Investigan a dos municipios de Casanare por mal uso de regalías

Investigan a dos municipios de Casanare por mal uso de regalías

Contraloría evidenció un presunto detrimento patrimonial en 24.404 millones de pesos.

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01 de septiembre 2015 , 02:28 p. m.

La Contraloría General investiga a dos municipios de Casanare que gastaron millonarios recursos de regalías, 24.404 millones de pesos, en proyectos que nunca se terminaron.

En Tauramena, los habitantes de varias veredas se han visto afectados por la falta de suministro de agua potable pues la obra de acueducto Río Caja que se inició hace 6 años y en la que se destinaron 17.248 millones de pesos, nunca fue terminada.

Y en Aguazul también se habían invertido 7.156 millones de pesos en un sistema de tratamiento de aguas residuales que nunca entró en operación. 

Esas dos obras, según la Contraloría, "se encuentran sin funcionamiento, en abandono y en proceso de deterioro, sin prestar ningún servicio a la comunidad".

En el caso de Tauramena se evidenció que la construcción del acueducto que se inició en el 2009 "no ha dado resultado y no se ha logrado suministrar el servicio de agua potable a los pobladores que se iban a beneficiar con este proyecto".

El proyecto, según la Contraloría, carece de planeación, supervisión y seguimiento. Esto ha llevado a que las veredas  Cabañas, Aceite, Chaparral, Paso Cusiana, Iquía, Villa Rosa y Cuernavaca, del municipio de Tauramena, sean las más afectadas por el acueducto que no ha cumplido con su misión de surtir agua. "El suministro básico de agua potable para la población sigue siendo un problema cada vez mayor en esta zona del país", dijo la Contraloría.

En el caso de Aguazul, la Contraloría evaluó el manejo de los recursos de regalías que este municipio recibió del sistema general en el 2012, 2013 y 2014, en donde se encontró un presunto hallazgo fiscal porque en octubre del 2009 la alcaldía del municipio hizo un contrato para optimizar el sistema de aguas residuales.

Aunque el plazo de ejecución era de 6 meses, ya han pasado seis años y el contratista que hizo las obras físicas e instaló los equipos aún no ha puesto en marcha el sistema de tratamiento.

JUSTICIA

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