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El plan 'Colombia siembra'

El incremento de soberanía alimentaria no debe hacerse sacrificando seguridad alimentaria.

RUDOLF HOMMES
El Ministro de Agricultura anunció una propuesta para sustituir alimentos importados y para incrementar el área sembrada en más de un millón de hectáreas, con una inversión en bienes públicos estimada de $ 1,6 billones entre 2016 y 2018. El plan ‘Colombia siembra’, como lo han bautizado, promovería el crecimiento del sector agropecuario y lo pondría a crecer por encima del 4 % anual. No se han dado detalles de cómo se va a poner en práctica, pero la idea de producir alimentos en un millón de hectáreas adicionales para sustituir las importaciones de maíz, soya y cereales es oportuna y es una de las posibles respuestas para mitigar en relativo poco tiempo la desaceleración de la producción nacional y el aumento del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Sin embargo, surgen dos preocupaciones. Una la suscita la lectura de una columna de Andrés Espinosa en Portafolio titulada ‘Importar, producir o morir’ (30 de septiembre del 2015), en la que anunció anticipadamente el lanzamiento del plan y aportó ideas no muy recomendables, que no sabemos si son personales o del Ministerio. Según él, lo que busca el proyecto es “recuperar la soberanía alimentaria del país, promover la producción eficiente y adelantar la sustitución de importaciones. Los productos priorizados son maíz y soya, “de los cuales importamos 6,4 millones de toneladas en el 2014, equivalentes al 60 por ciento del total de los 10,7 millones de toneladas de productos agropecuarios importados el año pasado”. Esto último, según Espinosa, requiere de inmediato que se le “ponga freno efectivo a la apertura arancelaria que busca” rebajar aranceles de los productos agrícolas.
La idea de aumentar la producción agropecuaria es inobjetable, pero mantener y, sobre todo, aumentar la protección de los productos cuyas importaciones se quieren sustituir, incrementando el arancel e imponiendo otras barreras al comercio, sería una barbaridad, un retroceso y un ataque frontal a la capacidad adquisitiva de las familias más pobres. No es deseable ni oportuno inducir a los productores a producir si no son competitivos. El incremento de soberanía alimentaria no debe hacerse sacrificando seguridad alimentaria, pues es esta última la que garantiza que la población tenga acceso efectivo a los alimentos básicos en todo momento. Sin embargo, si la sustitución de importaciones de productos agropecuarios se hace con sistemas de producción eficientes, como los que están previstos para la altillanura, de tal forma que no afecte el costo de la canasta de consumo, se contribuye a la seguridad alimentaria y a la soberanía ídem. Por eso es tan importante que el Gobierno aclare cuanto antes cómo se propone ejecutar lo que ha anunciado, para ver si es un acierto o un desatino.
La otra preocupación que ha suscitado el anuncio es que el éxito del plan ‘Colombia siembra’ depende de darles acceso a tierra de buena calidad a grandes y pequeños productores, y de resolverles el problema de propiedad o por lo menos el del uso de la tierra a los grandes. Esto ha tenido varado el progreso de la agricultura desde hace años y ha sido uno de los temas en los que el Ministro ha estado impedido para actuar. La solución podría provenir de la decisión recién anunciada de la Corte que permitiría usar la tierra incautada a narcotraficantes y otros delincuentes para proveer las que necesita el plan. A esto hay que añadirle que el sitio más propicio para llevar a cabo el proyecto es la altillanura, y entonces habría que sumarle a la inversión en bienes públicos, esbozada por el Gobierno, el costo de la carretera o el ferrocarril entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño.
RUDOLF HOMMES
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