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Las ciudades deben involucrarse en el posconflicto

Alcaldes y expertos compartieron experiencias de desarrollo de las urbes en torno a la paz.

BOGOTÁ
Las ciudades grandes y pequeñas del país son las que con mayor rigor han recibido el impacto de la guerra que viven los colombianos. Solo en 24 de ellas se concentra el 50 por ciento de la población desplazada por el conflicto, esto es, más de 3,5 millones de personas, casi la mitad de la población de Bogotá.
La advertencia la hizo el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, durante el foro ‘Ciudades y lecciones, una agenda para el posconflicto’, que se llevó a cabo ayer en el ‘Tercer foro urbano nacional’, promovido por ONU Hábitat, EL TIEMPO, Portafolio, el Fondo Nacional del Ahorro y la fundación Mario Santo Domingo.
“Colombia ha sufrido mucho –añadió Gaviria–. Esos 7,5 millones de víctimas de desplazamiento las han provocado 6.200 personas, que es lo que tienen las Farc. Si logramos cerrar el conflicto, logramos cerrar el desplazamiento”.
De ahí la urgencia de que los entornos urbanos empiecen a mirar estrategias para un posible escenario sin guerra y cómo esto impactará la dinámica de las ciudades.
Para el Gobierno Nacional, la apuesta que se está haciendo en infraestructura y que compromete recursos superiores a los 60 billones de pesos en las próximas décadas va en esa dirección, pues permitirá generar empleo y dinamizar las economías locales, particularmente en materia de vías, vivienda, puertos y aeropuertos.
“Un impulso en la construcción significa reconstruir tejido social (...). Tres de cuatro personas viven en las ciudades”, advirtió, por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al instalar el evento y señalar que el país requiere soluciones inclusivas que permitan disminuir la pobreza y generar equidad.
Una tarea que no será fácil, a juicio del director del Instituto de Estudios Urbanos, Carlos Patiño. “El conflicto urbano difiere en segmentación y requiere unas políticas diferentes”, asegura. Según el académico, un fenómeno que hay que mirar con atención, por ejemplo, es el fenómeno de la extorsión, que tiene capturado al 90 por ciento del pequeño comercio.
Para el empresario Gonzalo Velásquez, de la fundación Orbis, lo más importante es “sacar al país de la polarización”, y en ese sentido hay ciudades como Villavicencio que ya dan ejemplo con la convivencia entre excombatientes en un mismo barrio.
El foro permitió conocer las experiencias de varios alcaldes que en menos de tres meses dejarán sus cargos. Ellos relataron los desafíos que debieron afrontar en aras de que sus comunidades apoyaran propuestas de gobierno que bien pueden convertirse en las semillas que florezcan en un país en paz.
“Más que obras lo que hice fue generar consciencia y crear confianza entre la gente –contó Zulia Mena, alcaldesa de Quibdó–. Les hicimos un seguimiento a las metas del plan de desarrollo y ya se siente la dinámica de los trabajos”.
Por su parte, el alcalde de Valledupar, Fredy Socarrás, contó cómo tuvo que sanear las arcas municipales y luego blindarlas para que los recursos no terminaran en manos de unos pocos. Así, el municipio pasó de recaudar 54.000 millones de pesos a 115.000 millones. “Es que el buen gobierno arranca desde la campaña, sin tener que hipotecarse”, expresó el mandatario.
El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, sorprendió al auditorio con los logros obtenidos a través del aprovechamiento del talento joven para crear puestos de trabajo en el área de nuevas tecnologías. De esa manera, consiguió reducir el desempleo de 21 a 9 por ciento.
“Esto ha sido un logro de varias administraciones y del trabajo decidido entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía”, expresó.
Uno de los datos que más llamó la atención fue la creación de 39 centros de innovación en distintos lugares de la capital caldense en donde antes operaban sitios tipo café internet.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, hizo un llamado a los mandatarios para que piensen en la mejor forma de planear el futuro de sus comarcas, pues varias de ellas podrían crecer hasta en un 50 por ciento y, por tanto, deben estar preparadas.
Henao destacó la inversión en infraestructura que adelanta el país y dijo que el impacto de las mismas se sentirá en las ciudades. Puso como ejemplo las obras que se ejecutan para la navegabilidad del río Magdalena y el beneficio que traerá para ciudades como Santa Marta, Valledupar, Tunja o Manizales.
Por lo mismo, llamó la atención por la “falta de diálogo” que persiste entre las ciudades para superar diferencias y construir proyectos conjuntos. “Las ciudades que no piensan en el ciudadano están destinadas a perder”, dijo.
Entre las conclusiones del foro, sus organizadores destacaron la necesidad de fortalecer la confianza y cohesión social, mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos, un mayor compromiso con el medioambiente y la generación de espacio público “como elemento central para la recuperación de las ciudades y la cohesión social”, una proclama que exhibe ONU Hábitat.
Planes de ordenamiento, parte de la solución
El país tiene una oportunidad de oro para reinventarse. No solo está la proximidad de la firma de los acuerdos del Gobierno Nacional con las Farc y la llegada de nuevos alcaldes, sino que el 83 por ciento de ellos tendrán que crear y poner en marcha los planes de ordenamiento territorial (POT).
El director de Planeación Nacional (DNP), Simón Gaviria, pidió aprovechar este momento que permite tantos cambios al tiempo. “Si no lo hacemos, tendremos que esperar al menos 12 años para cambiar nuestros planes”, señaló.
Gaviria criticó que los POT de las ciudades no sean herramientas para planear las finanzas de la ciudad ni dialoguen con los planes de desarrollo de los gobiernos locales.
Ante esta oportunidad y los errores cometidos en el pasado, Gaviria mencionó la creación de una norma de ordenamiento territorial, próxima a ser expedida, que genere lineamientos para los entes territoriales y a la vez los lleve a dar continuidad a los programas que funcionan, para que los intereses de cada programa de gobierno no comprometan la visión de futuro de las ciudades.
“Hoy no tenemos certeza jurídica en materia de ordenamiento territorial. Si seguimos así, vamos a tener dificultad materializando el futuro de las urbes”, insistió.
El director del DNP hizo además énfasis en dos grandes retos. En primer lugar, los POT deben dejar de concebirse como guías para el desarrollo de las ciudades en solitario, y así dar paso a planes de aglomeración, que permitan la integración y el aprovechamiento de las industrias, infraestructuras y sectores productivos de cada ciudad, con miras al crecimiento de las regiones.
Las líneas imaginarias entre los municipios, la gente no las respeta: viven en un lado y trabajan en el otro. Colombia se desarrolló de manera aislada con urbes poco interconectadas, pero hay que verlas como aglomeraciones y entenderlas como sistemas o como ecosistemas de ciudades que se complementan”, agregó.
Es una filigrana delicada: pensar en planes de corte regional, que articulen a varios alcaldes y planes, pero al tiempo enfrentar problemas locales, como la falta de alcantarillado y servicios públicos, colegios, espacio público y equipamientos de salud. Escoger prioridades y armonizar.
Por otro lado, y pese a que el 61 por ciento de la población del país ya vive en centros urbanos, Gaviria resaltó la importancia de reconocer lo rural, el campo en las ciudades.
Los planes de ordenamiento suelen ignorar la ganadería y la ruralidad: solo el 3 % del campo está planeado y el 66 % no existe en los planos cartográficos de los POT”, diagnosticó.
De hecho, esto ha influido en que el 60 por ciento de los planes hayan definido inadecuadamente sus límites urbanos. “Una de las principales fuentes de corrupción son las decisiones sobre los POT”, concluyó.
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