Iquitos, la sexta ciudad más poblada del Perú, es el objetivo más reciente de las bandas colombianas que están ‘exportando’ los llamados préstamos ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’.
Sus 370.000 habitantes empezaron a recibir atractivos volantes en los que les ofrecen préstamos exprés, que van desde los 100 hasta los 10.000 soles, con intereses del 10 por ciento diario.
“Los administradores del negocio son colombianos que llegaron como comerciantes ambulantes de juegos de cama y cobijas. Pero detrás de ellos hay un grupo de cobradores de la banda criminal de ‘los Triana’, que trabajan con la ‘oficina de Envigado’ ”, le dijo a EL TIEMPO un investigador de la Policía.
En Antofagasta, zona minera de Chile con mayor ingreso per cápita, también opera un grupo de colombianos que ofrece el ‘gota a gota’. Allí, autoridades establecieron que los cobradores –que andan fuertemente armados– tienen nexos con ‘la Empresa’, la banda criminal que opera en Buenaventura (Valle), ‘los Urabeños’ y la poderosa ‘oficina de Envigado’.
Desde el 2013, jefes de esas organizaciones criminales se refugian en esa ciudad, en la costa pacífica, huyendo de la DEA y de la Policía de Colombia. Y algunos de sus hombres decidieron montar el negocio.
Allí, la dinámica delincuencial se ha unido a la prostitución y al tráfico de drogas en pequeñas cantidades, lo que ha desatado recientes protestas contra los colombianos.
“El negocio es tan rentable que ya tienen sucursales en Iquique y en algunos barrios de Santiago”, aseguró el oficial, que les viene siguiendo la pista junto con un grupo especial de inteligencia.
De hecho, hace 45 días Edilberto Oliveros Correa, capo de la ‘oficina de Envigado’, fue capturado en Santiago, acusado de controlar estos préstamos. El hombre llevaba 18 meses en la zona.
En México, Brasil, Argentina, Ecuador y Honduras también hay tentáculos de estas bandas.
En Ciudad de México, se han tomado colonias (barrios) del sur y trabajan en llave con bandas de apartamenteros y de narcotraficantes de la zona cafetera y del Valle que tienen nexos con carteles mexicanos.
SOS de autoridades
En Tegucigalpa, Santa Cruz y Campamento (Honduras) opera una organización idéntica. De hecho, en mayo, el diario La Tribuna reveló que son colombianos quienes manejan el negocio.
De hechos, el nexo con la mafia y los niveles de violencia que han empezado a generar, llevaron a autoridades de esos países a pedir ayuda a Colombia.
“Para operar necesitan muchos millones de pesos, es evidente que provienen del narcotráfico y que si se rastrean se golpean a estas organizaciones”, dice un informe de inteligencia.
El principal obstáculo es que, por la crisis económica en algunos países, los comerciantes e incluso empresarios de mediano y alto nivel están echando mano de esta modalidad de préstamos, que les evitan papeleos y trámites bancarios.
De hecho, ha sido difícil que en Perú denuncien los atropellos a los que han sido sometidos.
El otro gran obstáculo es la dificultad para configurar un delito. Si bien en casi todos estos países la usura está penalizada, las bandas no dejan rastro de los cobros. Por eso, se intenta procesarlos por la retención de clientes, las amenazas, el movimiento ilegal de capitales y las extorsiones a quienes no aceptan su servicio o seguridad.
En estos casos se configura desde secuestro hasta concierto para delinquir y lavado de activos. En las próximas semanas, policías de varios de los países afectados por el fenómeno harán una cumbre para intercambiar información y ordenar capturas.
En Colombia el ‘negocio’ está en 181 municipios
Según datos de la Policía y de la Fiscalía de Colombia, en 181 municipios del país se tiene probada la presencia de prestamistas ‘gota a gota’. Los dueños del negocio en el Meta son exparamilitares del bloque Meta, bajo el mando de alias el Negro. En Medellín, ‘Ígor’ y ‘Paula’ controlan los desembolsos en la comuna 13. Y en Bogotá están tras una organización que opera en ocho plazas de mercado, incluida Corabastos, en Kennedy y en los llamados sanandresitos. Tolima y parte de los Santanderes también están azotados por estas bandas, que, además, empezaron a entrar a Caquetá. En estos casos ya hay evidencia de que los cobradores están vinculados con varios homicidios, hurtos, lesiones personales, amenazas e intimidación a sus clientes, la mayoría comerciantes.
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