Defensor pide a la CIDH medidas cautelares por crisis fronteriza

Defensor pide a la CIDH medidas cautelares por crisis fronteriza

La entidad recibió 319 quejas de deportados relacionadas con maltratos de autoridades venezolanas.

03 de septiembre 2015 , 07:14 a. m.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una solicitud para que se decreten medidas cautelares para que el gobierno de Venezuela detenga la expulsión “colectiva y arbitraria” de colombianos que residen en ese país.

En el documento, Otálora también pide que se respete la unidad de las familias de los migrantes que puedan ser sujetos de deportación y se les proteja de toda forma de discriminación y/o violencia a la que puedan ser sometidos.

En el documento, el Defensor expone un resumen de lo que ha sucedido en la frontera binacional desde el 22 de agosto cuando el presidente Nicolás Maduro decretó un estado de excepción en la zona limítrofe del estado Táchira a raíz del enfrentamiento entre Fuerzas Armadas Nacionales Bolivariana y, al parecer, contrabandistas de la zona.

Agrega que desde ese día y hasta el 31 de agosto, la Defensoría recibió 319 quejas de ciudadanos deportados y 1012 de ciudadanía que manifiestan retornar a Colombia de manera voluntaria.

“Según las quejas presentadas, la principal conducta transgresora de los derechos humanos a las personas expulsadas ha sido la agresión física y verbal por parte de las autoridades venezolanas”, señala Otálora.

La petición a la CIDH también sostiene que han sido denunciadas situaciones como uso excesivo de fuerza por parte de la Guardia Venezolana, desintegración familiar con 431 casos, despojo de pertenencias durante los desalojos con 252 quejas, destrucción de viviendas con 180 declaraciones y retención de documentos con 133 denuncias.

“La anterior situación ha ocasionado un total de 1.097 deportados y 9.826 retornados, para un total de 10.923 nacionales colombianos que han tenido que ser alojados en situaciones muy difíciles en nueve albergues provisionales”, relata la entidad ante el organismo internacional.

Otálora también le recuerda a la CIDH que la ley venezolana establece que para que una persona sea deportada debe surtirse un trámite administrativo que contempla la realización de una audiencia oral en la que la persona que será objeto de esta decisión debe estar acompañada de un abogado.

Las autoridades venezolanas han operado sin mediación de un acto administrativo de deportación individual y, por tanto, en desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso y el principio de legalidad que no pueden ser restringidos, ni siquiera en estados de excepción de conformidad con la misma Constitución Política venezolana”, enfatizó Otálora.

JUSTICIA

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