Pelea en Fiscalía por arriendo millonario de sede en Bogotá

Pelea en Fiscalía por arriendo millonario de sede en Bogotá

Trasladaron a director de seccional luego de advertir que predio de 2 mil millones era innecesario.

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03 de octubre 2015 , 09:22 p.m.

Carlos Manuel Silva Vargas es un fiscal reconocido entre funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá por el trabajo que desempeñó en la Unidad Anticorrupción. Esos resultados le sirvieron para ascender, hace un año, a director seccional de Cundinamarca.

Sin embargo, a Silva le acaban de notificar que fue trasladado a Arauca por necesidades del servicio, una decisión que sorprendió a muchos.

Funcionarios de la seccional le aseguraron a EL TIEMPO que su traslado coincidió con el cruce de cartas que sostuvo con Marcela Yepes, directora administrativa de la Fiscalía, por el alquiler de un edificio, en la zona industrial de Montevideo, occidente de Bogotá, que ni siquiera está construido y que le costará a la entidad 2.880 millones de pesos al año.

En efecto, el 3 de marzo, Silva advirtió que el canon del edificio, de propiedad de Inversiones Behe, S. A. S., incrementa un 150 por ciento el precio que hoy se paga por las oficinas de la seccional.

En los momentos actuales de austeridad del gasto público, debe entrar a considerarse que, de concretarse este proyecto, se estarían incrementando costos”, dice Silva en su carta.

Y agrega que si bien el metraje ofrecido duplica al actual, no se observa que se haya destinado un espacio para zonas clave como la sala telemática y otro para la subdirección de atención de víctimas y usuarios.

Al respecto, María Lucía Gómez, representante de Inversiones Behe, le dijo a la Fiscalía, en enero, que “el inmueble cuenta con un área construida de aproximadamente 7.500 metros cuadrados (...) con tres pisos y un sótano”.

EL TIEMPO fue al lugar, ubicado en la calle 17 A con carrera 69 D, y comprobó que del edificio apenas están los cimientos, por eso no se entiende el argumento de que el proyecto, bautizado Montevideo, es urgente para unificar la seccional Cundinamarca, dispersa en cuatro predios.

Según el cronograma, el edificio estaría listo en febrero del 2016, pero fuentes de la entidad le aseguraron a reporteros de este diario que no es claro que alcancen a tenerlo listo. Además, que tiene que ser sometido a una evaluación técnica, otra de seguridad y una más de riesgos laborales.

Traslado, en firme

EL TIEMPO buscó a la directora administrativa de la Fiscalía, Marcela Yepes, y esta aseguró que el traslado de Silva ya es una decisión tomada pero que no está relacionada con sus objeciones sobre el proyecto Montevideo.

“Sé que el doctor Silva está bien calificado como fiscal y que es eficiente. Pero su envío a Arauca no tiene que ver con mi área. Y a él se le explicó, en carta y personalmente, que es necesario rentar el nuevo edificio mientras se construye un nuevo búnker”, le explicó Yepes a este diario.

También dijo que se hicieron estudios de mercado, que no hay sobrecosto alguno y que, por ahora, solo hay una nota de intención con Inversiones Behe.

Además, dijo que no habrá un contrato a largo plazo con ellos: “Será anual y en el momento que decidamos, se cancelará sin problemas”, advirtió Yepes.

Y puntualizó que los constructores deben cumplir con varias exigencias arquitectónicas y técnicas.

“Vamos a tomar en arrendamiento ese edificio solo si cumple con las características exigidas para que operen allí 250 funcionarios. Debe pasar la evaluación de peritos, tener un sistema de conexión de comunicaciones y condiciones de seguridad. No cancelaremos un solo metro cuadrado que no requiera la entidad”, explicó Yepes.

Y dijo que su uso será temporal, pues la Fiscalía planea construir un segundo búnker, o nivel central, en el viejo edificio del DAS, ubicado en Paloquemao.

“Estamos comprando unos locales alrededor y vamos a tumbar el edificio del DAS. El proyecto está inscrito en Planeación Nacional, en la etapa de regularización y manejo”, reveló Yepes.

El proyecto del nuevo búnker podría costar más de 300.000 millones de pesos, según cuentas de la propia entidad.

Sin embargo, no tiene fondos para costear la megaconstrucción a pesar de que recibe la mitad del presupuesto de la justicia: 2,8 billones de pesos.

Por eso, quedará sujeta a decisiones de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda, a quienes piensan convencer bajo el argumento de que en Paloquemao quedarían 60 de las 65 sedes que la Fiscalía tiene dispersas por Bogotá, la mayoría en arriendo o en viejos edificios en comodato. Por 33 de esas sedes se pagan anualmente 115.000 millones de pesos entre arriendos, gastos administrativos, servicios y costos de mantenimiento.

En ese listado está la primera sede de la Fiscalía que queda a un costado del parque Nacional de Bogotá, una casa por la que pagan 12 millones de pesos al mes, pero que será entregada el 31 de diciembre porque los propietarios anunciaron que el canon quedará en 48 millones de pesos.

EL TIEMPO buscó al fiscal Silva para conocer su versión sobre su traslado, pero en la entidad advirtieron que es una decisión tomada y que la vocera para hablar sobre el proyecto Montevideo es Marcela Yepes. Sin embargo, allegados a Silva aseguran que estaría buscando reversar la decisión de su traslado a la calurosa Arauca.

Demolerán edificio del DAS

En el 2011, el antiguo edificio del DAS pasó a manos de la Fiscalía.

Ese inmueble, de 11 pisos, que en diciembre de 1989 se mantuvo en pie tras el bombazo ordenado por el capo Pablo Escobar, será demolido para dar paso a la construcción de un nuevo búnker de la Fiscalía. “El proyecto inicial contemplaba la construcción de 90.000 metros cuadrados. Sin embargo, se decidió que fueran solo 75.000 metros. Allí entrarán a funcionar las seccionales de fiscalías de Bogotá y de Cundinamarca”, explicó Marcela Yepes, directora administrativa de la Fiscalía General. El edificio del nuevo búnker, o nivel central 2, tendrá un diseño similar al búnker de la avenida La Esperanza con carrera 50. Se calcula que en ese inmueble laborarán, por lo menos, unos 5.000 funcionarios, entre fiscales, técnicos y agentes del CTI. El costo superará los 300.000 millones de pesos.

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