Lo que sigue para cerrar el conflicto con las Farc

Lo que sigue para cerrar el conflicto con las Farc

Desarme total de guerrilleros será indispensable para acceder a pena de libertad restringida.

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26 de septiembre 2015 , 08:59 p.m.

Despejada la incógnita más grande del proceso de paz con las Farc, la fecha del acuerdo final –a más tardar el 23 de marzo del 2016–, hoy la pregunta del país es cuándo estará desarmada esta guerrilla que en mayo completó 51 años creyendo que las armas eran el camino para impulsar su proyecto político.

Ya se sabe que debe comenzar a entregar sus fusiles en un plazo máximo de 60 días tras la firma de la paz, pero falta definir cuándo terminará su desarme.

No es poca cosa que en el acuerdo sobre justicia –anunciado el miércoles en La Habana– haya quedado establecido un plazo para el comienzo de la dejación de armas, pues hasta hace muy poco las Farc condicionaban esto al cumplimiento de los acuerdos de parte del Gobierno.

En una circunstancia así, Colombia habría quedado en un riesgoso escenario como el que tuvo Irlanda del Norte, donde el IRA comenzó a entregar las armas tres años después de la firma de la paz. Concluyó el proceso cuatro años más tarde.

Aquí mismo, en Colombia, los paramilitares se tomaron casi tres años para el desarme, de noviembre del 2003 hasta agosto del 2006, a pesar de que una paz armada siempre es una paz en riesgo.

Precisamente, el cronograma de la dejación de armas de las Farc es uno de los temas pendientes de la negociación. Y es uno de los más difíciles.

Si el proceso de paz, como ha sido evidente, no podía darse en cuestión de meses, el desarme de los guerrilleros sí debe ser un asunto de meses. En El Salvador, por ejemplo, tardó ocho.

Y si bien en Colombia las condiciones son distintas –es un país más extenso y la presencia de la guerrilla es dispersa–, ni a las propias Farc les conviene darle largas a la dejación de las armas. Ente otras cosas, porque está claro que, mientras no se hayan desarmado, los jefes guerrilleros acusados de delitos graves no podrán acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo tribunal les dará el derecho a no ir a una cárcel ordinaria si reconocen sus crímenes.

“Si el desarme se surte con la mayor velocidad posible, más rápidamente podrán ingresar los guerrilleros a la Jurisdicción y más rápidamente podrán cumplir su sanción”, afirma Sergio Jaramillo, comisionado para la Paz.

Y solo desarmadas, las Farc podrán entrar en el juego político institucional.

En estas condiciones, y quizás por primera vez en su historia, para esta guerrilla deberían ser importantes los tiempos.

Política desde la reclusión

Tal como va el proceso de paz, el acuerdo sobre justicia está directamente ligado a la transformación de las Farc en un movimiento político.

De hecho, la pena de libertad restringida de entre 5 y 8 años que tendrán los guerrilleros que reconozcan sus delitos graves, les permitiría mantenerse en sus zonas históricas, donde tienen las bases sociales para darle vida a su proyecto político.

Si bien al Gobierno y las Farc les falta definir todavía dónde los jefes guerrilleros cumplirán la sanción de restricción efectiva de libertad, lo más probable es que lo hagan en un punto específico de su zona de influencia.

Desde ahí, con vigilancia especial, podrán desplazarse a los lugares donde deben contribuir –como parte de la sanción– en trabajos como el desminado y la sustitución de cultivos ilícitos. También podrán participar en reuniones de carácter político con integrantes de su base social y con otros interlocutores.

Se trata de cambiar las armas por la política. Y tan es así, que el acuerdo anunciado esta semana establece en su punto 10 que “la transformación de las Farc en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”.

Así es como las Farc harán, en sus territorios, el tránsito de organización militar a movimiento político formal.

La participación de esta guerrilla en el Congreso y otras instituciones con cargos de elección popular es otro punto pendiente de los diálogos en La Habana.

En principio esa tarea quedaría en manos de los guerrilleros amnistiados o indultados, beneficios que solo se darán a quienes no hayan cometido delitos graves durante el tiempo de guerra.

La seguridad

Como la puesta en marcha de este plan está condicionada al desarme, es importante tener en cuenta que para que la entrega de armas se dé, la seguridad de los guerrilleros es clave. Por eso este es otro punto complejo de la negociación.

Si algo tienen vivo las Farc es el exterminio de la Unión Patriótica, y las garantías de seguridad para que esto no se repita son un gran pendiente de la mesa de La Habana.

“La seguridad es un compromiso del Estado. Tenemos que brindar esas garantías a los que dejen las armas y se reincorporen a la vida civil”, afirmó el jueves Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno, antes de regresar a Colombia.

Por supuesto, el esquema de seguridad que se acuerde comenzará desde la concentración de los guerrilleros, y la manera como harán esto es parte de la negociación del fin del conflicto, el quinto punto de los seis que incluye la agenda.

En esto han venido avanzando intensamente desde febrero los cinco generales y el almirante y los jefes guerrilleros que hacen parte de la subcomisión del fin del conflicto, y a la que se unieron hace unos días los delegados del Secretario General de la ONU, Jean Arnault, y de la presidencia de Unasur, el exministro de Defensa uruguayo José Bayardi.

Ellos van a ayudar a diseñar un sistema de verificación, en cuya implementación participarán los organismos que representan.

Además, según explica el comisionado para la Paz, jugarán un papel clave en la dejación de armas de las Farc y en las garantías que necesita el país para que los fusiles no vuelvan a usarse.

Se calcula, según dijo a EL TIEMPO una fuente cercana al proceso de paz, que unas 600 personas de la ONU y otros organismos internacionales harían la verificación de unos 20 puntos de concentración que tendría la guerrilla.

Para Humberto de la Calle, lo que falta en la mesa de negociaciones de La Habana, corresponde más a decisiones políticas que a la elaboración de textos largos y complejos, como fue el caso en los tres primeros acuerdos: tierras, participación política y drogas ilícitas.

“Lo que tenemos por delante no es tanto la construcción de una palabra tras otra, sino terminar de tomar decisiones políticas como las que conoció el país el miércoles”, señala.

Esto incluye, desde luego, otro punto álgido en el que las partes tendrán que ponerse de acuerdo: el mecanismo de refrendación, que forma parte del último punto de la agenda.

Esas son las tareas que deben cumplir en los seis meses que quedan de la negociación. Así, el 23 de marzo próximo podrá pasar a la historia como el día en el que Colombia puso fin al conflicto con las Farc.

Acuerdo llegará a la CPI

La canciller María Ángela Holguín anunció que mañana en la tarde sostendrá un encuentro con la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, para exponerle el acuerdo sobre justicia que se alcanzó con las Farc.

La ministra de Exteriores agregó que la idea de la reunión, la cual se realizará en La Haya, es hacer “partícipe” a la CPI del esquema de justicia que se acordó “y que sepan de primera mano en qué consisten” los acuerdos.

Holguín estará acompañada de Manuel J. Cepeda, quien participó en la subcomisión que trabajó en el pacto.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
Twitter: @MarisolGmezG

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