Editorial: Guatemala: no pasarán

Editorial: Guatemala: no pasarán

La ilegalidad jamás cooptará al Estado mientras existan una ciudadanía activa y funcionarios probos.

03 de septiembre 2015 , 08:10 p. m.

Con el fin de apoyar al Ministerio Público en su lucha contra el crimen organizado, y luego de los acuerdos de paz de 1996, fue creada en el 2006 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Casi una década después esta institución, ahora bajo la batuta del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia colombiana Iván Velásquez, ha sido artífice de un hecho tan determinante para la vida de la nación centroamericana como en su momento lo fue haber logrado la paz con la insurgencia.

Se trata de la renuncia y posterior orden de detención contra quien fuera presidente de este país hasta el pasado martes, el general (r) Otto Pérez Molina, cuyo período terminaba en enero del próximo año.

Su caída es consecuencia de una investigación que dicha comisión adelantó en compañía del Ministerio Público, en cabeza de la corajuda fiscal general Thelma Aldana, la cual puso al descubierto una impresionante trama de corrupción en las aduanas que tenía tentáculos en las más altas esferas del poder político y económico de esta nación.
Bautizado como ‘la Línea’, por una conexión telefónica utilizada para las gestiones indebidas que permitieron el paso de mercancías de contrabando por los puntos de control, el caso salió a la luz pública por primera vez en abril de este año, cuando la Cicig acusó a varios altos cargos del Ejecutivo de estar involucrados en ese emporio criminal.

Poco a poco se fue develando la trama y comenzaron a caer sus integrantes, hasta llegar, hace dos semanas, a quien fuera la compañera de fórmula de Pérez, Roxana Baldetti, que renunció a la vicepresidencia el 8 de mayo de este año y el pasado 26 de agosto fue objeto de una orden de arresto. A esas alturas, como lo comentamos desde estas líneas, la situación para Pérez era insostenible, pues al anuncio de Velásquez de que existían suficientes pruebas que lo relacionaban a él con la red corrupta se sumó la fuerte presión de la ciudadanía, que salió a las calles a notificarle que estaba harta de tanta corrupción.

La perseverancia de Aldana, la impecable labor investigativa de la Comisión y la expresión de hartazgo de la ciudadanía con la codicia y la falta de ética de sus gobernantes fueron los tres factores que, sumados, dieron pie a un hecho cuyo desarrollo ha impactado a todo un continente. Y del cual empiezan a tomar nota en varias naciones, comenzando por Honduras, donde asoma también una poderosa sensación de hastío entre la gente.

Dicho de otra forma: funcionarios valientes, en instituciones que demostraron su pertinencia, estuvieron a la altura del compromiso que adquirieron con la sociedad al asumir sus cargos y desarrollaron una labor con resultados que sacudieron a la gente, cuya indignación impulsó un desenlace dentro de los cauces constitucionales, como debe ser.

La lección que esto deja es que cooptar al Estado, que es el objetivo de organizaciones criminales como la de marras, no será jamás posible si en su camino se encuentran con la barrera infranqueable que surge de la alianza entre una ciudadanía empoderada y activa en la defensa de lo público y la juiciosa y comprometida labor de funcionarios probos.

editorial@eltiempo.com

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