¿Plan de austeridad retrasa revolcón institucional?

¿Plan de austeridad retrasa revolcón institucional?

Congreso facultó al Presidente para hacer reforma institucional con miras al desarrollo rural.

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01 de septiembre 2015 , 09:15 a. m.

En el 2015, en el Estado colombiano lo que no hay es plata para cumplir algunos de los planes previstos, entre ellos el revolcón institucional para el agro, para el cual, el Presidente fue dotado de facultades especiales a través de un artículo del Plan de Desarrollo aprobado en el Congreso.

Para Colombia, el petróleo representa el 20 por ciento de los ingresos y el 55 por ciento de las exportaciones. El declive del precio internacional llevó a que, si en el 2013 se recibían 24,5 billones por cuenta de la renta petrolera, este año la cifra no llegará ni a 10 billones. Y eso que aún no se sabe cuál será la caída total del ingreso, porque el descenso no se detiene y, según la ONU, por cada dólar que pierda el precio internacional del petróleo, este país deja de recibir 430.000 millones de pesos al año.

Por esta situación, en septiembre del año pasado, el Gobierno lanzó un plan de 'ajuste del cinturón'. El compromiso estatal es reducir en 10 por ciento los gastos generales que, según el presupuesto de este año, ascienden a 7 billones de pesos. Esto implicaría ahorrarse 700.000 millones de pesos en los gastos de funcionamiento, que son de 119 billones de pesos.

Paralelamente, el Gobierno también pidió al Congreso que se le concedieran facultades especiales al Presidente, durante 6 meses, para hacer un revolcón institucional cuyo objetivo es promover el desarrollo rural. Esto, sin contar con que la Ocde (Oraganización para la Cooperación y el Desarrollo), que tiene el ojo puesto sobre Colombia por su aspiración a entrar a ese club de países ricos, recomendó un fortalecimiento de las instituciones públicas.

Pues bien, el tiempo pasa y no hay señales de la reestructuración que, según Cecilia López, directora del Cisoe (Centro de Pensamiento Social y Económico), en el caso del agro es una necesidad impostergable.

Por mandato de ley se sabe que, con las facultades, el Presidente podrá “suprimir y/o escindir las entidades del sector agropecuario ejecutoras de la política de tierras y desarrollo rural, como también crear la institucionalidad que se estime necesaria para asumir dichas funciones”.

También tiene previsto suprimir y liquidar el fondo de inversión de capital de riesgos administrado por Finagro.

El sistema nacional de crédito, las unidades municipales de asistencia técnica rural para que tengan consonancia con el Sistema de ciencia y tecnología, y hasta el Invima, si es necesario, serán transformadas. Y por ahí pasó la cuenta. Todo, dentro del marco de reforma al sector agropecuario, que es una de las cartas a utilizar en esta debacle de ingresos públicos, producto de la caída en la renta petrolera.

El interrogante ahora es: ¿qué pasó con el revolcón institucional?

Según algunos expertos, el plan de austeridad podría ser la respuesta. Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, estima que las nuevas entidades del agro que hasta el momento ha sugerido la Misión rural, implican nuevos gastos.

Un punto de referencia en el costo de una entidad de este sector es el Ministerio de Agricultura, cuyo funcionamiento, sin contar con otros gastos de inversión, requiere 300.000 millones de pesos; o el Ica, 105.000 millones, según la Ley de Presupuesto 2015. Es decir, si se invirtiera lo que se ahorra en el Plan de Austeridad de todo el Estado ($ 700.000 millones), no alcanzaría ni para tres nuevas instituciones.

Y para Cecilia López, quien además es integrante de la Misión Rural que le está elaborando al Gobierno las recomendaciones para el campo, entre otras, en materia institucional, estima que “hay serios problemas en la institucionalidad rural. Muchas de las que hay no se adecúan al tipo de política que se quiere hacer”.

Si bien advierte que el tema está en plena discusión en la Misión, en principio se habla de “quitarle al Ministerio de Agricultura el papel de ejecutor. La ejecución la deben hacer las instituciones del sector. Otra aspecto que se discutió es la necesidad de que haya algún tipo de coordinación entre el Ministerio y las otras entidades que operan en el tema rural”.

De ahí para adelante, las transformaciones que se discuten al interior de la Misión, cuyas conclusiones finales, seguramente serán insumo para que el Presidente haga uso de sus facultades reformistas, apuntan a remover la institucionalidad territorial, hoy considerada como débil; darle participación a las organizaciones campesinas; crear una intersectorialidad, porque el desarrollo del campo requiere de distintos sectores (transporte, comercio, salud…).

“Para esa intersectorialidad se está proponiendo el Conpes rural, que permita garantizar la coordinación de las inversiones en desarrollo rural”, expresó López.

Nuevas instituciones, como la Entidad Nacional de Tierras; el Fondo de Desarrollo Rural, una institucionalidad fortalecida en distritos de riego, más el triángulo Nación-territorio-comunidades ayudarán a crear un nuevo agro en Colombia. Pero esto también requiere plata, la que escasea, y no se deben dejar agotar las facultades del presidente para que se dé un debate más participativo de cómo transformar las instituciones que necesita el campo.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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