Así fue como el 'clan Urdinola' desplazó a dos familias del Valle

Así fue como el 'clan Urdinola' desplazó a dos familias del Valle

Fallo de restitución de tierras les devolvió sus predios en Bugalagrande.

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01 de octubre 2015 , 08:42 a.m.

El capo Marulanda entró a las fincas con ocho camionetas, sus escoltas se bajaron de los vehículos y empezaron a disparar contra las bombillas de los corrales como si estuvieran jugando al tiro al blanco. Este fue uno de tantos momentos que desataron el desplazamiento forzado de dos familias en el Valle del Cauca, quienes fueron despojadas por el clan mafioso de los Urdinola Henao.

Las familias del corregimiento Ceilán en Buga vivían con temor por las extorsiones y amenazas que padecían desde los años 80. Una década después, no tuvieron más opción que vender a la fuerza Campo Alegre, La Miranda, El Candado y La Playa a cambio de un precio irrisorio y buscar otro lugar para que su gente pudiera vivir con tranquilidad.

Así ocurrió el despojo de tierras a manos de narcotraficantes, que un juez de restitución de tierras reconoció en un fallo de septiembre pasado en el que les devolvió a las víctimas sus propiedades.

Los ilegales, que hacían parte del cartel de Fernando Marulanda Trujillo, alias Marulo -condenado en el 2012 por narcotráfico en una Corte de Florida (EE. UU.)-, se apoderaron de grandes extensiones de tierra a punta de intimidación y vejámenes a familias que cultivaban pancoger y criaban ganado en esa región.

Tras el desplazamiento, según los investigadores, las fincas se convirtieron en el fortín del ‘clan Urdinola’.

“Una vez pidieron 800.000 pesos, pero otras veces era un millón, millón y medio y hasta dos millones de pesos. Nos dieron ocho días de plazo para salir”, declaró en el proceso de restitución de tierras una de las víctimas.

“Lo extorsionaban dos o tres personas. Los obligaban a dejar el dinero en una tienda en donde luego los delincuentes lo recogían", corroboró un testigo.

Una de las familias víctimas dentro de este proceso de restitución empezó a ser extorsionada en 1991 con el pago de ‘vacunas’, a cambio de no atentar contra sus seres queridos. Tres años más tarde, recibieron amenazas y presiones por parte miembros de la organización narcotraficante de Fernando Marulanda para que vendiera las propiedades donde tenían el ganado. Esas tierras posteriormente le fueron entregadas al clan narcotraficante del Valle Urdinola Henao.

Ante las presiones, la familia salió el 8 de agosto de 1994 de su finca y se desplazó hasta San Pedro (Valle). Pero los delincuentes les siguieron el paso hasta ese municipio y los obligaron a firmar las escrituras de traspaso del inmueble a cambio de 30 millones de pesos.

La otra familia a la que la sentencia le devuelve sus tierras eran dueños de los predios El Candado y la Playa desde 1976. Sus propiedades, que llegaron a sumar 200 hectáreas con el paso de los años, tenían siembras de café y caña, tenían un trapiche y sacrificaban ganado.

Desde 1988 el patriarca de la familia fue amenazado y extorsionado por la guerrilla del M-19, pagos a los que él se negó. “Le dejaban cartas en el carro o en el broche de la finca”, declaró su esposa. Luego de su muerte ese mismo año, las intimidaciones no cesaron.

“Resulta claro que el temor, la preocupación y zozobra generada tras verse constreñidos a enajenar y abandonar los fundos, sin poder regresar a su lugar de residencia ni retomar las actividades de explotación habituales en sus predios, temor fundado de cara al riesgo cierto que representaba para sus vidas e integridad personal”, se lee en la sentencia.

La esposa y los hijos siguieron explotando los predios, hasta que los obligaron a venderlos. Cuando mataron a su hijo mayor a los ocho días del asesinato le hicieron una llamada pidiéndole seis millones para no matar a sus otros dos hijos. Les indicaron que la fecha máxima para marcharse era el 31 de enero de 1991 y le impusieron un precio de 125 millones por sus tierras. Solo les pagaron 75.

A pesar de los testigos en contra, no se logró desvirtuar el desplazamiento, para el juez es imposible negar el hecho notorio de la violencia en esta región y su condición de víctimas del conflicto armado interno.

“Oponerse a los designios de los actores ilegales implicaba una carga que no estaban en capacidad de sobrellevar, debiendo desplazarse por su seguridad… En todo caso las víctimas, sin tener plena autonomía decisoria o libre albedrío, no tuvieron otra alternativa que abandonar las parcelas, dejando relegado su proyecto de vida ligado a la ganadería y agricultura”, concluye el juez.

JUAN CAMILO PEDRAZA

Escuela de Periodismo

EL TIEMPO

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