Liquidación de Caprecom, un paso necesario

Liquidación de Caprecom, un paso necesario

Fue preferible acabar con esta EPS que seguir con el desangre y el trato indigno a sus afiliados.

06 de octubre 2015 , 07:10 p.m.

Después de muchos años de especulaciones, el Gobierno anunció que se dará el lapo de liquidar a la EPS pública Caprecom, por encima de críticos de distintos sectores que abogaban por mantener viva esta entidad, no obstante su inviabilidad financiera y su pronóstico indefendible.

Nadie dice que la decisión o su ejecución sean sencillas. Por su carácter estatal, esta institución, que debió ser ejemplo de eficiencia y el regulador por antonomasia del sistema de salud, acabó siendo la peor deudora del sector y un foco de corrupción y mala calidad, y aun así era la única alternativa de aseguramiento para millones de colombianos necesitados.

En efecto, sus tres millones de afiliados se cuentan entre los más pobres y vulnerables del país; de hecho, buena parte de ellos viven en zonas remotas y apartadas, donde Caprecom es la única EPS que, mal o bien, hace presencia.

Esta condición, que tuvo que haber sido el caballo de batalla para buscar su crecimiento y consolidación, era la excusa de políticos y corruptos para frenar intervenciones, saneamientos, mejoras y, por supuesto, intentos de liquidarla. De este modo lograron convertirla, en muchas regiones, en botines burocráticos intocables. Quien pretendiera hacerlo pagaba siempre un precio muy alto.

Ello explica por qué su situación tocó fondo. Sus deudas con los hospitales y clínicas de la nación bordean los 2,5 billones de pesos, pero su capacidad de pago apenas le alcanza para cubrir la mitad; tiene pérdidas acumuladas cercanas a 1 billón de pesos, un patrimonio negativo de 770.000 millones de pesos y sus activos constituyen la mitad de todos sus pasivos.

No es el único frente clave en el que falla: en el escalafón de EPS elaborado por el Ministerio de Salud, para medir la calidad de la prestación de los servicios a los usuarios, aparece como la peor calificada. Solo el año pasado sus afiliados presentaron 11.000 quejas contra ella, 86 por ciento de las cuales obedecieron a reclamos por restricción de los servicios.

Por estas razones, y más allá de la tormenta política que representa para el Gobierno, la EPS se liquida. El Ministerio de Hacienda autorizó un cupo de endeudamiento, por 3,4 billones de pesos, para pagar sus deudas y costear el proceso.

Que los colombianos tengan que pagar, a través del erario, las consecuencias de la mala gestión y la corrupción en una entidad es un hecho antipático y antidemocrático, pero para el Estado resulta más conveniente eso que seguir permitiendo el desangre y, sobre todo, el trato indigno a sus afiliados.

Que quede claro que el Gobierno no puede equivocarse en el trámite. Tiene la obligación de lograr que sea expedito, digno y transparente con los usuarios y sus 1.800 trabajadores, que también cargan, injustamente, con el fardo de estos desmanes. Lo mandado es que unos y otros terminen, al final del remezón que se avecina, mejor ubicados que ahora. Se vale la audacia en este caso.

La impunidad tampoco puede ser una opción. La liquidación tiene que activar, con toda la fuerza, las pesquisas que correspondan para dar con los responsables de los desfalcos y tratar de recuperar, así sea en parte, los recursos desviados y perdidos. El país, el Gobierno, el sistema de salud y sus afiliados se juegan su dignidad en este proceso. Fracasar es simplemente inadmisible.

editorial@eltiempo.com

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