La hora de la verdad

La hora de la verdad

El acuerdo sobre justicia transicional hace entrar las negociaciones en su recta final.

26 de septiembre 2015 , 07:50 p. m.

El acuerdo sobre justicia transicional comienza a destrabar el nudo gordiano de la negociación, aunque aún requiere precisiones sobre las penas alternativas a los condenados por delitos graves. Como otros analistas, había subrayado que el resultado del proceso era muy incierto hasta tanto se alcanzara un acuerdo en esta materia que fuera razonablemente satisfactorio, tanto para los colombianos como para la justicia internacional. Hoy, al analizar el texto del nuevo acuerdo, debo reconocer que, aun cuando falta trecho por recorrer, el tren arrancó por fin y ya no podemos quedarnos en el andén de la estación discutiendo sobre el sexo de los ángeles.

Ningún acuerdo importante deja enteramente satisfecho a nadie. Algunos hubieran preferido que aquellos dirigentes de las Farc que han cometido crímenes de lesa humanidad, y otros delitos internacionales, purgaran al menos 20 años de cárcel en La Picota. Pero una negociación se hace entre dos partes y, en un momento dado, hay que escoger entre un acuerdo imperfecto y una posición de principios que la contraparte no acepta.

Lo mismo ocurre en cualquier otro tipo de negociación. Los gerentes a veces tienen que aceptar una convención colectiva que impone una carga fuerte –aunque manejable– para las finanzas de la empresa, frente a la eventualidad de una huelga indefinida muy destructiva. Y los líderes sindicales tienen con frecuencia que aceptar lo máximo que está dispuesta a conceder la empresa, o arrastrar a los trabajadores a una aventura muy riesgosa para todos. Si los accionistas quedan muy insatisfechos con el acuerdo, echarán al gerente. Y si los trabajadores creen que la dirigencia sindical los vendió, no volverán a apoyarla.

El Gobierno ha aceptado un acuerdo imperfecto, en lugar de responsabilizarse por arrastrarnos a muchos años más de confrontación armada. Una vez terminada la negociación, nos tocará a los ciudadanos hacer una reflexión similar para decidir si refrendamos o no los acuerdos. Por su parte, los diversos frentes de las Farc tendrán que decidir si se acogen a lo que firmen sus dirigentes, o si se exponen a ser perseguidos implacablemente como delincuentes comunes.

El acuerdo anunciado es razonable, en términos generales, como lo señaló ya la Fiscal de la Corte Penal Internacional, por cuanto: (1) no habrá amnistía o indulto para ‘los delitos de lesa humanidad, el genocidio, … la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual’; (2) para estos delitos habrá restricciones de la libertad entre 5 y 8 años, para quienes los confiesen oportunamente, y cárcel hasta de 20 años para quienes no lo hagan y resulten condenados; (3) los beneficios de justicia transicional cubrirán también a otros actores del conflicto (militares, políticos o empresarios) que hayan cometido este tipo de crímenes y los confiesen; (4) ‘en el caso de las Farc, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas’; (5) las víctimas tendrán un papel central en el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

También es bueno que se haya acordado finalizar la negociación en seis meses.

Subsiste, sin embargo, una preocupación legítima. El texto no especifica las penas alternativas. Dice solo que ocurrirán “a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad”. Santos ha dicho que las penas alternativas no pueden ser ‘simples simulacros’ y la redacción final debe reflejar claramente este compromiso. Debe precisar las condiciones de reclusión y referirse expresamente a actividades como las de desminado y sustitución de cultivos.

GUILLERMO PERRY

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