324.441 millones de pesos, se convirtió entonces en la más grande que se ha aplicado desde la expedición de la ley 1340 de 2009, que endureció con 2.000 salarios mínimos (1.289 millones de pesos) la multa máxima para personas naturales que se pongan de acuerdo en prácticas restrictivas de la libre competencia y creen generación artificial de precios. (Lea: Por caso azucarero en el Valle, sector pide reglas claras al Gobierno)

La misma norma castiga además con hasta 100.000 salarios mínimos a las empresas (unos 64.435 millones de pesos).

Hasta ahora la multa más grande era una aplicada a principios de este año a la Organización Roa Florhuila y a cuatro personas naturales, por restricciones a la libre competencia, y que sumó 33.821 millones de pesos.

Las sanciones recientes cobijaron, entre otros, a la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), las organizaciones Ciamsa y Dicsa, que impidieron la importación de azúcar desde Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

La entidad dijo que “los ingenios investigados han actuado coordinadamente y se han comportado en el mercado, en algunos casos, como un bloque, eliminando la competencia que debería existir en un sector en el que participan varios jugadores con facultades para competir vigorosamente”. (Además: Bancada parlamentaria abre debate sobre sanción a los azucareros)

La decisión de la SIC generó fuertes reacciones de gremios y políticos, y varios congresistas dijeron que harán un debate con moción de censura al superintendente Pablo Felipe Robledo, dado que consideran que pone en riesgo la sostenibilidad del negocio y los empleos. “No podemos callar ante un fallo que arriesga 190.000 empleos y golpea duro a la región (Valle y Cauca, entre otros)”, dijo el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco.

Hasta contrincantes en orillas opuestas, como los senadores Álvaro Uribe, Jorge Robledo y Roy Barreras, criticaron las multas. “Así empezó Chávez: Gobierno Nacional destruye industria azucarera”, tuitió el primero. Por el contrario, otros, como la senadora Claudia López, de la Alianza Verde, dijeron que los montos de las multas se fijaron sobre bases reales. (Lea también: Millonaria multa a ingenios azucareros desata crisis en el sector)

¿Rasero justo?

Por su lado, la Andi, gremio de empresarios, emitió un comunicado según el cual, aunque la SIC asegure que las sanciones totales no superan el 7 por ciento de los ingresos operacionales anuales de los ingenios y organizaciones sancionadas, ni el 7 por ciento del patrimonio, algunos pueden ver afectado el total de sus utilidades.

Mientras que Néstor Humberto Martínez, representante de un grupo de empresas, tildó de exagerada la multa y dijo que equivale a la suma de las utilidades del negocio en 2014 ($ 147.938 millones) y a la mitad de las del 2012 ($ 259.732 millones).

Y Pablo Cáceres, abogado de Asocaña, y el presidente de este gremio, Luis Fernando Londoño, afirmaron que las importaciones nunca se obstruyeron, para lo cual se adjuntaron los registros. (Además: Multimillonaria sanción por cartelización en el sector azucarero)

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo el viernes que “para que el mercado pueda operar bien hay que estimular la libre competencia, y cuando esta no se da, todo el mundo pierde: pierden la economía, la eficiencia de la economía, la competitividad del país y los consumidores”.

Frente a los señalamientos a la SIC, el mandatario le había dicho a Robledo en julio: “Si la SIC no cumple con su deber de promover la competencia para que genere competitividad, y si se sigue permitiendo la cartelización, nunca se podrán penetrar mercados ni ser competitivos. Siga así no importa las críticas”.

Lo del viernes, algunos lo consideran otro espaldarazo al superintendente.

En detalle

La resolución con la que la SIC sanciona a ingenios, organizaciones y directivos (la 80.847 del 2015) también señala, entre otros, en sus 197 páginas que ingenios, organizaciones y personas cruzaron información y correos, y por los destinatarios se concluye que era común en los últimos años el intercambio entre presidentes y gerentes con el fin de manipular las disponibilidad del alimento.

Es así como en un correo de 2009 un directivo de Dicsa le dice a otro que en una reunión con los ingenios bolivianos se habló para que no llegará ningún gramo de azúcar importado al país.

“Les dije que si no existe un compromiso unánime no vamos en el negocio y así como ellos habían exportado 60.000 toneladas a Colombia, nosotros pensaríamos en traer la misma cantidad a Bolivia para que quedáramos en igualdad de condiciones, cosa que no les gustó pero había que mostrarles los dientes”.

Monto de multa por ley

El exsuperindustria Gustavo Valbuena dice que entre los factores que fijan el monto de una multa están la cuota de mercado, los activos o ventas involucradas en la infracción. También cuenta la reincidencia, y en el 2010 hubo sanciones por determinar el precio de la caña de azúcar.

Bajo el régimen antiguo de competencia, los procesos conducían a multas máximas de unos 1.000 millones de pesos. Las actuales, aunque son altas para pequeñas firmas, no lo son tanto para las que facturan cientos de millones de pesos.

Los otros casos por resolver

En 2013, la SIC inició investigación contra Cementos Argos y otras empresas del sector, para determinar si hubo aparente estrategia de no competencia.

También a Asosubastas y 19 empresas rematadoras de ganado por un posible acuerdo para unificar el valor de la comisión.

En 2014 se inició una investigación contra firmas por presunta participación en un aumento de los precios de pañales desechables para niños, y otras dos por los precios de los papeles suaves y los cuadernos escolares.

Este año también abrió pliego de cargos contra 8 empresas de vigilancia que habrían actuado coordinadamente para adjudicarse contratos de servicios.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.