Ahora sin obstáculos, Gobierno retoma proceso de venta de Isagén

Ahora sin obstáculos, Gobierno retoma proceso de venta de Isagén

Este jueves se conoció la decisión del Consejo de Estado, que dio luz verde a la privatización.

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10 de septiembre 2015 , 09:11 p. m.

La venta de la participación de la Nación en Isagén, uno de los proyectos económicos bandera del gobierno de Juan Manuel Santos, logró este jueves superar el último obstáculo: con ponencia del magistrado Hugo Bastidas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado autorizó la enajenación del 57 por ciento de la propiedad de la generadora que está en manos del Estado.

La decisión es clave porque la venta de Isagén, según los planes del Gobierno, es la base para apalancar los proyectos de vías de cuarta generación. La fecha de la venta estaba prevista para mayo pasado, cuando el Consejo de Estado decidió suspender el proceso como medida cautelar mientras se tomaba un fallo de fondo.

Los efectos, que serán inmediatos, son los siguientes:

En primer lugar, el Ejecutivo queda facultado para “la venta de la participación accionaria que la Nación tiene en Isagén”. De hecho, el Consejo de Estado extendió los plazos del Decreto 1512 del 2014, que daba un año para realizar el proceso de venta. Así, a partir de la ejecutoria de la sentencia habrá 4 meses y 10 días más “para que el Gobierno Nacional reanude y culmine el programa de enajenación de la participación accionaria que la Nación tiene en Isagén, sin perjuicio de lo que pudiera disponer para ampliar el plazo”.

Sí estaba facultado

Un segundo efecto clave es que queda claro, para el Consejo de Estado, que “el Gobierno Nacional sí estaba facultado para enajenar la participación que la Nación posee en Isagén, conforme lo autoriza el artículo 60 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 226 de 1995”.

También, que los decretos dictados con esos fines “cumplieron los mandatos del artículo 60 de la Constitución y de la Ley 226, en especial, los principios de democratización, preferencia, protección del patrimonio público y continuidad del servicio”.

“Los destinatarios de condiciones especiales pudieron comprar acciones, al punto que obtuvieron 1’428.233 acciones”, dice la sentencia.

El fallo dice también que el proceso cumplió con todos los requisitos técnicos y legales.

El consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez se apartó parcialmente de la decisión mayoritaria, pues estimó que existían razones para anular el artículo 8 del Decreto 1609 porque este habría impuesto “condiciones restrictivas para la compra de acciones de parte de personas naturales pertenecientes al grupo de destinatarios de condiciones especiales”.

Aunque los demandantes podrán interponer un recurso extraordinario de revisión ante la sentencia, fuentes del mismo alto tribunal señalan que el proceso de venta, si así lo determina el Gobierno, puede seguir adelante.

La polémica legal sobre la enajenación la decidieron los magistrados Martha Teresa Briceño, Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Carmen Teresa Ortiz y Jorge Octavio Ramírez.

En el Consejo de Estado cursan actualmente dos acciones de cumplimiento en contra de la venta de Isagén. En teoría, ambas deberían resolverse de acuerdo con lo decidido este jueves por la Sección Cuarta, pues el fondo de las demandas es el mismo.

Así, no debería abrirse discusión en cuanto a la facultad del Ejecutivo para enajenar la generadora, considerada como una de las ‘joyas de la corona’ de las finanzas públicas, pues el fallo da por probado que se cumplieron los mandatos constitucionales y legales de abrir espacio a la democratización de la propiedad, la transparencia y la defensa de los intereses de la Nación.

Para la Corporación fue claro el argumento del Estado que señalaba que con la enajenación de las acciones se conseguirían recursos con los que se financiarán las carreteras de cuarta generación.

Con respecto a la gestión fiscal, el Consejo de Estado recordó que quien debe vigilarla es la Contraloría General de la República.

El ente de control, dentro de los tiempos establecidos por ley, determinará si la inversión de los dineros resultantes de la venta de Isagén se invirtieron de manera correcta como lo indicaron en el momento de expedir los decretos.

“Depende de la Contraloría aplicar las leyes de control fiscal en los periodos establecidos”, explica la providencia.

‘El siguiente paso es reiniciar contactos con inversionistas’

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció, desde Cartagena que, tras el fallo del Consejo de Estado el siguiente paso para el Gobierno será retomar la agenda de contactos con los inversionistas que mostraron el interés de participar en la venta de la participación del Estado en Isagén.

Para ello, habrá una reunión con la firma de banca de inversión que asesora la venta, a fin de evaluar los pasos por seguir desde el punto de vista jurídico y de procedimiento.

“Estamos muy complacidos con la decisión del Consejo de Estado con lo cual se demuestra la contundencia de los argumentos del Gobierno para adelantar la venta de este activo de la Nación y cuyo principal propósito, sin duda, es generar mayores beneficios a todos los colombianos”, indicó el funcionario.

Agregó que esos beneficios son la generación de empleo y el desarrollo de la infraestructura del país, en la medida que los recursos producto de la enajenación de esta generadora de energía serán invertidos en esos proyectos que viene estructurando el Gobierno.

El 8 de mayo, días antes de que el Consejo de Estado suspendiera la venta para analizar de fondo las demandas, las firmas GDF Suez de Francia (hoy llamada Engie), Colbún, de Chile, y Brookfield Asset Management, de Canadá, presentaron la garantía de seriedad de la oferta, mecanismo con el que se garantiza de forma incondicional e irrevocable la seriedad de la oferta que formule el inversionista precalificado el día de la subasta. Cada uno de los interesados pagó en su momento la suma de 100.000 millones de pesos.

Menos dólares

Mientras tanto, voceros de la Red de Justicia Tributaria, entidad que promovió las acciones contra el proceso de venta de Isagén, señalaron que esperarán el contenido del fallo del Consejo de Estado, pero que respetan la decisión.
Según José Roberto Acosta, vocero de la entidad, “hay que hacer carrera en el respeto a los fallos de las entidades judiciales”.

Pero advirtió que por efecto de la devaluación el Gobierno ya no recibirá 2.500 millones de dólares por Isagén, sino una suma cercana a los 1.700 millones de dólares. No obstante, explicó que si el Gobierno monetiza estos recursos y los ingresa al país, al tener un tipo de cambio más alto se lograrían los 5,2 billones de pesos de ingreso, suma que podría subir si hay puja.

Para Acosta el proceso de venta de comenzar de cero, toda vez que el aviso de oferta había partido de una fecha específica para la venta.

REDACCIÓN JUSTICIA

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