Candidatos a Concejo y JAL, en la mira por presunta pirámide electoral

Candidatos a Concejo y JAL, en la mira por presunta pirámide electoral

Estarían desviando dineros de una campaña a otra sin que queden registrados en la contabilidad.

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22 de septiembre 2015 , 09:04 p. m.

La sospecha por presuntas irregularidades en el manejo de las cuentas de algunas campañas llevó a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les ponga el ojo a candidatos del Concejo y de las Juntas Administradoras Locales (JAL) de Bogotá. La autoridad electoral verificará si ocultan o ‘encriptan’ gastos de otros candidatos.

Los dineros se mueven en efectivo y no quedan registrados en libros. El magistrado del CNE, Armando Novoa, alertó sobre esos ‘agujeros grises’ pues a su juicio, mientras un alcalde tiene un tope de 3.500 millones de pesos, según la resolución 0127 del 2015, una sola lista a la JAL tiene la posibilidad de gastar hasta 1.756 millones de pesos. La cifra es astronómica si se multiplica por las 19 localidades y por el número de listas presentadas por cada partido. Y el tope para Concejo es de 17.566 millones de pesos, según la Resolución 0128 del 30 de enero de 2015.

Lo que advierte el magistrado Novoa es un ‘abismo’ por donde pueden pasar los recursos de una campaña a la otra de forma ilegal.

Es decir que un candidato al Concejo o incluso a la Alcaldía puede utilizar esos movimientos para pasar dineros de un lado a otro, sin que se detecten los movimientos. Lo grave es que son los colombianos quienes pagan estas campañas a través de la reposición de votos.

“Candidatos de arriba pueden ocultar sus gastos de campaña a través de las listas de abajo, con una estructura piramidal. Eso es lo que vamos a revisar. Vamos a ir a las campañas a establecer cómo se están manejando esas cuentas, vamos a revisar cada uno de los libros”, afirmó el magistrado.

Los grupos de monitoreo del Consejo Nacional Electoral van a seguir, peso a peso, los movimientos de ingresos y egresos.

Vale la pena señalar que lo que puede gastar cada candidato es determinado por cada partido.

Ya se habla de candidatos al Concejo que “hace rato pasaron por los 2.000 millones de pesos”, como lo afirmó un candidato y actual concejal, para buscar una curul, y de más de 200 millones de pesos de candidatos para JAL.

Empresa electoral

Es una operación de forma “piramidal”, como lo calificó el magistrado Novoa, y que desborda incluso el control inmediato de las autoridades pues se trata de dineros en efectivo.

Varios concejales, exconcejales, ediles, asesores y candidatos que conocen de la mecánica política se refirieron al tema.

Por obvias razones, no autorizan publicar su nombre pero advirtieron sobre lo que sucede en los territorios. Un reconocido concejal que sabe de todas estas prácticas señala: “Le cuento que estoy asustado. No sé de dónde sacan tanta plata, quién financia a ciertos candidatos. Yo estoy reventado”, dijo en diálogo con EL TIEMPO.

Así, de la lechona, el tamal, la promesa de un puesto o la recomendación política, se pasó a la compraventa de votos y de candidatos en efectivo, dineros que están por fuera del control legal.

Otra fuente afirma que ya le han arrebatado varios de sus líderes a través de millonarios pagos.

“Es increíble que un edil o un líder valga tanta plata. Multiplique eso por votos y ahí tiene el resultado de esa operación. No solo destruyen el trabajo comunitario sino que se convierten en empresas que trabajan cuatro años para reclamar su plata a costillas de los ciudadanos. No importa que no salgan elegidos, igual cobran de 50 millones para arriba”, afirma el ‘manzanillo’.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha denunciado que en los barrios de Bogotá se mueven “mafias politiqueras” que tienen empresas para la compraventa de votos al menudeo, a través de almuerzos, paseos con adultos mayores, mercados, fiestas, rifas hasta tienen listas en empresas y fábricas con los nombres, cédulas y puesto de votación de los trabajadores.

La MOE también detectó casos de trashumancia, es decir trasteo de votos entre localidades, tema en manos del magistrado Novoa, quien ya tiene el concepto para que el CNE pueda cancelar inscripciones en Bogotá.

BOGOTÁ

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