Guatemala cuenta las horas para la caída del presidente Otto Pérez

Guatemala cuenta las horas para la caída del presidente Otto Pérez

Enfrenta a un muy decidido poder judicial y al pueblo que en las calles le pide que se vaya.

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29 de agosto 2015 , 11:07 p. m.

Al jurar el 14 de enero del 2012 como presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina tendió un ramo de olivo para acercarse a la cultura maya –que aglutina al 40 por ciento de la población guatemalteca– y, con la banda presidencial puesta en diagonal sobre su pecho, pronosticó que ese día empezaría lo que describió como una segunda era equivalente a más de 5.125 años en esa civilización ancestral mesoamericana.

Ante los designios basados en cálculos mayas de que el fin del mundo llegaría el 21 de diciembre de 2012, el general en retiro ripostó con promesas faraónicas de épocas prolongadas de paz y de progreso.

Aunque la fatal profecía sobre la Humanidad tampoco se cumplió, el calendario del mundo político de Pérez sí empezó a desbaratarse a partir del 16 de abril de 2015 –a nueve meses del final del cuatrienio– y las proclamaciones sobre nuevas eras milenarias se perdieron en un discurso más: el presidente está cada vez más arrinconado y se niega a renunciar por un escándalo de corrupción que estalló en las postrimerías de su gestión y por el que hay un reiterado y masivo reclamo popular para que dimita y se someta a la justicia.

“El presidente es un irresponsable porque rechaza entender la realidad”, dijo el diputado maya guatemalteco Amílcar Pop, del partido indígena Winaq y protagonista desde abril de una intensa lucha institucional para que el Congreso le quite el fuero al mandatario por la corrupción gubernamental.

En una entrevista con EL TIEMPO, Pop alertó que Pérez Molina prolonga el calvario de una sociedad conmocionada pero movilizada en las calles en repudio al mandatario. “A no dudarlo, los guatemaltecos estamos hundidos por aparatos de corrupción y de impunidad. Por eso, el país merece pasos importantes contra la corrupción. Insisto: el Estado da vergüenza por sus carencias contra la impunidad. Con lo que sucede ahora hay satisfacción pero sin orgullo”, dijo.

Cabecilla

La Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instancia avalada por las Naciones Unidas que se instaló en 2007 para depurar el aparato judicial de ese país de 16 millones de habitantes, acusaron el pasado 21 de agosto a Pérez de ser el jefe de una estructura criminal que defraudó las aduanas guatemaltecas, con el cobro de sobornos para evadir el pago de impuestos.

El destape de la corrupción en el gobierno tampoco se limitó a aduanas y Fiscalía y la Cicig –dirigida por el magistrado colombiano Iván Velásquez– descubrió otros millonarios desfalcos y estafas en la seguridad social, la policía y otros estamentos estatales.

La primera denuncia de ambas instituciones sobre el fraude emergió a mediados de abril e identificó a la entonces vicepresidenta guatemalteca, Roxana Baldetti, como una de las líderes de la red y en mayo, tras una serie de arrestos, Baldetti, quien fue gran aliada de Pérez Molina, debió dimitir de su cargo. El pasado 21 de agosto, coincidiendo con la acusación de la Fiscalía General y la Cicig, fue detenida, mientras su exjefe y gran socio político, de 64 años, procedente de las más influyentes castas militares y sometido a la exigencia de la jerarquía católica, la cúpula empresarial y los movimientos indígenas, campesinos, obreros, estudiantiles y académicos para que renuncie, proclamó dos días después su inocencia en un mensaje al país y ratificó que no se iría de la presidencia.

La realidad de Pérez Molina es que, a la espera de que el Congreso decida si le despoja de su inmunidad para que sea enjuiciado penalmente por la defraudación en aduanas, en el conocido caso La Línea, su calendario político sigue avanzando y nadie apuesta a que el 14 de enero del 2016 pueda entregar el poder a un sucesor que saldrá de las elecciones, con una primera ronda que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre y una segunda (de ser necesaria) el 25 de octubre.

Mientras tanto, y aferrado al poder pese a la oleada de exigencias nacionales para que dimita y enfrente a la justicia, las opciones del gobernante se limitan a esperar el fallo legislativo, aceptar renunciar y correr el riesgo de quedar preso casi de inmediato, intentar atarse a una inmunidad en el Parlamento Centroamericano o explorar la vía de un exilio. Sin embargo, esa ruta, por el momento y salvo que ocurra una asonada militar, parece descartada.

Cuando juró a su cargo en enero del 2012, pasó a la historia como el primer militar que, en 26 años que en ese tiempo cumplía la democracia guatemalteca, asumió la presidencia luego de que la cúpula castrense retornó a los cuarteles en 1986 tras 32 años de gobernar a Guatemala sobre las bayonetas, las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.

Las promesas fastuosas lanzadas por aquel general en retiro hace 1.107 días de construir una era de otros 5.125 años son de otro calendario: ahora hay un almanaque en tiempo judicial y quizás penitenciario.

En familia

Como resultado de otra investigación de la Fiscalía y la Cicig, en julio fue detenido Gustavo Martínez, yerno de Pérez Molina y exsecretario general de la presidencia del actual gobierno, por cargos de tráfico de influencias para favorecer a una empresa de energía. El presidente dice que “no quiere renunciar para no caer en ilegalidad, pero mientras él cometía ilegalidades no consideró al pueblo de Guatemala. No es momento de contemplaciones ni darse baños de pureza”, declaró a la AFP el arquitecto guatemalteco José Asturias.

Comisión pide quitar fuero

Una comisión de cinco miembros del Congreso guatemalteco recomendó ayer levantar la inmunidad al presidente Otto Pérez, para que sea investigado penalmente por su vinculación al fraude millonario en el sistema de aduanas. Para levantar el fuero a Pérez el Congreso debe llamar a una sesión y obtener el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados. Ayer Pérez Molina no acudió a dicha comisión y, en su lugar, envió a un abogado con un informe en el que rechaza todas las acusaciones.

JOSÉ MELÉNDEZ*
Para EL TIEMPO
San José.
* Con AFP

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