Dictamen de Medicina Legal, clave en decisión sobre Álvaro Cruz

Dictamen de Medicina Legal, clave en decisión sobre Álvaro Cruz

Defensa de exgobernador de Cundinamarca argumentó que padece de graves problemas de salud.

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04 de octubre 2015 , 10:03 p.m.

Este martes, sobre las 2 p. m., la juez 71 penal de control de garantías de Bogotá definirá si envía o no a prisión al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz.

En la audiencia del sábado en el complejo de Paloquemao, el exmandatario se mostró derrumbado ante las pruebas que la Fiscalía sustentó sobre el plan corrupto con el que intentó, junto con su esposa y el procurador Hernán Jovel Muñoz, afectar el proceso.

El ente investigador reveló audios e interrogatorios, incluso uno realizado al vicefiscal general, que darían cuenta de los pagos que habría hecho para intentar frenar el ritmo de las investigaciones en su contra en la Fiscalía.

Según documentó el fiscal del caso, Cruz y su esposa pagaron 2.000 millones de pesos, de los cuales 300 fueron entregados a un abogado que terminó contándole el entramado a la Fiscalía. El resto del dinero, de acuerdo con el expediente, se lo habría apropiado el procurador, quien fue capturado y no aceptó cargos en la diligencia.

El procurador Jovel Muñoz, de 35 años, se desempeñaba en el Ministerio Público como delegado judicial administrativo 84 ante jueces del Circuito. En los registros aparece que estaba en el escalafón uno y que ingresó a la Procuraduría hace unos cinco años.

No se descarta que, al no aceptar cargos, busque una negociación con la Fiscalía. Estrategia que ya quedó cerrada en el caso de Cruz, pues el acto de corrupción anuló el preacuerdo que había alcanzado en el proceso que el ente investigador le sigue por su presunta participación en el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá.

La defensa de Cruz pidió que el exmandatario, quien sí aceptó todos los cargos, no sea enviado a prisión por su estado de salud. Señaló que tiene problemas en los discos de la columna, dificultades gástricas, entre otros.

La Fiscalía solicitó a Medicina Legal realizar una valoración médica, que será clave en la decisión que adopte la juez sobre si envía o no a prisión al exgobernador.

En su contra pesa el intento de afectar el proceso, así como el haber sido un servidor público de elección popular, lo que se considera un agravante.

EL TIEMPO

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