Señor Presidente: ¡hágalo bien!

Señor Presidente: ¡hágalo bien!

¿Para qué el 'congresito'? Es una pregunta que no nos han absuelto con suficiencia política.

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31 de agosto 2015 , 04:04 p.m.

No se puede pensar en un pacto de paz estable y duradero sin que el pueblo participe en su legitimación, como tampoco puede pensarse que en aras de un acuerdo de paz pueda sacrificarse el Estado de derecho.

Tradicionalmente se ha dicho que el Estado de derecho tiene como elementos mínimos la sujeción del poder al derecho, el respeto por el principio democrático, la garantía de los derechos y la separación de poderes. Estos elementos deben ser el presupuesto de cualquier proceso de paz y no un elemento negociable. Precisamente, todo ellos, con amplio alcance y amplias garantías, se encuentran en nuestra Constitución de 1991, que, justamente, nació como un pacto de paz.

De allí, entonces, el mensaje debe ser claro: profundicemos el Estado de derecho, pero no lo destruyamos. Mucho se ha hablado en estos tiempos del respeto por la Constitución. Este debe empezar por el Gobierno, para quien ella es límite y guía de acción. Por ello, resulta inaceptable pensar en propuestas como el ‘congresito’, que ataca un principio cardinal de la separación de poderes como lo es la distinción de funciones. El nuestro es un Estado donde la función legislativa está centralizada en un único órgano: el Congreso de la República. ¿Cómo se orquestarían dos órganos legislativos? ¿Cómo se garantizaría que uno no usurpe las funciones del otro? La expresión “desarrollo legal de los acuerdos de paz” es tan vaga que sin dudarlo daría lugar a choques entre ambos órganos legislativos. Como defensa de la iniciativa, se cita entonces la experiencia de 1991. Valga recordar que, a diferencia de hoy, en ese entonces la figura fue usada pues el Congreso de la República había sido revocado, y, además, era necesario que ciertos postulados de la nueva constitución fueran desarrollados, pero sin caer en la vieja práctica de que la Asamblea Constituyente pasara a ser directamente legisladora.

Entonces, ¿para qué el ‘congresito’? Es una pregunta que no nos han absuelto con suficiencia política y mucho menos constitucional. Tenemos un Congreso democráticamente elegido —con todo y las críticas que se le puedan formular— en el seno del cual deben darse los debates que requiere el proceso de paz. Mucho menos puede pensarse en entregar curules a dedo a los guerrilleros en el marco de un ‘congresito’. Eso sería minar, aun más, nuestro débil principio democrático. El Congreso es, pues, el escenario idóneo, incluso para las reformas constitucionales que requieran los acuerdos. Precisamente, fue allí donde el Gobierno tramitó el Marco Jurídico para la Paz, que estableció los lineamientos básicos de justicia transicional para el proceso, y allí tramitará una serie de reformas constitucionales, también en función del proceso de paz.

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, corresponde al Presidente dirigir el proceso de paz, pero traducir los acuerdos a normas es propio del resorte del legislador. De allí que también sea inconveniente dotar de amplias facultades extraordinarias al ejecutivo. Si estamos hablando de “equilibrios de poderes”, empecemos por respetar la distinción que tanto trabajo nos ha costado mantener y fortalecer en nuestro ordenamiento constitucional.

Las reformas constitucionales que se requieren para poner en marcha los eventuales acuerdos de paz, a pesar de no ser tantas —la mayoría de ellas, limitadas a la participación política y la justicia transicional—, requieren de un debate democrático profundo, y de un análisis jurídico de hondo calado al pasar por el tamiz de la Corte Constitucional. Una decisión tan compleja, que tendrá consecuencias en todo el Estado, demanda la participación activa de todos y cada uno de sus órganos, en el marco de sus competencias. El diseño institucional actual no requiere cambio alguno para materializar los acuerdos de paz. Cambiar la estructura del Estado es un desafío muy distinto a incorporar dichos acuerdos al ordenamiento jurídico.

Y, finalmente, el pueblo. Un proceso del que no se empoderen los ciudadanos, a quienes corresponde abrir las vías de la reconciliación, podrá ser legal, pero su legitimidad se verá comprometida. Es cierto que un referendo es una herramienta compleja, pues el desarrollo de la jurisprudencia constitucional ha fijado estrictos límites para su materialización, pero, como viene de decirse, las reformas constitucionales y legales pueden, en todo caso, darse en el Congreso. Sin embargo, es imprescindible pensar en herramientas que lleven a una legitimación política en las urnas, que permita que la democracia participativa actúe en un escenario que claramente le compete, pues un eventual acuerdo de paz no debe ser la bandera de un gobierno, sino el resultado de la construcción de un proceso político entre todos los ciudadanos. El plebiscito y la consulta popular nacional no deben descartarse. Señor Presidente: las cosas en Colombia se pueden hacer, pero hay que hacerlas bien.


Santiago García Jaramillo

Abogado
Profesor de Derecho Constitucional

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