Gremio carbonero, el más preocupado por cierre fronterizo indefinido

Gremio carbonero, el más preocupado por cierre fronterizo indefinido

Esfuerzos para apoyar la operación del transporte del carbón por Colombia no han sido suficientes.

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01 de octubre 2015 , 04:12 p.m.

Un tiempo indefinido del cierre de la frontera con Venezuela podría ser fatal para el sector carbonero de Norte de Santander si no se logra que la velocidad de operación por Colombia se equipare a la que se tenía por el vecino país, así lo señaló el presidente de Asocarbón en esa región, Jaime Rodríguez, ante el reiterado discurso del presidente de Venezuela Nicolás Maduro sobre la decisión de mantener el bloqueo.

El líder gremial indicó que los movimientos del carbón por territorio nacional para ser llevado a los puertos del Caribe, aún con las disposiciones especiales brindadas por el Gobierno Nacional como el pago a la mitad de peajes y la asignación de combustible subsidiado para los vehículos de carga, no es satisfactorio.

Añadió que actualmente se están movilizando 1.800 toneladas de carbón al día, cuando se debería estar en 6.000. Así mismo se ha registrado en medio de la coyuntura el incremento de fletes en un 10 por ciento. “Si no logramos que los actores que están haciendo parte de este proceso, es decir, transportadores, quienes manejan el tren, nos contribuyan a lograr el equilibrio financiero, va a ser muy difícil disparar esas cantidades”, dijo Rodríguez.

Desde el cierre fronterizo el sector del carbón, uno de los principales motores de la economía de Norte de Santander se ha mostrado como uno de los más afectados. Alrededor de 7.000 trabajadores derivan su sustento de esa actividad.

“Por Venezuela había una logística organizada, había unas menores distancias de recorrido y una topografía más plana, lo que generaba menores costos”, explicó el presidente de Asocarbón.

El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, por otro lado, frente al reiterado anuncio del cierre indefinido de la frontera dijo que el presidente venezolano sufre de bipolaridad. “Hay días que quiere lavarse las manos, porque las tiene muy sucias por toda la violación de los Derechos Humanos, y habla que los deportados podrán entrar a Venezuela. Pero hay otros días que amanece en esa bipolaridad, con la xenofobia despierta, y ahí es cuando habla de cerrar la frontera”.

Añadió que espera que el tiempo que decida el Gobierno venezolano mantener cerrada la frontera sea suficiente para depurar las fuerzas militares en la zona, quienes estarían involucrados en el manejo del contrabando.

UNGRD defiende la atención que se ha brindado en los albergues

A una cifra de 993 ya se ha reducido el número de colombianos que fueron deportados o retornaron voluntariamente desde Venezuela, que continúan recibiendo asistencia humanitaria por parte de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Esta semana, la entidad adelantó la reunificación de los albergues temporales en un solo punto dispuesto en las instalaciones de Interferias en la ciudad de Cúcuta.

Durante la operación humanitaria desplegada en medio de la crisis, la Unidad ha brindado atención a 5.400 personas que pasaron por los 27 refugios que se llegaron a disponer en el nivel más álgido de la crisis. El registro de la UNGRD de colombianos deportados y expulsados de Venezuela por esa frontera fue 18.771.

El traslado al nuevo lugar generó cierta inconformidad en varios connacionales, que pese a que siguen recibiendo las ayudas humanitarias, se han ido en contra de las condiciones del sitio. Aseguran que se registran dificultades en materia de higiene de algunos servicios como el de los baños y las duchas.

Diana Contreras, de 25 años, quien llegó al nuevo albergue junto a su esposo y dos hijos, dice que el mayor temor que le genera esa situación es el riesgo al contagio de enfermedades que puedan sufrir sus pequeños hijos.

Contreras señaló que se mantiene aún junto a su familia en los albergues, porque la asignación del subsidio de arrendamiento por tres meses asignado por el Gobierno Nacional se encuentra en trámite, ya que hasta hace pocos días logró conseguir una casa para arrendar.

Entre tanto, una de las deportadas, que prefirió la reserva de su nombre, señaló que no le parece justo que hubieran sido llevados todos a un mismo sitio.

La mujer insistió en que el Gobierno opte por entregar subsidios para adquirir viviendas y no de arrendamientos.

Entre tanto, el director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez, defendió la operación que se viene cumpliendo desde que estalló la crisis humanitaria.

Dijo que se está dando la atención en albergues conforme a los estándares nacionales e internacionales, versión que ha sido ratificada por representantes de organismos como la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que han sido veedores del proceso.

“Mejor no pueden estar en un albergue. En cualquier país del mundo quisieran tener una atención como esta”, precisó.

El funcionario añadió que no se tienen problemas en materia de suministro de agua, brotes de enfermedad o alimentación. En el caso de la disponibilidad de baños y duchas, señaló que se han dispuesto tres mantenimientos al día.

Márquez insistió que se trata de esquemas de albergues temporales y que para que las personas no sigan viviendo en esos sitios el Gobierno está ofreciendo los subsidios de arriendo.

 CÚCUTA

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