Uno de los acuerdos que este miércoles se anunció desde La Habana por parte del Gobierno y las Farc está relacionado con la puesta en marcha de un tribunal especial para juzgar a los autores de delitos graves, incluidos los de lesa humanidad, el genocidio y crímenes de guerra. Es la primera vez que en América se acoge esta figura en la que tendrían asiento magistrados internacionales.

La propuesta ha recogido voces a favor y en contra. Analistas, como Raúl Eduardo Sánchez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y abogado de la Barra de Abogados de la Corte Penal Internacional (CPI), señala que esta jurisdicción especial es válida y hace parte de los mecanismos de justicia transicional. (Además: 'Crímenes que más les duelen a los colombianos no quedarán impunes')

“En el derecho penal internacional ya hay un antecedente y esto brinda garantías para todas las partes, porque permite una visión distinta a la nacional de lo que tiene que ver con la aplicación de la justicia transicional”, indicó.

Para Sánchez, lo ideal es que el grupo de magistrados que hagan parte de estos tribunales sean entre tres y cinco togados. (Lea también: Procurador Ordóñez arremete contra el acuerdo de Gobierno y Farc)

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, asegura que la figura no es viable porque, según explica, el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el tribunal que vaya a juzgar a una persona debe haberse creado con anterioridad a la fecha en la que se cometió el delito.
“El punto exige que el tribunal exista antes, para que sea objetivo. No solamente creado para juzgar con una inclinación hacia sancionar sino también hacia absolver, porque si es un tribunal creado ex post facto es un quebrantamiento total de la imparcialidad”, argumenta Pinilla.

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