Editorial: Un debate sereno e informado

Editorial: Un debate sereno e informado

No se esperan opiniones unánimes sobre acuerdos de paz; pero sí que se basen en información veraz.

28 de septiembre 2015 , 07:08 p. m.

De diez puntos fue la declaración sobre lo acordado en materia de justicia entre ambas partes, y revelada a la opinión el pasado miércoles por el Gobierno y las Farc, de manera conjunta en La Habana. Se trata del punto número cinco del acuerdo general, cuya discusión ha sido la que más tiempo ha tomado, cerca de 15 meses.

Lo que salió a la luz púbica es apenas el marco de lo pactado en dicho campo. Como lo han expresado varias veces los negociadores del Gobierno, en particular Sergio Jaramillo, el texto final del documento no está disponible, en la medida en que restan detalles por afinar.

No obstante lo anterior, desde el momento mismo en que se conocieron dichas bases, han surgido lecturas e interpretaciones, provenientes de distintas orillas, con aseveraciones de notable contundencia, así como un análisis casuístico tan severo que cualquier observador desprevenido creería que son producto de una juiciosa lectura de la totalidad del acuerdo.

Pero no necesariamente. De ahí que consideremos oportuno retomar y reforzar el llamado que hicimos desde estos mismos renglones el pasado domingo invitando a una discusión informada y ceñida a la ética sobre este avance del proceso.

Y si reiteramos la importancia de la sindéresis y la mesura, es porque obrar en sentido contrario puede exacerbar innecesariamente actitudes hostiles, todavía en capacidad de constituirse en palo en la rueda para el buen avance de los diálogos. Muchas de ellas con un contenido de excesiva beligerancia, pugnacidad y voluntad expresa de polarizar, que desentona en un contexto cuyo denominador común es, cada vez más, el propósito de lograr la reconciliación.

Lo anterior implica, así mismo, el deseo de observar una postura mucho más uniforme y alineada por parte del Gobierno y de quienes han hecho parte de la negociación, cuando sea el caso de referirse a este asunto. Incluso, por la trascendencia del tema, bien podría incluirse ahí a quienes pertenecen a otras ramas del poder distintas del Ejecutivo, como el Fiscal General de la Nación o el Procurador.

A esta altura, pues, subsisten en el debate público muchos vacíos por llenar y solo puede calificarse de irresponsable intentar colmarlos con interpretaciones a la ligera y con cierto sesgo, como las que ya han aflorado. Lo que procede es aguardar al momento en el que se tenga acceso a los detalles, tal y como ya ha ocurrido con los acuerdos anteriores.

En este orden de ideas, habría que recalcar la responsabilidad que recae sobre los orientadores de la opinión para darle altura a un debate que promete ser intenso y que es, desde luego, necesario que tenga lugar. Más, aún, fundamental en aras de la legitimidad de la que debe gozar el acuerdo final. Por otro lado, en el caso de los funcionarios que por motivos de su cargo pueden tener acceso a un mayor nivel de detalle, al llamado ya hecho a la sincronización debe sumarse uno a la prudencia.

No se trata, ni mucho menos, de aspirar, por más noble que sea el anhelo de poner fin a un conflicto de cinco décadas, a que exista una postura unánime en la sociedad. Más bien, de reconocer y estimular aquellas posiciones críticas o no, pero, ante todo, que se fundamenten en información veraz.

editorial@eltiempo.com

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