El camino de la paz

El camino de la paz

¿Y si la paz llega en seis meses? Será inaplazable renovar nuestros liderazgos y la ética pública.

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26 de septiembre 2015 , 07:50 p. m.

Las noticias de esta semana han dejado a los más escépticos contradictores del proceso de paz con la boca cerrada. Y a los más entusiastas, con la boca abierta. Superado el tema de la justicia, parece irreversible que, finalmente, los colombianos vamos a acariciar el sueño de la reconciliación. Esto de la paz va en serio.

Es increíble, pero el núcleo más importante del acuerdo sobre justicia tomó por sorpresa a los colombianos. La justicia transicional es un modelo universalmente aceptado para alcanzar una paz estable y duradera, que está impresa en el mármol de nuestra Constitución. En el Marco Jurídico para la Paz (A. L. n.° 1 del 2012) se aceptan los criterios de priorización y de selección como parte de los instrumentos de la justicia transicional, por lo cual solo se investigará a los máximos responsables de la guerrilla y respecto de los más graves y representativos delitos cometidos. Por ello, la Constitución vigente autoriza “la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados” y abre las puertas a la amnistía de los restantes.

Así, la noticia más importante es que la guerrilla ha aceptado el Marco Jurídico para la Paz, luego de que por años se negó a reconocerlo, lo que muestra el grado de madurez que ha alcanzado el proceso promovido por el presidente Santos y la real voluntad de negociación. Es un paso muy significativo, ya que será en el marco constitucional de la Nación en el que podrá concluirse la negociación. Asimismo, la implementación de los acuerdos recibe la impronta de la seguridad jurídica, porque la Corte Constitucional ya avaló la reforma constitucional del 2012.

Por cierto que al prever el acuerdo una gradualidad sancionatoria que parte de la base de la privación de la libertad, en el contexto de una justicia restaurativa, se ajusta también a la condición impuesta por la Corte de que la pena sea efectiva y que las condenas que reciban los rebeldes no se beneficien de la suspensión total de ejecución de la condena, cuando se trata de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos.

Será la ley la que determine los términos de cumplimiento de las sanciones, por lo que es francamente irresponsable dar rienda suelta a las especulaciones sobre el modelo en que se cumplirá la pena. Sería muy útil que todos los sectores de la sociedad contribuyeran al diseño legislativo de este asunto, para alcanzar un consenso nacional sobre el tema.

El comunicado conjunto también señala que la Jurisdicción Especial para la Paz debe alcanzar a quienes de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado. Es una definición esencial que en buen momento promovió el presidente Gaviria. No puede ser de otra forma, y así lo dice la Constitución para los agentes del Estado. Lo que corresponde ahora es que ellos y los particulares no combatientes que atizaron la guerra conozcan los postulados bajo los cuales se podrán beneficiar de la justicia transicional.

¿Y si la paz llega en seis meses? Será inaplazable renovar nuestros liderazgos, la ética pública y nuestros partidos, para afianzar la representación de quienes profesamos el modelo político, social y económico que nos rige. Porque la guerrilla desmovilizada empezará su trabajo político. En Centroamérica han sido exitosos. En Venezuela también, aunque por otro camino: cuando se desmovilizó la insurgencia a comienzos de los años 60, acordaron “desarrollar un trabajo permanente en el seno del ejército que abra las posibles alianzas a corto y a largo plazos en el proceso de la conquista del poder” (Manifiesto de la Montaña, 1964). Y lo lograron. Nadie puede ser indiferente frente a esta realidad.

NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ

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