'La clase política regional bloqueó las grandes reformas'

'La clase política regional bloqueó las grandes reformas'

Fernán González, decano de los 'violentólogos' del país, habla de su obra y del proceso de paz.

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03 de octubre 2015 , 08:35 p.m.

Al padre Fernán Enrique González no se le olvida que en 1951, cuando tenía 12 años, el carro de su papá tuvo que viajar en barco de Barranquilla a Buenaventura. Como su familia iba a establecerse en Cali y no había carreteras decentes que comunicaran el Caribe con el occidente del país, el canal de Panamá era la vía más “directa”.

Quizás fue esa la primera vez que le llamó la atención el singular desarrollo de Colombia, un territorio y un concepto que ha tratado de desenmarañar durante más de 40 años, principalmente desde el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), del que fue director. (Lea también: Jugada para 'reencauchar' el Fondo de Adaptación en Plan de Desarrollo)

El miércoles, este filósofo jesuita recibió en Medellín el reconocimiento de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por su obra Poder y violencia en Colombia, declarada fuera de concurso por esta entidad, que cada año entrega los premios más importantes del país en el campo de la investigación científica. Es la primera oportunidad en que esto ocurre, en los 60 años de historia del galardón, en la categoría de ciencias sociales.

El libro, de casi 600 páginas, “constituye un referente obligatorio para quien se interese por entender la complejísima dinámica del proceso de formación del Estado” colombiano, en palabras del jurado. De este y otros temas, EL TIEMPO conversó con González, un intelectual de 76 años que no para de trabajar.

¿Qué papel ha tenido la violencia en la configuración del Estado?

Uno fundamental, y no solo en Colombia. La idea de Charles Tilly, uno de nuestros autores de cabecera, es que el Estado es resultado indirecto de la violencia y de la guerra internacional, que obliga a organizarse, a crear impuestos, a hacer censos, a reclutar jóvenes y a armar ejércitos; en últimas, a tener Estado.

En Colombia, las guerras civiles del siglo XIX están muy vinculadas a la formación del bipartidismo. Los partidos integraban a las clases poderosas regionales con sus clientelas, en una serie de conflictos que a veces eran armados y a veces eran electorales. En los años recientes, la guerrilla y el narcotráfico obligaron al Estado a fortalecerse. Las Farc le muestran al Estado dónde está ausente y lo obligan a buscar algún tipo de presencia, a hacer un esfuerzo de integración. La guerra integra a las malas. (Vea: 'El conflicto tiene que ver con toda la sociedad')

Siguiendo a Tilly, ¿nos faltaron guerras contra otros países para consolidar un Estado más fuerte?

En América Latina no hubo casi guerras internacionales, y fueron tan cortas que no crearon nación. El caso colombiano es el contramodelo de lo que Tilly propone, porque aquí las regiones lograron impedir el pleno control del Estado central. De hecho, los grandes gamonales políticos aún tienen poder de veto sobre las reformas. La teoría política dice que el Estado debe tener un sistema de pesos y contrapesos; lo nacional y lo local, por ejemplo. Pero en Colombia ese sistema ha actuado en contra de las reformas sociales y políticas. Aquí los líderes regionales conservan mucho más poder que en otros países.

¿O sea que las grandes reformas que el país necesita se han bloqueado en las esferas locales?

Esa es mi opinión. Le puedo citar el caso de López Pumarejo en los 30; la reforma agraria del 61, la del 68, de Lleras Restrepo, y los procesos de paz de Belisario y Pastrana, todos resistidos por las clases políticas locales. Incluso el paramilitarismo es, en parte, el resultado de esa reacción.

¿Qué clase de Estado tenemos?

En términos de presencia (una de las ideas centrales del libro), no es un Estado fallido o colapsado. Es cierto que en muchas regiones, donde no alcanza a hacer presencia, domina a través de los gamonales y el clientelismo. Y en otras compite por el control con los grupos armados. Así como la violencia es diferenciada, el Estado también: no es lo mismo su presencia en Bogotá que en el Caguán. Pero esto no significa que el Estado esté cooptado.

El nuestro es un Estado formado lentamente, mediante un proceso de integración territorial y social. El bipartidismo y la violencia son parte de ese proceso.

Otra cosa fundamental para entender a Colombia es que, a diferencia de otros países de América Latina, su capital no tuvo la centralidad de Ciudad de México, por ejemplo, sino que coexistió con poderes regionales muy fuertes. El predominio de Bogotá es reciente. Y la integración territorial y política del país, también. En todo caso, cada vez tenemos más Estado, no menos. (Vea: Cronología, la memoria de un país)

¿Colombia es una nación?

Más o menos. La nación es una unidad más cultural, que pasa por el proceso identitario; es una comunidad imaginada. El problema es el multiculturalismo, que el país fue descubriendo paulatinamente en el siglo XX, en un proceso que desembocó en la Constitución del 91. Ahora, el desafío es crear unidad cultural, porque la nación supone un cierto grado de homogeneidad. ¿Cómo interactúan las diferentes identidades? ¿Hasta qué punto hacemos parte de la misma identidad nacional? ¿Cuál es el límite de la autonomía indígena, por ejemplo? Como el del Estado, el de la nación es un proceso en construcción.

Parece sugerir que los indígenas tienen más gabelas de las que deberían...

Tienen más representación política de la que deberían tener por su peso demográfico, en parte como repuesta a nuestra mala conciencia por la discriminación que han sufrido. El caso del Cauca es evidente.

En ese orden de ideas, ¿las negritudes no deberían tener una mayor representación?

Los dos casos son muy diferentes, porque hay un buen núcleo de población negra –sobre todo caribeña– que hizo parte de los partidos Liberal y Conservador y que se educó en las universidades, que estuvo mucho más integrada a la nación por la vía tradicional. A pesar del racismo, uno encuentra congresistas negros desde bien atrás. Además, las comunidades afro de las zonas marginales aprovecharon la legislación que se había hecho para favorecer a los indígenas y se asimilaron a eso. Entonces, las comunidades negras hacen presencia en las dos direcciones: por la vía tradicional y, a la vez, como comunidades autónomas.

¿Por qué Colombia no tiene una tradición de caudillos militares en el poder, a diferencia de países vecinos, como Venezuela?

El bipartidismo y los poderes fragmentados impedían la consolidación de cualquier caudillo militar, de cualquier intento de concentración de poder. Cuando surge uno, como Obando o Mosquera, los partidos se alían para sacarlo de en medio. De hecho, el primer frente nacional es contra Melo y Obando.

Usted afirma en su libro que el “liderazgo caudillista y personalista” de Álvaro Uribe es “inédito” en nuestra historia política. ¿Por qué fue posible?

Yo creo que, en buena parte, por la crisis de los partidos, cuyo control de la sociedad comenzó a diluirse en los 70. Uribe logra, por ejemplo, terminar de quebrar al Partido Liberal, del que salen facciones como el partido de ‘la U’ y Cambio Radical.

Uribe combina todas las formas de lucha. Cuando fracasa el referendo, negocia con los partidos y crea ‘la U’ con los gamonales del Partido Liberal que le caminan a su gobierno. El Partido Conservador va perdiendo fuerza y se suma de manera oportunista. Así, crea una coalición favorable a su gobierno. Pero a la vez tiene algo que no había aparecido en Colombia tal vez desde Gaitán: la apelación directa al pueblo, a través de los consejos comunitarios, sin intermediarios. Y además negocia con los gremios, dándoles toda suerte de alicientes tributarios. Es perfecto. (Lea: La mitad de los asesinatos cometidos en Colombia serían por encargo)

En su discurso, Álvaro Uribe recuperó conceptos como el de ‘patria’ y fomentó el nacionalismo. ¿No cree usted que su gobierno contribuyó al proceso de consolidación del Estado?

No estoy muy convencido, porque su estilo caudillista y mesiánico creó una adhesión a su persona, pero no fortaleció al Estado. A largo plazo, fue un proceso de desinstitucionalización del país.

¿El paramilitarismo se acabó?

El paramilitarismo clásico, de alianzas con los políticos locales, no se da en las proporciones de antes. La connivencia con el Estado ha ido desapareciendo gradualmente y el ambiente de tolerancia ya no existe. Sin embargo, las bandas criminales reclutaron mandos medios de los antiguos grupos, y lo que más me preocupa es que muchos de los actuales miembros son nuevos, no habían sido ‘paras’. ¿De dónde están reclutando a estos muchachos? Eso es muy preocupante.

Con base en su conocimiento de los procesos de paz que ha habido en Colombia, ¿cómo ve el actual?

Con un optimismo moderado, pero no espero que sea la panacea. Creo que la gente tiende a crearse falsas ilusiones y a exigirle a La Habana lo que no puede dar. Lo de Cuba consiste en que las Farc se bajan de la lucha armada como herramienta política a cambio de unas concesiones elementales, que el país tenía que haber hecho con o sin guerrilla, como resolver el problema agrario. En otras palabras, aplicar la Constitución, algo que muchos poderes han impedido. (Vea: Candidatos ya alistan propuestas para recibir reinsertados de las Farc)

Lo que se negocia allí es la creación de las condiciones mínimas para que, mediante la lucha democrática posterior, se logren cambios de fondo. Pero no se puede esperar que al día siguiente de la firma de los acuerdos se acabe la violencia. Puede ser, incluso, que los problemas sociales emerjan con más fuerza, porque la lucha armada ha neutralizado muchas formas de protesta, que pueden aparecer ahora.

Que dejemos de echarnos bala no significa que se va a acabar la desigualdad o la minería extractivista. El país debe crear mecanismos sociales y políticos para arreglar problemas como esos por la vía pacífica, pero eso no depende de La Habana. El proceso es un punto de partida para una nueva Colombia, no un punto de llegada.

¿Cómo ve la apertura electoral del país de cara a una eventual participación política de las Farc?

Bastante mal. En parte, por falta de pedagogía del Gobierno. Pero hay otro problema básico y es que para el país urbanizado, que es más o menos el 75 por ciento de la población, el problema campesino es ininteligible.

Cuando las encuestas le plantean a la gente si aceptaría la presencia de guerrilleros en el Congreso, la pregunta está mal hecha. Lo que se debe plantear es si aceptaría a la guerrilla después de cumplir ciertos requisitos, como pedir perdón y reparar. (Lea aquí: Blindaje internacional del acuerdo de justicia en La Habana)

La guerrilla tiene que participar en la vida política. Además, por un tiempo hay que conservar la estructura de las Farc, la unidad de mando, porque si se deja suelta a la gente, muchos se van a ir a la delincuencia.

¿Tiene solución el problema agrario?

Todo tiene solución si se quiere, con inteligencia y voluntad política. El punto uno de lo que se discute en La Habana refleja esa complejidad al plantear la posibilidad de que la gran agroindustria y la propiedad campesina coexistan. Ya la guerrilla se bajó de su proyecto maximalista y reconoció el gran capitalismo agrario, mientras que el Gobierno aceptó que hay campesinos.

Este país tiene una tradición de estudios sobre violencia y sobre el problema agrario bastante notable respecto de otros países. Además, yo creo que el censo agropecuario, que nunca se había hecho –habría que preguntarse por qué–, va a dar muchas luces sobre las diferencias regionales, porque nada es homogéneo en este país.

¿A qué líderes de las Farc ve en el Congreso?

No conozco tanto a los actuales, pero me da la impresión de que no les interesa tanto la vida política nacional, el Congreso, como la local, la de los municipios. Es ahí donde va a estar el problema, porque las instituciones en esos lugares son muy precarias y hay mucha resistencia de poderes locales, lo que plantea una violencia potencial muy fuerte. Y si ganan, ¿cómo van a manejar las relaciones con la disidencia? La intolerancia de lado y lado me parece delicada.

Pero, por otro lado, las Farc pueden ser muy importantes precisamente en ese fortalecimiento notable que necesita la institucionalidad local y regional.

Y no descartaría una constituyente, no para refrendar los acuerdos ahora, sino a largo plazo, varios años después de firmar la paz con las Farc y el Eln. En este momento la veo complicada, porque el poder está muy fragmentado y no se sabe bien cuánta fuerza tiene la guerrilla. Hay que dejar decantar la situación después del conflicto.

BERNARDO BEJARANO GONZÁLEZ
Editor Redacción Domingo
berbej@eltiempo.com

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