A través del Plan de Desarrollo, el Gobierno pidió al Congreso facultades especiales para que el Presidente, durante 6 meses, pudiera hacer un revolcón institucional cuyo objetivo es promover el desarrollo rural.
En la misma línea, la Ocde, que tiene el ojo puesto sobre Colombia por su aspiración a entrar a ese club de países ricos, recomendó un fortalecimiento de las instituciones públicas.
Pero el tiempo pasa y no hay señales de la reestructuración que, según Cecilia López, directora del Cisoe (Centro de Pensamiento Social y Económico), en el caso del agro es una necesidad impostergable.
Así lo demostró la información que halló el Censo Agropecuario: bajo nivel de asistencia técnica, los distritos de riego son casi inexistentes, los campesinos no tienen maquinaria, entre otras falencias.
Por mandato de ley, con las facultades, el Presidente podrá “suprimir y/o escindir entidades del sector agro ejecutoras de la política de tierras y desarrollo rural, como también crear la institucionalidad que se estime necesaria para asumir dichas funciones”.
También está previsto que el Gobierno pueda meter la mano en el sistema nacional de crédito, las unidades municipales de asistencia técnica rural, para que tengan consonancia con el sistema de ciencia y tecnología, y hasta en el Invima.
Todo, dentro del marco de reforma del sector agropecuario, que es una de las cartas para utilizar en esta debacle de ingresos públicos, producto de la caída en la renta petrolera.
Entonces, ¿por qué aún no hay revolcón? Según algunos expertos, la respuesta podría ser el plan de austeridad que el Gobierno lanzó en septiembre con el compromiso de reducir en 10 por ciento los gastos generales, que, según el presupuesto de este año, ascienden a 7 billones de pesos. Esto implicaría ahorrarse 700 mil millones de pesos en los gastos de funcionamiento, que son de 119 billones.
Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, estima que las nuevas entidades del agro que ha sugerido la Misión Rural implican nuevos gastos. Un punto de referencia en el costo de una entidad de este sector es el Ministerio de Agricultura, cuyo funcionamiento, sin contar con otros gastos de inversión, requiere 300 mil millones de pesos; o el ICA, 105 mil millones, según la Ley de Presupuesto 2015. Es decir, si se invirtiera lo que se ahorra en el Plan de Austeridad de todo el Estado (700 mil millones de pesos), no alcanzaría ni para tres nuevas instituciones.
Cecilia López, quien además es integrante de la Misión Rural que le está elaborando al Gobierno las recomendaciones para el campo, entre otras, en materia institucional, estima que “hay serios problemas en la institucionalidad rural. Muchas de las que hay no se adecúan a la política que se requiere”.
Si bien advierte que el tema está en plena discusión en la Misión, en principio se habla de “quitarle al Ministerio de Agricultura el papel de ejecutor. La ejecución la deben hacer las instituciones del sector. Otro aspecto que se discutió es la necesidad de que haya algún tipo de coordinación entre el Ministerio y las otras entidades que operan en el tema rural”.
De ahí para adelante, las transformaciones que se discuten en la Misión, cuyas conclusiones finales, seguramente, serán insumo para que el Presidente haga uso de sus facultades reformistas, apuntan a remover la institucionalidad territorial, hoy considerada como débil; darles participación a las organizaciones campesinas; crear intersectorialidad, porque el desarrollo del campo requiere de transporte, comercio, salud…
“Para esa intersectorialidad se propone el Conpes rural, que permita garantizar la coordinación de las inversiones en desarrollo rural”, expresó López.
Nuevas instituciones, como la entidad nacional de tierras; el fondo de desarrollo rural, una institución fortalecida para distritos de riego, más el triángulo Nación-territorio-comunidades ayudarán a crear un nuevo agro en Colombia.
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