¿Es cierto, Ministro, que el Gobierno ha decidido reducirle al agro el 40 % en el proyecto de presupuesto para el año entrante?
En el borrador inicial figuraba un recorte del 48 %. Pero, con absoluta seguridad, no va a salir así del Congreso porque el Presidente dio la instrucción de revisar el tema al Ministro de Hacienda. Un recorte así no puede ser. (Vea aquí: ¿Por qué manifestantes se tomaron el Ministerio de Agricultura?)
¿No nos vamos a dejar? (risas)
No he querido ventilar el tema a nivel público porque uno no puede pelear con el que firma los cheques. El sector del agro no es el único que está sufriendo una disminución presupuestal de menor o mayor grado. Pero tenemos que definir prioridades, y una de las principales es el agro. (Lea también: Trabajadores del agro insisten en que Gobierno les ha incumplido)
Lo que se confirmó con el reciente censo agropecuario, y que ha sido motivo de tanta polémica por su delicadeza, es que el campo colombiano es supremamente pobre, y que del sector urbano lo separa un abismo todavía gigantesco.
Tres veces más pobre si comparamos solamente sector urbano contra sector rural. El 44 % de la población se encuentra en estado de pobreza. Tradicionalmente ha habido un abandono, que el presidente Santos tuvo la valentía de reconocer.
Sobre el costo de vida que estamos viendo... desde luego, el alza del dólar incide profundamente, por los insumos importados. Pero ¿existe alguna otra razón para que esté pegando especialmente duro en el sector alimentos?
Se unieron varios factores. El más importante de todos es el reconocimiento de que el país tiene abandonada la política de seguridad alimentaria. Eso quiere decir que hoy somos básicamente dependientes, en elementos muy importantes de la canasta familiar, de productos importados. Dos sectores sustanciales son cereales y leguminosas. (Vea aquí: Austeridad enreda cambio de las entidades del agro)
¿Cuánto depende el país de cereales y legumbres importados?
Casi 75 % en ambos sectores. Entre los cereales está el trigo, del que casi el 99 % es importado. La cebada, que se utiliza para los concentrados animales, para algunos productos de consumo humano y para la producción de cerveza, se importa en un 90 %. Y así seguimos: maíz, más del 80 % es importado; arroz, importamos más de la mitad. Y si pasamos a las leguminosas, que son fríjol, alverja, lenteja, los porcentajes están todos por encima del 50 %. En esos productos que acabo de mencionar, el país es prácticamente dependiente de las importaciones, y con un dólar que pasó de 1.800 a 3.000 pesos, pues generan ese incremento en el costo para los consumidores. El reto es un plan real de sustitución de importaciones. Esta misma semana lo vamos a lanzar.
¿En qué consiste el plan?
El país necesita tener una política de seguridad alimentaria, que es soberanía alimentaria. En tres años tendremos que resolver qué vamos a sembrar y en dónde para sustituir importaciones. Y, por otro lado, incrementar la producción de aquellos productos que tienen un mercado muy importante no solo en Colombia, sino en el exterior. Tampoco podemos seguir dependiendo de los tres productos tradicionales, café, banano y flores, sino abrirnos hacia otros productos que están teniendo mucho éxito, como el aguacate, cuyas exportaciones hemos incrementado en un 147 %, o el cacao, en un 100 %. Pero los volúmenes todavía no son los suficientes. (Lea: Educación y defensa se salvaron del recorte en el presupuesto de 2016)
¿Qué sucederá con las exportaciones de carne?
Ahí tenemos no solo la oportunidad del tipo de cambio, sino que se juntaron otras ventajas: Estados Unidos tiene un menor lote de ganado... Niveles como los de hoy solo tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, y en Australia está pasando lo mismo. Hay que abastecer, entre Estados Unidos y Europa, a mil millones de consumidores de carne. Y también nos está permitiendo ingresar, por ejemplo, al mercado de la Liga Árabe, a donde la semana pasada logramos exportar las primeras 24 toneladas de carne. Se puede decir que es muy poquito, pero es la primera vez que un ganado nacido, criado y desarrollado en Córdoba va a ser consumido por los árabes en Jordania.
La carne también está reflejándose en las cifras de inflación. ¿Por qué?
En mi concepto, por pura especulación. Durante 10 años el precio de la carne para los productores en Colombia se mantuvo estable, entre 3.200 y 3.500 pesos el kilo de novillo gordo. Con este verano que tenemos en estos días, hay que descargar los potreros, vender el ganado. Entonces, lo que debe haber en este momento es una mayor oferta de ganado.
Pero esa mayor oferta no se está reflejando en los precios...
El incremento en los precios a los productores de carne por culpa del dólar ha sido muy bajo, estamos hablando de que hoy puede valer entre 3.200 y 3.600 pesos el kilo. Y ese mismo kilo en un supermercado vale 20.000 pesos. Entonces, hay alguien en la cadena que se está quedando con mucha plata, y lógicamente no es el ganadero.
Hablemos de azúcar. ¿La rebaja hasta un 70 % de los aranceles del producto importado fue un ‘round’ entre industriales y agricultores?
El sector de la confitería manifestó la queja de frente, de que estaban comprando un azúcar más cara que la que se podía importar.
Suena raro, porque precisamente el del azúcar es un sector que ha logrado hacer agroindustria...
El sector azucarero de Colombia, cuando somos improductivos en todo, es uno de los más productivos del mundo. Ahí empieza la revisión del tema, que no solo se ha hecho en este gobierno, sino en anteriores, pero nadie había querido tomar una decisión al respecto. Una sobreprotección del 117 %, que era el arancel del azúcar importado, es excesivamente alta. Se bajó al 70 %. (Lea también: Gremios rodean a los productores de azúcar)
¿Se queda en el 70 % o irá disminuyendo, hasta el 40 %?
No se dice que la reducción irá hasta el 40 %, pero sí quedó establecida una revisión semestral de los efectos que tendrá esta medida, para continuar con reducciones adicionales. Así lo dice el texto del decreto.
Las economías abiertas ya no dan para ese proteccionismo, pero, por el otro lado, a los azucareros los he oído muy enfáticos en que no es cierto que el precio del azúcar en el país sea más caro que el del importado...
La verdad es que fue una decisión que yo veo justa.
Los azucareros están bravísimos porque lo consideran un cambio brusco en las reglas del juego…
Cada vez que se disminuye cualquier medida de protección a cualquier sector, se ponen bravísimos.
Si esto era un ‘round’ industria vs. agricultura, ¿ganó la Ministra de Comercio y perdió usted?
Esta fue una decisión que se tomó en equipo con Hacienda, con Comercio, con Agricultura, una decisión unánime del Gobierno. No es un tema de industria vs. agroindustria, sino de cómo le sale el azúcar o la galleta a la ama de casa que va al supermercado. A ella le va a bajar el precio. Pero el Ministro de Agricultura formará parte de ese comité, y estaremos listos para medir los efectos. (Vea también: Industria y agro, las ramas de mayor aporte al empleo)
Hace unos días vimos imágenes terribles de cómo se tomaron el Ministerio unas personas encapuchadas y armadas con flechas.
Eso no fue solo una toma, sino una toma violenta. Los indígenas no cargan flechas solo para mostrarlas, sino para ir de cacería o cuando tienen que defenderse. Unas 150 personas se encapucharon y esperaron en varias cuadras a la redonda a que el Ministro ingresara al Ministerio. Rechazamos totalmente este tipo de acciones de hecho, arbitrarias e inaceptables. Ese día no se hizo ningún acuerdo. Hace 6 meses venimos trabajando en un proceso que ha tenido dificultades. El compromiso general es inyectar en la economía de estas comunidades indígenas, afro y campesinas, que son las más lejanas de la institucionalidad y que han estado en unas zonas muy relacionadas, además, con el conflicto armado y la violencia, 250.000 millones de pesos, en distintos proyectos. Algunos son de compra de tierras, otros son proyectos productivos, etcétera.
¿Vinieron a cobrarle esos 250.000 millones?
Llevamos 6 meses tratando de que firmen un convenio para ejecutar 109.000 millones de pesos, de los 250.000 millones. ¿Resultado de esa ejecución? Cero. Como ellos van a distribuir los recursos entre 13 organizaciones distintas, querían que estuvieran los 250.000 millones de una vez. Eso suena justo, pero no corresponde a la lógica de la ejecución presupuestal institucional. El dinero que va entrando se va ejecutando.
Les dará miedo de que les hagan conejo...
Eso dijeron. Que les da miedo el conejo, pero yo no puedo poner a saltar la liebre por encima de la ley. Ni el Ministerio de Agricultura ni yo podemos comprarles 25 camionetas Toyota doble cabina con doble tracción para que sean utilizadas por ese sector, porque yo compro es tractores, y no camionetas Toyota.
¿Están pidiendo camionetas Toyota?
Uno de los proyectos es para eso. Otro es para comprar más de 150 computadores Apple, portátiles, de última tecnología, con número de referencia, para entregar a los distintos líderes. El Ministerio tampoco tiene como función comprar computadores. Compramos despulpadoras de café, por ejemplo. Les propusimos que tuvieran, mientras van adquiriendo la experiencia, no un ejecutor sino un operador de los proyectos, que podría ser Naciones Unidas, pero no aceptaron. Yo llamo a esa mesa la avanzada del posconflicto. Ahí están la Cumbre Agraria, el Congreso de los Pueblos, la Onic, etcétera. Lo que allí logremos irá abriendo camino. Conejo no habrá, pero tampoco liebre.
¿Qué tan cierto es que en esa cuenta de cobro se incluye el reconocimiento de territorios ancestrales para los indígenas, que nos devolvería al ‘statu quo’ de antes de la colonia? ¿Usted firmó ese acuerdo como Ministro del Interior?
Eso no se ha firmado. Se firmaron, básicamente, dos decretos. Uno que permite que tengan autonomía en el manejo de los recursos de las transferencias que les corresponden a los pueblos indígenas y que hoy pasan por un peaje en las alcaldías municipales. Pero eso no significa entregarles a los indígenas del Amazonas mañana todas las transferencias, sino ir paulatinamente habilitando, a quienes vayan cumpliendo una serie de requisitos, para que puedan administrar sus recursos, pero no lo que pasa hoy, que les entregan en algunas zonas del país tres cajas de whisky y los ponen a firmar que recibieron 600 millones de pesos en transferencia, y ese dinero se queda en las alcaldías.
¿Entonces qué pasará con la pretensión de las tierras coloniales o ancestrales?
Uno de los temas que hemos discutido profundamente es que ellos no pueden pretender que volvamos a la situación que tenía Colombia antes de que llegara Cristóbal Colón, porque entonces ahí no cabrían sino las comunidades indígenas. Reconocerle derechos a la población indígena no quiere decir que haya que afectar los derechos de los campesinos, o de los afro, y uno de los temas que tratamos en la mesa de discusión con la Cumbre Agraria es el de los conflictos interétnicos, raciales, o conflictos territoriales que se están presentando en varias partes del territorio y que debemos discutir para resolver.
¿Le sorprendió descubrir que el señor César Pachón, líder de Dignidad Agraria, se lanzó de candidato a la gobernación de Boyacá, utilizándola como plataforma política?
No me sorprendió absolutamente nada. Las actuaciones de algunos de estos sectores, que han incluido protestas violentas, tienden a coincidir con las elecciones.
Y finalmente, Ministro: ¿qué implicaciones tiene para el agro colombiano la crisis con Venezuela?
Los perjudica mucho más a ellos que a nosotros. A Colombia le conviene que no haya contrabando. El incremento en las incautaciones de alimentos contrabandeados entre el 2014 y el 2015 fue del 60 %. Entre eso, reses que ponen en riesgo la salubridad del lote de animales colombianos porque en Venezuela no son libres de aftosa, y aquí sí, por vacunación, y esa condición nos permite exportar carne. En ninguno de los productos agropecuarios hay dependencia de Colombia. Por ese frente no estamos preocupados. El problema es humanitario.
¿Cómo va la llave con el ‘Súper’ en islas del Rosario?
La semana pasada oficializamos dos cosas importantes allá: el consejo comunitario, que llevaba 70 años luchando por tener su propiedad colectiva. Viven 700 personas en las islas. Hay 130 islas o, digamos, predios en esas islas. En llave con el Superintendente de Notariado y Registro, expulsamos, por no cumplir con sus obligaciones, a 40 de las personas que no estaban pagando. A los demás les estamos renovando los contratos, actualizando los cánones de arrendamiento y estableciendo una serie de obligaciones con el medio- ambiente, y sociales. Todo lo que paguen va a una fiducia que se reinvertirá en las islas.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO