Enredos políticos y económicos

Enredos políticos y económicos

Se ha desatado una ruidosa polémica en torno del Acuerdo para la Justicia Transicional.

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07 de octubre 2015 , 05:14 p.m.

A propósito del Acuerdo para la Justicia Transicional, suscrito en La Habana con bombos y platillos por el Presidente de la República de Colombia y el jefe superior de las Farc, en presencia del presidente de Cuba, Raúl Castro, se ha desatado ruidosa polémica en torno de la extensión y los reales o presuntos equívocos de su contenido. Por habérsele presentado como el summum de la concordia y del acierto jurídico, aparentemente definitivo, no se advirtió que se trataba del comunicado conjunto de las partes sobre un convenio más amplio y detallado de 75 puntos. Por cuya publicación completa en la actualidad airadamente se aboga.

Así debimos asistir a lo que se podría calificar como una comedia criolla de equivocaciones, a la que habría de poner fin el Jefe del Estado con la declaración categórica de su negativa a revelar el texto completo mientras no se precisen y aclararen ciertos aspectos. Ya las Farc habían revelado que el jefe de la delegación gubernamental, doctor Humberto de la Calle, al estampar su firma, se cuidó de añadirle las palabras sugestivas de “en desarrollo”.

Eso lo dice todo, pero se guardó en estricta reserva mientras se propagaba en todos los foros, nacionales e internacionales, la idea de que se estaba frente a un documento cabal reflejo del concierto de voluntades. En el fondo subsistía la discrepancia. Aunque no se removiera la premisa original de que no habría acuerdos parciales en firme mientras todo no estuviera acordado.

Para incrementar el desconcierto, se echó a rodar la especie de que el Tribunal, ahí creado, tendría, entre otras muchas, la función de investigar y sancionar a los expresidentes de la República por razón de sus desempeños en el ejercicio de sus respectivos mandatos. A semejante especie se le cerró, de entrada, la puerta por absurda e inconstitucional.

Pero otra subsistió: la de acusar a uno de ellos por el desempeño anterior del cargo de gobernador departamental. Ni más ni menos al expresidente Álvaro Uribe por haber gobernado, años atrás, en su cuna antioqueña. A tanto exceso, como en este caso del Fiscal General de la Nación, no es lícito llegar. La discordia debiera tener límites intraspasables, siquiera en las altas esferas públicas.

Costo de la vida

La difusión oficial del ritmo de aumento del costo de la vida ha causado inexplicable sorpresa entre quienes no lo hayan experimentado en cosas de comer, no pocas con alto contenido importado. No parecen haber advertido los pasos acelerados de una rápida y profunda devaluación de la moneda colombiana, dejada a merced de las contingencias del mercado, sin el menor propósito de moderarla o escalonarla. Sobre el nivel de inflación habría de influir en forma casi inmediata y, por tanto, sobre sus precios. Los de rubros enteros agropecuarios habrían de depender por su materia prima o, indirectamente, por sus insumos en la producción de alimentos.

No en vano el de los alimentos es el sector con mayor peso en el costo de la vida. Entre otras cosas, porque muchos cultivos se abandonaron y los consumos nacionales pasaron a depender de las importaciones o a competir con productos extranjeros. No se olvide que la revaluación y la apertura hacia adentro provocaron estragos duraderos en la estructura productiva, tras el desmonte de todos los organismos de asistencia técnica y financiera a trueque de empréstitos externos para otros fines.

Producir bienes de consumo acabó siendo actividad, si no perseguida, abandonada a su suerte adversa, mientras los artículos vedados se abrían paso por su peculiar magnetismo o su rendimiento. Indirectamente se cortejó lo más rentable y se desprotegió lo esencial para la subsistencia de los compatriotas. A la vista tenemos sus consecuencias.

Abdón Espinosa Valderrama

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