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Justicia comunitaria y transición política

Justicia comunitaria y transición política

La justicia comunitaria permite establecer la verdad de hechos criminales en el conflicto armado.

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Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
02 de septiembre 2015 , 07:33 p. m.

El profesor Edgar Ardila define la justicia comunitaria como “administración de justicia desde la comunidad, a partir de sus propias reglas y principios”. Algunos autores, sobre todo los estudiosos de los procesos de reconciliación en países africanos, la llaman ‘justicia tradicional’ porque es la manera como tradicional y pacíficamente se resuelven los conflictos en algunas comunidades. Sin acudir a tribunales o jueces especializados.

Hace poco se hizo una investigación acerca de los resultados que se obtuvieron en 13 países cuando usaron este tipo de justicia (comunitaria o tradicional) para juzgar personas que han participado en conflictos armados o guerras civiles. Por razones de espacio me limito a reseñar muy brevemente 2 de las experiencias estudiadas.

La primera, y quizá la más conocida, es Ruanda. Allí, en menos de un año, casi 1 millón de personas fueron asesinadas con cuchillos, hachas, y todo tipo de armas cortopunzantes. Casi 2 millones de personas fueron señaladas como sospechosas y en una sola cárcel había 150 mil detenidos sindicados de haber perpetrado esa masacre.

Para juzgar a los principales responsables del genocidio se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). El portavoz del TPIR dijo que, en 10 años de funcionamiento, este tribunal acusó a 93 personas, detuvo a 83 y dictó 63 sentencias con pena de prisión. Los tribunales penales ruandeses han logrado investigar y dictar sentencia contra otros 700 perpetradores aproximadamente. El conjunto de los victimarios tuvieron un juicio ante tribunales de justicia tradicional llamados Gacaca en los que el 65% de ellos fue encontrado culpable.

La gente podía asistir a las sesiones de Gacaca y enterarse de cómo pasaron los hechos, quién o quiénes los planearon, organizaron y ordenaron. Y los asistentes fueron testigos de las reparaciones a las que eran condenados los victimarios, lo cual permitía una especie de vigilancia ciudadana sobre el cumplimiento de lo acordado y evitar la repetición de hechos violentos.

La segunda es una de las experiencias menos publicitadas, quizá porque Timor Oriental es un país pequeño: algo más de 15 mil km2 y una población de 1 millón de habitantes. Fue colonia portuguesa y, después de la independencia, fue forzosamente anexada a Indonesia.

El 30 de agosto de 1999 el 78% de los votantes en un referéndum, decidieron que querían que su país fuera independiente. Entonces fuerzas combinadas de ejército regular y paramilitares indonesios desarrollaron una violenta ofensiva que en un mes dejó 2 mil muertos, 350 mil desplazados y la destrucción física e institucional del país.

Con la coordinación y apoyo de una misión especial de la ONU se reconstruyó Timor Oriental. Crearon tribunales especializados para juzgar y castigar crímenes graves, y una comisión para la recepción, la verdad y la reconciliación. Una de las labores de esta comisión fue promover y desarrollar el programa Nahe bitti boot para juzgar delitos menores como el robo y el incendio de propiedades y facilitar la reintegración de estos perpetradores en las comunidades.

El Nahe bitti boot es una forma de justicia comunitaria que, en el marco del postconflicto, consiste en que los victimarios reconocen públicamente los delitos cometidos, ofrecen disculpas a las víctimas, y asumen el compromiso de una reparación real y/o simbólica. ONU Mujeres, agrega que “Una vez concluida la sesión, un acuerdo comunitario de reconciliación se registraba en el tribunal de distrito correspondiente y, una vez completado, el acusado recibía inmunidad por sus responsabilidades civiles y penales”.

En los 13 países estudiados, el uso de la justicia comunitaria ha permitido establecer la verdad de algunos de los hechos criminales ocurridos en desarrollo del conflicto armado y saber más acerca del origen local y regional de la violencia. También ha permitido juzgar y condenar personas que cometieron diversos delitos durante la época de la confrontación violenta. Los tribunales de justicia comunitaria han logrado, así mismo, que miles de víctimas sean reparadas por quienes las agredieron.

Dicho de otro modo: usar la justicia comunitaria en el postconflicto permite mejorar las posibilidades de que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación, y ayuda a que la justicia promueva procesos locales reconciliación.

En Colombia, Estado y sociedad civil deberían elaborar una política pública que permita usar este tipo de justicia para construir un postconflicto sin impunidad y sin olvido.

César Torres

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