Mientras la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, afirmó este jueves que ve “con optimismo” que el acuerdo sobre justicia entre el Gobierno y las Farc “excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, críticos del proceso de paz abrieron un gran debate sobre lo pactado en La Habana.
En particular, sobre dos puntos: la restricción de libertad en condiciones especiales para los autores de crímenes graves y la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que los investigará, juzgará y sancionará. (Lea: Acuerdo sobre justicia transicional está listo para ir al Congreso)
Lo llamativo de la polémica es que se dio sobre puntos del acuerdo que tienen pendiente la definición de los detalles, como quedó claro tras el anuncio del Gobierno y las Farc.
Por ejemplo, el procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo que “la restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales (...) puede reducirse a la prohibición de salir del país o a la realización de un trabajo comunitario, lo cual a todas luces incumpliría todos los tratados internacionales”.
Pero las condiciones específicas de la restricción de la libertad están por decidirse. Este jueves, el jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo desde La Habana que ahora el acuerdo sobre justicia tiene unas bases que tendrán que desarrollarse. “Hay demasiadas especulaciones”, agregó De la Calle.
Precisamente, sobre la restricción efectiva de la libertad, el comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, explicó que el autor de un crimen grave que pase por la Jurisdicción Especial “va a tener que estar en un lugar con un régimen de vigilancia y control” y que “las características de ese régimen y el lugar dependerán de cómo se termine de configurar el acuerdo”. (Lea: Gobierno pide no especular en debates sobre acuerdo con las Farc)
Precisó que quienes tengan restricción de la libertad no van a estar “dando saltos por los municipios de Colombia como les parezca”.
Por otro lado, el expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, dijo, en referencia a la diferenciación de penas que hará la Jurisdicción Especial para la Paz sobre quienes aceptan y no aceptan responsabilidad en un crimen grave –de mínimo 5 años y máximo 8 de restricción de la libertad si admite la culpa, o cárcel ordinaria, si no la admite–, que “a un colombiano, en esas condiciones, le van a decir: ‘bueno, a usted las Farc lo acusan de tal crimen. Si usted no lo acepta, se va para la cárcel; si lo acepta, le restringimos la libertad’ ”.
El hecho es que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá como insumos en la investigación los expedientes recopilados por la justicia ordinaria y la Fiscalía.
Finalmente, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, descartó que se vaya a crear un supertribunal y recordó que la instancia para la paz tendrá “distintas salas, con distintas funciones (...) y con un número plural de magistrados”. La manera como serán elegidos tampoco está definida. Ayer, al referirse a las especulaciones que hay sobre el acuerdo, Humberto de la Calle dijo que también hay una “discusión ficticia” cuando se asegura que “dejación” (de armas) no es entrega de las mismas. “No habrá armas en poder de las Farc”, puntualizó. (Lea: Nadie tiene fuero frente al Tribunal para la Paz: Juan Carlos Henao)
La CPI dice que lo pactado evita impunidad
Además de afirmar que el Gobierno colombiano y las Farc dieron un “paso significativo hacia el fin del conflicto armado” con el acuerdo sobre justicia anunciado el miércoles en La Habana, la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, dijo ayer que ve “con optimismo que el acuerdo excluye la concesión de amnistías por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”.
Además, anotó en un comunicado que el acuerdo “está diseñado, entre otras cosas, para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves”.
Explicó que la Fiscalía de la CPI, que dirige, “revisará en detalle y analizará cuidadosamente las disposiciones acordadas, como parte de su continuo examen preliminar sobre la situación en Colombia”, y que para ello su oficina “entablará extensas consultas con el Gobierno colombiano y otras partes interesadas, incluyendo víctimas y organizaciones de la sociedad civil pertinentes”. (Lea: Militares presos evalúan someterse a nuevo modelo de justicia)
En todo caso, Bensouda afirmó que “cualquier iniciativa práctica y genuina que permita alcanzar este objetivo loable (la paz) y que rinda homenaje a la justicia como un pilar fundamental para una paz sostenible es, desde luego, bienvenido por la Fiscalía” de la Corte Penal Internacional.
La CPI es el tribunal que juzga a criminales de guerra si el país al que pertenecen no les aplica justicia.
Opinan
Álvaro Uribe, senador Centro Democrático
1. “Soldados y policías, incluidos en teoría de contexto, tendrán que confesar crímenes que no cometieron o irse a la cárcel”.
2. “La palabra ‘dejación’ equivale a que terrorismo mantenga las armas y las use cuando quiera”.
Angélica Lozano, representante Alianza Verde
(Le responde a Uribe): 1. “Falso. La crítica y oposición es necesaria en el proceso de paz, pero no envenene a la gente con tergiversación”. 2. “Falso rotundamente. Expresidente, su voz es muy importante para millones de personas, no les mienta”.
Alfredo Rangel, senador Centro Democrático
“Paz con impunidad no es estable ni sostenible. Esto ofende a las víctimas, la rechaza el pueblo, burla la justicia, genera nuevos ciclos de violencia”.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior
“No deja de causar tristeza y desconcierto que frente a la posibilidad de ponerle fin al conflicto en Colombia, surjan voces que insisten en criticar y descalificar cualquier avance de la paz en Colombia. Llega uno a la conclusión de que ninguna justicia les hubiera servido”.
Con reportería de Milagros López, corresponsal en La Habana.
