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Se abre el capítulo de los fallos contra la Iglesia por pederastia

Corte Suprema ordenó reparación económica por abuso sexual de un sacerdote a menores en Tolima.

JUSTICIA
El trabajo espiritual y terrenal que cumplen los sacerdotes no es un ejercicio individual. Lo hacen a nombre de la Iglesia a la que pertenecen, la cual tendrá que responder civilmente “por los daños ocasionados por el ejercicio abusivo de ese ministerio”. Así lo concluyó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en un histórico fallo en el que confirmó la responsabilidad civil de la Iglesia católica, a través de la Diócesis de Líbano-Honda (Tolima), en el abuso sexual de dos niños de 7 y 8 años en el 2007 en ese municipio.
El pronunciamiento lo hizo al dejar en firme la condena de 18 años de cárcel impuesta por el Tribunal de Ibagué al sacerdote Luis Enrique Duque, quien para esa época era el párroco de la iglesia San Antonio de Padua, en Líbano, donde ocurrió el delito. Duque permanece en la cárcel Bellavista, de Medellín, desde el 2010.
La sentencia incluía el pago de 50 salarios mínimos mensuales a cada una de las víctimas, 25 salarios mínimos a cada uno de sus hermanos y 30 salarios mínimos para sus padres.
El abogado Jaime Berján, representante de las víctimas, calculó en cerca de 600 millones el pago que tendrá que hacer la Iglesia a los niños y su familia.
En 66 páginas, la Sala Civil señaló que cuando un religioso o ministro comete un delito por fuera de su ámbito eclesiástico y en el marco de su autonomía personal responderá individualmente por sus actos. Pero si se aprovecha de su posición en el seno de la organización religiosa o en ejercicio de su misión pastoral, “la Iglesia tendrá responsabilidad civil, directa y solidaria por los actos culposos o dolosos de los agentes a ella incardinados”.
Durante el proceso, la Diócesis argumentó que no existía una subordinación o dependencia directa de Duque Valencia con ese despacho y que los hechos investigados “son ajenos a la misión pastoral, principios religiosos y valores inculcados a la Iglesia católica”.
Sin embargo, los magistrados consideraron que el sacerdote desconoció su misión pastoral y los principios de la Iglesia católica, y que precisamente por eso la Diócesis debe “reparar el agravio que dicha institución, por medio de uno de sus agentes, infligió a los demandantes”.
De hecho, la Corte criticó que “contrario a las enseñanzas y valores que pregona esa organización religiosa”, no se hubiera procedido al resarcimiento de la dignidad e integridad personal y moral de las víctimas.
Asimismo señaló que los entes jurídicos obran a través de sus agentes, “por lo que los actos culposos y lesivos que estos cometen en el desempeño de sus cargos obligan directamente a la organización a la que pertenecen”. Esa misma tesis ha sido aplicada por el Consejo de Estado para condenar al Estado en casos en los que sus agentes han ocasionado daños en el marco de sus actividades y funciones.
Exhorto a pedir perdón
Para el alto tribunal la reparación de las víctimas va más allá de lo económico. Si bien no ordena otras medidas, sí mencionó la necesidad de reparar la “moral pública” y advirtió que el daño causado por la Iglesia a sus feligreses por los delitos sexuales cometidos por sus clérigos “repercute gravemente en la sociedad entera”. Por eso planteó que el Obispo de la Diócesis debería pedir perdón públicamente, brindar apoyo espiritual a las víctimas, así como adoptar medidas que garanticen la no reincidencia de esas conductas.
Sobre eso último, el papa Francisco ha sido vehemente. “Los crímenes y pecados de los abusos a menores no pueden ser mantenidos en secreto por más tiempo. Me comprometo a la celosa vigilancia de la Iglesia para proteger a los menores, y que todos los responsables rindan cuentas”, dijo en su reciente visita a EE. UU.
¿Vienen más condenas?
Cifras de la Fiscalía dan cuenta de que solo en Bogotá, y con corte a febrero pasado, se adelantaban 29 investigaciones a sacerdotes de la Iglesia católica por delitos sexuales. Además, en 2014 el ente investigador recibió 1.463 denuncias por delitos sexuales que al parecer habrían sido cometidos por representantes de diferentes credos.
El 5 de mayo del 2010, el sacerdote Luis Enrique Duque Valencia fue capturado por la Policía por el abuso sexual de dos menores.
Expertos señalan que este fallo abre la puerta para que la Iglesia católica sea condenada en otros casos de pederastia, aunque señalan que cada caso tendría que ser analizado individualmente. El exmagistrado del Consejo de Estado Ramiro Saavedra citó como ejemplo los procesos en EE. UU., donde las Diócesis “han tenido que pagar mucho dinero y llegar a acuerdos con las víctimas”.
‘Condena a la Iglesia es una ofensa’
Al cierre de esta edición, la Iglesia católica en Colombia no había expresado formalmente su posición frente al fallo de la Corte. Sin embargo, en la mañana, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Augusto Castro, en declaraciones a la radio, dijo que era una ofensa para la Iglesia que la condenaran por un hecho individual.
El prelado reconoció que no había sido notificado de la sentencia, pero cuestionó la culpabilidad de la Iglesia. “Uno no entiende cómo, por un acto individual, totalmente contrario a lo que pide y enseña la Iglesia, después se le condene (...). Por ejemplo, en el campo de la educación, cuántos profesores no pudieron estar implicados en esto y jamás se ha dicho que queda castigado el Ministerio de Educación o el Gobierno”, insistió.
Dijo no tener presentes casos recientes de pederastia en el país. “Creo que ha habido en el pasado algunos, pero son muy excepcionales como para decir que la Iglesia católica es (responsable). Esto, sencillamente, es una ofensa a la Iglesia”, subrayó.
Tras el pedido de perdón del papa Francisco a las víctimas de abuso sexual por miembros del clero, el cardenal Rubén Salazar aseguró que en el país los casos se podían contar con los dedos de la mano.
La historia de la familia víctima del sacerdote
La familia de los niños que sufrieron el abuso dice que ha sido víctima dos veces. Primero, cuando llegó al Líbano (Tolima) como desplazada y luego por lo que les ocurrió a los pequeños. Fue en el Líbano donde conocieron al sacerdote Luis Enrique Duque, quien los recibió con la advertencia de que solo podía darles la mano cuidando a los dos hijos mayores, que entonces tenían 7 y 8 años. Duque fue capturado el 5 de mayo del 2010 y condenado por acceso carnal en menor de edad. Las víctimas fueron los dos niños de la familia Muñoz.
“Hagamos una cosa, déjeme al niño grandecito esta semana. El sábado viene por él y me trae al pequeño”, les propuso el párroco en ese entonces a los padres de los menores.
Ellos creyeron en la benevolencia del sacerdote porque les garantizaría comida a sus hijos, les enseñaría a leer y a escribir, y los convertiría “en buenas personas”.
Después, el padre de los menores empezó a sospechar de que algo andaba mal. Fue un día que llegó a recoger al mayor, que ya llevaba 12 días con el sacerdote, y lo vio mal.
Lo que vino de ahí en adelante fue la sórdida confesión de los abusos sexuales del sacerdote. Los relatos de los niños. que quedaron registrados en la Fiscalía y en Medicina Legal en junio del 2007, dieron origen a la primera detención del padre Duque, dos meses más tarde. “Nos metía a su cama, nos manoseaba y acariciaba; nos hacía muchas cosas”, contaron los niños.
El sacerdote fue llevado a una casa fiscal de la cárcel Picaleña, en Ibagué, de donde salió en libertad condicional a comienzos del 2008 por vencimiento de términos. Meses más tarde, cuando su caso fue retomado y la justicia lo condenó a 18 años y cuatro meses de cárcel, huyó.
Su superior inmediato en ese entonces, el obispo José Miguel Gómez, de la Diócesis Líbano-Honda, reconoció estar enterado, pero aclaró que su jurisdicción se limita a la Diócesis y que no tiene que ver con lo que sucede en Ibagué.
El 5 de mayo del 2010, dos años después de haberse fugado, Duque fue capturado en El Santuario (Antioquia), su tierra natal, y trasladado a la cárcel Bellavista, en Medellín, donde hoy permanece.
La familia Muñoz, que hace ya un tiempo vive en Soacha, a donde llegó precisamente para alejar a los niños del matoneo en el Líbano, supo ayer del fallo y dijo considerarlo justo.
Multas por pederastia eclesial
500 casos en Boston. En septiembre del 2003, la Arquidiócesis de Boston aceptó pagar 85 millones de dólares para terminar con más de 500 demandas en su contra presentadas por presuntas víctimas de abusos sexuales.
Según los abogados de los 542 querellantes, el acuerdo aseguró a cada víctima un pago de entre 80.000 y 300.000 dólares, dependiendo de la severidad y duración del abuso.
Víctimas en Vermont. En mayo del 2010, la Arquidiócesis de Burlington, en el estado de Vermont, aceptó pagar 17,65 millones de dólares a 26 víctimas de agresiones sexuales, así como sumas cuyo monto no fue precisado por otros tres casos. La mayoría de los casos en cuestión databan de los años 70 y ponían en causa a dos curas. Para pagar la factura, la diócesis puso en venta el edificio de sus servicios administrativos en Burlington y un campo de ocio de 10,5 hectáreas a orillas del lago Champlain. Además, hipotecó otros bienes, según indicó el obispo local.
Arreglo en Los Ángeles. En marzo del 2013, la arquidiócesis de Los Ángeles aceptó pagar cerca de diez millones de dólares con el fin de evitar llevar a los tribunales cuatro casos de pederastia que implicaban al cura Michael Baker, quien abusó sexualmente de forma repetida de cuatro menores en los años 70. Aunque Baker admitió los abusos en 1986, sus superiores le permitieron seguir ejerciendo como sacerdote.
Multa en Francia. La justicia francesa condenó en diciembre del 2011 al sacerdote Pierre Etienne Albert, de 60 años, a cinco años de cárcel por actos de pedofilia cometidos contra 38 niños durante varios años. El sacerdote tuvo que pagar una multa de entre 1.000 a 5.000 euros por daños y perjuicios a varios demandantes.
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