Las trampas de la mafia que operaba con subsidios de chatarrización

Las trampas de la mafia que operaba con subsidios de chatarrización

Una de las modalidades era el falso robo. Delincuentes obtenían subsidios de hasta $ 80 millones.

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06 de octubre 2015 , 09:12 p.m.

Denuncias de hurto de celulares o de joyas usadas para documentar el supuesto robo de un tractocamión. Vehículos incautados por la Fiscalía que a pesar de permanecer en custodia terminaron en procesos de chatarrización. Reportes de accidentes en los que vehículos de carga supuestamente quedaron destruidos tras volcarse, usualmente, por un microsueño del conductor o un animal en la vía. (Vea también la infografía: Falso robo, entre las modalidades de estafa)

La lista hace parte de las trampas más comunes que las mafias utilizan para engañar al Ministerio de Transporte y obtener los subsidios que van desde los 35 hasta los 82 millones de pesos por cada vehículo de carga viejo o siniestrado que salga de rodamiento.

En los últimos dos meses, entre agosto y septiembre, la Policía y la Fiscalía capturaron a 31 personas señaladas de pertenecer a tres organizaciones dedicadas a falsificar documentos y ‘montar’ vehículos inexistentes para cobrar el llamado “reconocimiento económico por desintegración física total” de estos vehículos. O también, para ganar un cupo de reposición del automotor.

Consultado por EL TIEMPO, el Ministerio de Transporte reconoció que las trampas para chatarrizar vehículos de carga pesada son una vena rota para esa cartera. Por eso, han pedido a la Fiscalía y a la Policía investigar 438 trámites de chatarrización en los que se tiene información de que ha habido fraude en complicidad de funcionarios tanto del Ministerio como de organismos de tránsito locales.

Eso ha llevado a la captura de 58 personas desde el 2014, entre los que están cuatro funcionarios del Ministerio de Transporte, un exdirector de Tránsito del municipio Carmen de Bolívar (Bolívar) y las cabezas de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) en el Valle del Cauca.

La Fiscalía dice que operaban desde Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

¿Cómo es el fraude?

Las investigaciones dan cuenta de que estas redes tienen contactos en secretarías de Tránsito en las principales ciudades, de donde logran sacar información. El fraude lo consolidan a través de organismos de tránsito en pequeñas poblaciones. En los expedientes de la Dijín, la Policía de Tránsito y la Fiscalía aparecen que los organismos de tránsito locales donde más ocurren estos fraudes son La Apartada (Córdoba); La Paz (Cesar); Sabanagrande (Atlántico), Armero-Guayabal (Tolima); Hato Nuevo (La Guajira), y Carmen de Bolívar y Turbaco (Bolívar).

Desde allí modifican la información de vehículos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

La Policía explica que existen dos formas de acceder al beneficio del Ministerio de Transporte. La primera es documentando que el vehículo suma más de 30 años en servicio. Y la otra por reposición, ya sea por hurto o siniestro.

Una de las seis bandas desarticuladas por las autoridades este año se había especializado en documentar falsos robos de camiones modelos 1954 a 1980.

Para eso, de acuerdo con en el expediente, utilizaron denuncias de hurto de motos, de joyas y celulares que fueron modificadas. “De la red hacían parte personas que suplantaban a los propietarios realizando falsas cesiones de derechos para que otros hicieran la gestión”, se lee en un documento de la Fiscalía.

El proceso era avalado por un corregidor de un municipio en la Costa. Eso le permitía al falso propietario y víctima de hurto no solo acceder a la reposición del cupo para reemplazar el camión matriculado, sino también obtener el subsidio. En esos casos, era de 35 millones de pesos para, supuestamente, comprar un nuevo automotor.

En los procesos también hay investigaciones a policías en el Valle del Cauca y a agentes civiles de tránsito. Su rol, señala la misma Policía, era clave en la modalidad de estafa con falso siniestro.

La Dirección de Tránsito de la Policía y la Dijín, que investigan a al menos otras cinco estructuras ilegales, detectaron que en los reportes de esos accidentes siempre ocurrían en los mismos sitios y con las mimas causas: el conductor se quedó dormido o en el camino se atravesó una vaca que llevó al camión a volcarse.

Aunque el Ministerio de Transporte exige ahora que en los trámites por accidente se presenten las latas, estas redes están conectadas con otras organizaciones que se encargan de conseguir la supuesta prueba.

Las mafias incluso han llegado a montar vehículos que supuestamente son desintegrados, cuando en realidad son solo carcasa.

El Ministerio de Transporte ha enviado a la Fiscalía videos en los que ese proceso de desintegración, que por norma debe ser grabado, sería irregular.

Plan era para descontaminar

Estas organizaciones ilegales comenzaron su actuar delictivo desde la puesta en marcha del programa para la reposición y renovación del parque automotor de carga, fijado como un plan estratégico hasta el 2018.

El objetivo de la norma era “renovar el parque automotor y reducir la contaminación, la accidentalidad, entre otros”. Pero las redes, con la ayuda de funcionarios públicos, encontraron que podía sacar provecho de la nueva política.

“A pesar de las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, el ritmo de salida de vehículos obsoletos y depreciados físicamente no ha sido suficiente para alcanzar la renovación total del parque automotor de transporte de carga, debido al fraude que se está cometiendo por personas dedicadas a cobrar subsidios en forma ilícita”, se lee en un documento de la Fiscalía.

Cifras del Ministerio de Transporte arrojan que el año pasado se pagaron 37.360 millones de pesos por la salida de 2.800 vehículos. Y este año, estudian la postulación de 2.695 automotores.

Oficinas de tránsito en la Costa, en la mira

En las secretarías de Tránsito creadas por concejales y diputados es donde despega la red que se dedica a la falsificación de papeles para cobrar subsidios al Ministerio de Transporte.

Por medio de un vocero, esa cartera detalló cómo con la Fiscalía y la Policía han detectado ese fraude.

¿En dónde radica la modalidad fraudulenta a través de la chatarrización?

Todo arranca en la creación de falsas carpetas, que son armadas en oficinas de tránsito municipales, con las que montan falsos accidentes, por ejemplo, para obtener licencias para la desintegración de vehículos. En muchos de los casos se inventan robos de carros, pero luego aparecen los verdaderos dueños.

¿Hay funcionarios de tránsito involucrados en este fraude?

Existe un cartel de tramitadores y de organismos de plagio. Esto no ocurriría si los organismos de tránsito fueran rigurosos en los traslados de las carpetas. Son esos funcionarios sin ética, metidos en esos organismos de tránsito, los que conforman grupos delincuenciales que se prestan para construir carpetas falsas. La Fiscalía y la Policía trabajan en detectarlos.

¿Cuáles son esos municipios en donde se originan estas irregularidades?

Se encuentran La Apartada (Córdoba), Sabanagrande (Atlántico), Armero y Guayabal (Tolima); Carmen de Bolívar y Turbaco (Bolívar) y Hatonuevo (La Guajira). Tenemos identificados estos organismos de tránsito, que se crearon casi que para construir esta cadena delictiva.

¿Qué tipo de organismos?

Son de carácter territorial, creados por los concejos municipales o por asambleas departamentales.

¿Son estas oficinas las que avalan los subsidios?

El pago lo realiza directamente el Ministerio de Transporte, luego de avalar la información a través del sistema Runt. Y como estos organismos municipales son los que alimentan la información, pueden manipularla e incluir datos totalmente falsos.

¿Cuáles han sido los casos más aberrantes de fraude?

Ha existido casos de vehículos que están en los patios de la Fiscalía, bajo medida cautelar por delitos como narcotráfico, a los que les han ‘robado’ la identidad del automotor. Esos datos los regraban sobre otro motor de un camión diferente, que pintan y ponen placas falsas. En general, los hacen pasar con información que no corresponde para el proceso de desintegración.

¿Qué medidas han tomado?

Antes, solo se pedían documentos como prueba, entonces el ciudadano decía que su carro se había accidentado y se pedían los pormenores de ese accidente. Sin embargo, cuando se hacía el estudio se llegó a determinar que a la misma hora y en el mismo sitio se accidentaban varios carros de carga pesada. Casos en que los eran reportados como robados, pero cuando se confrontaba la información, se detectaba que la denuncia o noticia criminal correspondía a la del hurto de un celular, por ejemplo.

Ahora, por ejemplo, se exige el video de la desintegración del vehículo, o se exigen las latas en caso de siniestro. Se han venido implementando mecanismos que le van cerrando las puertas a la delincuencia, pero en la medida en que estos organismos de tránsito del orden territorial se presten para hacer todo esto, seguirá el problema radicando allí.

¿Cómo se establece el monto del pago de estos subsidios?

Existen varios programas. El ciudadano que busca desintegrar el vehículo y se quiere ir del mercado es el que recibe el subsidio más alto, que podría ser de hasta 82 millones de pesos. Está la otra alternativa, la persona desintegra el carro y quiere seguir en el mercado. Esta persona tiene derecho a 35 millones de pesos y el derecho a reponer su vehículo.

¿Cuánto pierde el Ministerio por causa de eso?

Es difícil cuantificar eso. Existen muchos casos en investigación.

JUSTICIA

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