Gobierno no acepta cambios en el juzgamiento a expresidentes

Gobierno no acepta cambios en el juzgamiento a expresidentes

Según De la Calle, mantener fuero de exmandatarios es sinónimo de estabilidad institucional.

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29 de septiembre 2015 , 10:59 p. m.

El Gobierno negó en la noche de este martes enfáticamente que uno de los propósitos de la Jurisdicción Especial de Paz que se acordó con las Farc sea modificar el sistema de juzgamiento de los presidentes en Colombia. Así lo dejó claro el jefe del equipo negociador oficial, Humberto de la Calle, en medio de un debate de control político sobre la justicia transicional, en la plenaria del Senado.

“El fuero especial del juzgamiento de los presidentes es una condición de estabilidad de las instituciones y no es un privilegio para ellos, por lo tanto el Gobierno no piensa que la creación de la Jurisdicción Especial de Paz modifique las normas constitucionales sobre esta materia”, afirmó el jefe negociador.

“El Gobierno no concibe, promueve o acepta que el acuerdo de La Habana deba modificar ese régimen de juzgamiento especial”, agregó De la Calle.

El pasado lunes, el fiscal Eduardo Montealegre afirmó que el expresidente Álvaro Uribe podría ser objeto de la nueva Jurisdicción Especial de Paz, anunciada por el Gobierno y las Farc.

De acuerdo con lo acordado en la capital cubana, ese esquema cobijaría a todos los que, de una u otra forma, hayan participado en el conflicto armado.

“Todas las investigaciones que tiene actualmente la Corte Suprema contra el exgobernador Álvaro Uribe, presuntamente por favorecimiento del paramilitarismo, sea por acción o por omisión, deben ir a la nueva Jurisdicción Especial de Paz”, afirmó Montealegre.

Durante la sesión de este martes en el Senado, Uribe reiteró su respuesta a Montealegre y le dijo que está en la “obligación” de decir cuáles son las “acciones u omisiones” por las que debe ser investigado. “Valiente gracia todo este sacrificio institucional de Colombia para meterme a mí a la cárcel”, dijo Uribe.

Respuesta al Procurador

De la Calle también respondió las críticas del procurador Alejandro Ordóñez al acuerdo de justicia con las Farc y manifestó que en el esquema pactado “no hay falsas sanciones”.

Dijo que el Gobierno no comparte “en lo absoluto” la afirmación de Ordóñez de que en lo acordado no se cumplen “los estándares internacionales”.

“No hay una falsa sanción. Es en serio. El señor Procurador dijo que se referiría solo al evento en que hay reconocimiento por parte de los sindicados y eso tal vez le permitió aseverar que no habría pena privativa de la libertad, pero eso confunde, señor Procurador, porque, si usted toma los tres escenarios previstos (...), dos de ellos prevén penas privativas de la libertad en condiciones ordinarias”, dijo De la Calle. El Procurador respondió que “las solas penas restaurativas son impunidad respecto a crímenes atroces”.

En el debate, la senadora liberal Viviane Morales propuso que los culpables de graves violaciones a los derechos humanos puedan participar en política. “La presencia (en política) de los máximos responsables puede ser el elemento fundamental de garantía de cumplimiento de lo acordado”, dijo Morales.

Su colega de Alianza Verde Claudia López propuso crear un “fondo de inversión para la paz”, qu se nutriría con el 1,5 por ciento del PIB y funcionaría durante los próximos veinte años para atender “a los quince millones de colombianos” que viven en las zonas a las que el Estado históricamente no ha llegado.

Su colega Antonio Navarro calificó el acuerdo sobre justicia con las Farc como “brillante” y resaltó que “no puede haber mejor noticia” que la fijación de una fecha límite para la firma de la paz. No después del 23 de marzo del 2016.

"Es una preocupación válida el saber cómo se va a conformar el Tribunal para la aplicación de la Justicia Transicional. Pero debemos darle la oportunidad a que el tema se aclare antes de condenarlo por anticipado", dijo.

Rifirrafe entre Uribe y el Alto Comisionado de Paz

Uribe afirmó que bajo la ley de justicia y paz se habían desmovilizado 18.000 guerrilleros, lo que fue desmentido por el actual alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, quien le dijo a Uribe “usted sabe que no es así” y que fueron un poco más de 300.

Usted me conoció durante 8 años y no me conoció mintiendo, y no le acepto que me diga mentiroso”, le respondió airadamente el expresidente a Jaramillo.

Casi al filo de la medianoche Uribe tomó la palabra y reiteró varias de sus dudas sobre el pacto de justicia, entre ellas la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado conexo al delito político.

Agregó que, a su juicio, el castigo de la restricción de la libertad "se parece más" a la libertad condicional, "que es un premio a quien ha tenido buen comportamiento en el castigo" o es la "sanción alternativa" a quien ha cometido un delito menor.

"Aquí estamos en presencia de delitos atroces, no menores, y estamos en presencia de una libertad que no estaría antecedida por un castigo", afirmó.

Uribe afirmó que el jefe negociador oficial dijo que el tribunal propuesto para el juzgamiento en la Jurisdicción Espacial de Paz "no era para inocentes".

En consecuencia el exmandatario se preguntó si "los que van a llegar allá o los que vamos a llegar allá" llegarán sin la presunción de inocencia.

"Me dolió mucho cuando me contaron que allá estaban cogiditos de la mano 'Timochenko', Raúl Castro y el Presidente de Colombia y de testigos unos representantes de Nicolás Maduro", dijo.

POLÍTICA

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