Magnánimos, pero vigilantes

Magnánimos, pero vigilantes

No puede pasar que las propias Farc escojan a sus jueces, porque todo terminaría en una gran farsa.

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26 de septiembre 2015 , 07:50 p. m.

Como era de esperarse, el acuerdo judicial con las Farc en La Habana salió con el máximo de impunidad tolerable por las normas internacionales.

Aun así, confieso que el anuncio me dejó más ligera de carga; alivia que por primera vez las Farc aceptan someterse a la jurisdicción del Estado. El Tribunal Especial que las juzgará se creará en el marco de las reformas que admita la Constitución, aunque la manera como funcionará tiene inquietantes incógnitas.

A los autores de delitos atroces que digan la verdad se les aplicarán “sanciones restrictivas de la libertad”. ¿Qué significa el término, que excluye las palabras ‘condena’, ‘cárcel’ y ‘resarcimiento económico’? Según el ‘fiscontratador’ general de la Nación, Eduardo Montealegre, entusiasta impulsor de la impunidad de las Farc, implica que sus cabecillas tendrán “el municipio como cárcel”. Así dijo. Prefiero ponerlo en estos términos: los máximos culpables de los más graves delitos de las Farc pasarán entre cinco y ocho años del resto de su vida condenados a no ser hombres libres. Eso ya es algo, si se diseñan los mecanismos para que las restricciones de sus libertades realmente se cumplan.

Al presidente Santos hay que reconocerle una tenacidad a prueba de los peores obstáculos. Este anuncio de la justicia transicional se iba a ir en medio de la prolongación de unas negociaciones indefinidas en el tiempo. Pero el Presidente se plantó, demostrando que todavía recuerda cómo hacerlo; obligó a definir que la paz se firmará el 23 de marzo, y el desarme procederá dentro de los dos meses siguientes. En este lapso, De la Calle tendrá que lograr cerrar la agenda, cumpliéndonos su promesa de que las Farc, en los temas que quedan pendientes, no nos refundarán la patria.

Lo acordado en La Habana permite, hasta donde sabemos, que el Estado colombiano mantenga su ventaja estratégica sobre una guerrilla diezmada, siempre y cuando en el camino que sigue no se cometan divagaciones ni equivocaciones. Pero el Gobierno tendrá que aclararnos cómo son los planes de las Farc para que ese Tribunal Especial también juzgue a los expresidentes colombianos vivos, y qué espacio tendrá el fiscal Montealegre, persecutor político inclemente de opositores de este Gobierno, de presentar sus “contextos” ante el Tribunal. ¿Podrá obligar a quienes él señale a decir lo que a él se le antoje, so pena de mandarlos 20 años a la cárcel, mientras genocidas y secuestradores pasean por su municipio?

No le temo al mecanismo que se escoja para la entrega de armas de las Farc. Hasta mejor que no se le haga al Estado colombiano: con esta corrupción, terminarían recicladas a la criminalidad. Tampoco les temo a las zonas de concentración territorial en las que habrá que instalar a la guerrilla aún armada, que ni de vainas el Gobierno permitirá que sean 50, como quieren las Farc. A lo que sí le tengo pánico es a la conformación del Tribunal Especial que juzgará a las Farc, que hasta tendrá jueces extranjeros a bordo.

Aún no se ha escogido el sistema de elección de sus miembros. Es el corazón del acuerdo judicial. Lo único que no puede pasar es que sean las propias Farc las que escojan a sus jueces, porque todo esto terminaría en una gran farsa.

¿De dónde sacaremos entonces a esos jueces probos, independientes, autónomos, que nos brindarán a los colombianos las garantías que esperamos? Se buscan. Pero corremos el riesgo de que nos metan ahí una línea como la del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, ahora reciclado en labores internacionales, que emborrachaba testigos para instruir sus cargos y se trasteaba los expedientes de la Corte Suprema a la casa para filtrarlos a los medios; o tipo el exjuez Baltasar Garzón, cuyos impedimentos morales para ejercer su profesión en España aquí han resultado motivo de premio con millonarios contratos de la Fiscalía. Más grave aún: ¿qué podemos esperar del nivel de ese Tribunal que va a juzgar a las Farc, si el presidente de la propia Corte Constitucional es el magistrado Pretelt?

Colombianos: ser magnánimos con este proceso de paz es una obligación. Pero no bajar la guardia también.

Entre tanto... Increíble que, según la Corte Suprema, el narcotráfico sea un delito insignificante si se comete para derrocar al Gobierno.

MARÍA ISABEL RUEDA

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