Regiones con sed pierden más de $ 31.000 millones de regalías

Regiones con sed pierden más de $ 31.000 millones de regalías

Contraloría halló detrimento de recursos para obras de acueductos y alcantarillado.

notitle
13 de septiembre 2015 , 09:35 p.m.

Casanare, que en el último año enfrentó la grave sequía causante de la muerte de 20.000 chigüiros, reses y caimanes, y en cuya capital desde hace más de cuatro años se sufre el desabastecimiento de agua, es el departamento que más dinero malgasta de las regalías que, se supone, están dirigidas a garantizar el líquido vital.

En el último año, 24.483 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de acueductos y mejoras en el servicio de agua potable se perdieron por causa de las malas administraciones de alcaldías en tres municipios.

Esa vergonzosa realidad de Casanare se extiende, por lo menos, a siete zonas del país. De las regalías que reciben las regiones, según la Contraloría, las que se deberían invertir para el agua son las que más se están desperdiciando, irónicamente, en los municipios más sedientos. La alerta es aún mayor teniendo en cuenta que, según el Ideam, el país vivirá en los próximos meses un intenso fenómeno del Niño que se podría prolongar hasta marzo del 2016.

En una evaluación que la Contraloría hizo sobre el manejo de regalías, con corte a junio del 2015, se evidenciaron 14 irregularidades con dineros del agua en Antioquia, Boyacá, Casanare, La Guajira, Meta, Sucre, Valle del Cauca y Vaupés. De los 112.000 millones de pesos de regalías que se perdieron en el último año en todos los frentes, el 28 por ciento (31.145 millones de pesos) eran dineros para el líquido vital, y el 22 por ciento, para educación.

Los manejos irregulares, según el órgano de control, se dan por el uso ilegal de esos recursos públicos, la mala gestión de las interventorías en los contratos, la baja calidad de las obras entregadas y sobrecostos.

En Tauramena (Casanare), uno de los municipios más afectados por la sequía, se perdieron 17.248 millones de pesos del agua en contratos que se pagaron, pero que no beneficiaron a nadie. La Contraloría estableció que desde el 2009 ese municipio comenzó un megaproyecto para construir un acueducto y un sistema de suministro de agua potable que permitiera llevar el líquido vital a siete veredas de la región y conectara el río Chitamena con el río Caja. Se firmaron cuatro contratos con la Empresa Municipal de Servicios Públicos (Esmet), y aunque se le pagó por esos negocios las obras no fueron terminadas y “no cumplieron su fin social”.

Una situación similar vive Aguazul (Casanare), donde hace seis años la Alcaldía suscribió un contrato con la Unión Temporal Ingecasanare, en el que le dio un plazo de seis meses para “optimizar el sistema de tratamiento de aguas residuales” en la región. A la fecha, las obras y equipos de este proyecto “se encuentran sin funcionamiento, en abandono, proceso de deterioro, sin prestar ningún servicio a la comunidad e incumpliendo con la normatividad ambiental vigente”, dice la Contraloría.

La construcción tiene decantadores y sopladores dañados que han impedido que funcione. Las pérdidas en esa fallida obra fueron de 7.156 millones de pesos.

Y en Yopal, la capital de Casanare, la Contraloría concluyó que, pese a que en el 2014 tuvo un presupuesto de 307.688 millones de pesos, incluidas regalías, “no se realizaron eficazmente inversiones en el sector de agua potable, y esto afectó notablemente el desarrollo social y la salud de la comunidad”, pues este municipio desde hace cuatro años no tiene acueducto. Por retrasos en la construcción del acueducto, la Procuraduría destituyó al alcalde de Yopal, William Enrique Celemín, por 13 años.

Elefantes blancos

En Manaure, La Guajira, uno de los municipios con más temporadas de sequía que afectan los cultivos de pancoger y la crianza de chivos –alimentos con los que se podrían evitar las muertes por desnutrición–, la alcaldía local dejó perder 1.712 millones de pesos que debían invertirse en el servicio de agua.

El 18 de enero del 2013, la Alcaldía suscribió un contrato de obra con Yezid Cornejo Ochoa para construir un sistema de acueducto y alcantarillado en el barrio Villa Sara y adecuar las lagunas de agua en Manaure.

El negocio se firmó por 5.751 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución de 11 meses. Sin embargo, la Contraloría corroboró las denuncias de quienes informaban que, después de que se hizo la prueba hidráulica en el acueducto, este no funcionó y, por lo tanto, a la fecha sigue sin prestar el servicio de suministro de agua potable. “Lo anterior se presenta por fallas de supervisión y control en la ejecución del proyecto, así como la revisión técnica de diseños aprobados”, dice el organismo de control fiscal.

Tampoco están en funcionamiento, desde hace tres años, las obras de acueducto y alcantarillado en Cabuyaro (Meta) que, según los ciudadanos, hoy están cubiertas por la maleza. Ese municipio ha recibido en los últimos tres años más de 17.000 millones de pesos en regalías, pero perdió 3.196 millones para el agua en una obra que se convirtió en un elefante blanco. “Desde su construcción nunca se obtuvo el permiso de vertimientos ni la aprobación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos”. La situación es tan grave que por la obra inservible, las aguas contaminadas siguen descargándose en el río de la región.

En Antioquia, en el municipio de Yondó, se firmó en el 2013 un convenio interadministrativo por 5.200 millones de pesos con la empresa de servicios públicos para construir las redes de alcantarillado y agua potable. Pero las alcantarillas quedaron con problemas de drenaje de aguas lluvias, lo que ha generado inundaciones en las vías y en las viviendas del sector. En esa obra se generó un detrimento de 2.315 millones de pesos que corresponden al valor que se le pagó al contratista por una obra sin utilidad.

Canal de aguas lluvias en Ciénaga no sirve

Los 10.379 millones de pesos que se usaron en Ciénaga (Magdalena) para la construcción del canal de aguas lluvias Simón Bolívar fueron malgastados. Así lo determinó la Contraloría al evaluar los gastos del municipio en ambiente y desarrollo sostenible. Aunque la obra fue terminada y el contrato liquidado, la falta de mantenimiento ha dejado casi nula su capacidad hidráulica. Esto, señala el organismo de control, ha traído más mosquitos transmisores de enfermedades.

Nadie responde por contratos para alimentos y educación

De acuerdo con las evaluaciones de la Contraloría General, después de los recursos para el agua, las regalías que más se pierden son las que deberían invertirse en educación.

En el último año, 13 departamentos perdieron 25.314 millones de pesos que se pudieron haber destinado para la construcción de colegios, ampliación de cupos, alimentación escolar y contratación de docentes.

Uno de los casos más críticos es el de Cesar, en donde la Contraloría registró un detrimento 6.797 millones de pesos en contratos y obras fallidas de escuelas.

En un municipio de ese departamento, en La Jagua de Ibirico, se encontró que el municipio contrató en el 2012 la compra de “mobiliario escolar, implementos deportivos, culturales y tecnológicos” para dotar a los colegios de la región.

El órgano de control fiscal evidenció, en diferentes visitas a las instituciones educativas, que en la negociación la Alcaldía no hizo estudios previos para validar qué tanto material debía comprar, por lo que se encontraron colchonetas, balones y computadores en bodegas sin usar. También se compraron dispensadores de agua que nunca fueron instalados y que no benefician a los estudiantes.

Lo mismo ocurre con la alimentación escolar, caso que se suma a los denunciados por la Defensoría del Pueblo hace un mes.

La Jagua de Ibirico hizo un contrato en el 2014 con el Consorcio Alimentando con Amor, en el que se invirtieron 1.853 millones de pesos de regalías.

Se encontró que el operador no estaba entregando todos los almuerzos pactados, por lo que en tres meses al menos 500 niños se quedaron sin esos alimentos.

Una situación similar ocurre en Vichada. Al evaluar el uso de regalías para educación en ese departamento, la Contraloría evidenció pérdidas de 5.087 millones de pesos.

Entre las irregularidades hay dos contratos del 2014 para el suministro de alimentos en colegios de la región. “El contrato tiene un incumplimiento del 70 por ciento ya que se constató que los víveres no llegan en la cantidad requerida, ni cumplen con los requerimientos nutricionales”.

JUSTICIA
milsar@eltiempo.com

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.