General (r) Uscátegui pide espacio en justicia transicional

General (r) Uscátegui pide espacio en justicia transicional

El oficial en retiro quiere contar la verdad de lo que sucedió en la masacre de Mapiripán.

01 de octubre 2015 , 09:49 a.m.

El general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años por la masacre de Mapiripán (Meta), pidió un espacio en la justicia transicional para decir la verdad de lo sucedido en esa incursión paramilitar perpetrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997, que dejó decenas de muertos, desaparecidos y desplazados. 

El alto oficial, cuya condena fue ratificada en el 2014 por la Corte Suprema de Justicia, indicó que en ese espacio tendrían que existir beneficios, pero con la condición de que se respete la presunción de inocencia de los uniformados.

Señaló que es inocente y que en los tribunales de justicia transicional tendría que existir un espacio para uniformados como él, en los que se revisen los casos, que digan la verdad y reciban beneficios sin aceptar delitos que no cometieron.

"Que un uniformado acepte un delito que no cometió es diabólico", sostuvo el general Uscategui.

Afirmó que cree en la paz y aceptó que en las negociaciones se hagan concesiones, incluso para que los guerrilleros hagan política. "Si así queda establecido en la ley, pues hay que cumplirlo. La ley se hizo para cumplirla", indicó el oficial.

El pronunciamiento lo hizo previo a la audiencia en la que se conocerá el monto de la pena que deberán purgar las personas que se hicieron pasar como víctimas de la masacre de Mapiripán.

En marzo pasado, un juez de conocimiento declaró culpables a Mariela Contreras, Zuli Herrera Contreras y su esposo, Argemiro Arévalo, quienes, por aceptar cargos, tendrán una rebaja en la sentencia. (Lea: Primeras condenas a falsas víctimas de la masacre de Mapiripán)

La audiencia en la que se conocería la cantidad de años que pagarán las falsas víctimas estaba prevista para julio pasado, pero fue aplazada debido a que los culpables no habían realizado el pago de dinero que adeudaban.

"No se han devuelto unos bienes al Estado por más de 2.000 millones de pesos. La posición del Ministerio de Defensa es que se vendan esos bienes y se depositen unos títulos a nombre del Estado colombiano. Lo que la defensa técnica va a hacer es poner en venta dichos bienes que fueron comprados con la defraudación hecha a la Nación y entregar esos títulos para la reparación", señaló en su momento Jorge Mahecha, abogado de los culpables.

JUSTICIA

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