'Falta transparencia en la inversión pública de Medellín'

'Falta transparencia en la inversión pública de Medellín'

Veeduría al Plan de Desarrollo denunció poca claridad en el gasto público y contratación indebida.

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28 de agosto 2015 , 09:15 p.m.

El 67 por ciento de la contratación pública en Medellín se hace de forma directa, sin convocatoria pública. Así lo reconoció la Administración Municipal y lo denunció la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín.

Carlos Julio Díaz, presidente de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y de la Veeduría, señaló que la norma, según la Ley 80, es que la contratación debe ser abierta, de libre competencia de oferentes para los proyectos.

La Ley dice que la contratación directa es algo excepcional, que se requiere por alguna urgencia frente a una medida extraordinario. Lo natural es que se haga una asignación pública y no a dedo. Es un problema de transparencia, produce muchas sospechas”, denunció Díaz.

Al veedor le preocupa que el presupuesto de la ciudad, cercano a los 16 billones de pesos para el cuatrienio, se asigne libremente.

Eugenio Valencia, secretario de Suministros y Servicios de la Alcaldía, explicó que el Estatuto Público de Contratación permite la contratación directa.

“Estamos en un proceso de transformación que incluye la contratación y que aumentará los procesos de convocatoria pública porque aumentaron los oferentes en el mercado”, dijo.

¿Gastos de inversión?

Díaz explicó que en la ciudad hay poca claridad en lo que se entiende como gastos de inversión que, según el experto, son los que están orientados a obras públicas o necesidades sociales: construcción de hospitales y escuelas, o suministro de servicios públicos.

“El concepto de inversión está deteriorado, entonces muchos componentes del gasto, que son de funcionamiento, como las nóminas, se incluyen como inversión”, aseguró.

“En Medellín se habla de 8.000 cargos de contratistas, nóminas paralelas que se registran como gasto de inversión, cuando verdaderamente son un gasto de funcionamiento. De esa manera se mejora el indicador de control fiscal en el que, supuestamente, habrá una mayor eficiencia del gasto público y, además, crece el indicador de inversión social”, adviertió Díaz.

Esa forma de administrar el presupuesto, agregó el dirigente de la ENS, es además una burla a la Ley 617, que puso límite a los gastos de funcionamiento con el propósito de liberar recursos para la deuda pública y para la inversión.

“Lo que se observa es que, si se clasificara esa nómina paralela en gastos de funcionamiento, el indicador sería sobrepasado, el municipio no cumpliría la norma”, sentenció Díaz.

Pero hay problemáticas más graves detrás de las nóminas paralelas y los gastos que se clasifican como de inversión pero no lo son.

“El municipio requiere una planta de personal que cumpla las condiciones para la ejecución de las metas y que debería estar sujeta a un estudio técnico, pero aquí no lo hay. A lo mejor hay muchos trabajadores de nóminas paralelas que no se necesitan, que son favores políticos. En Medellín, las nóminas paralelas son funcionales a la política”, recalcó el veedor.

Lo que comprueba que la inversión social no es la suficiente y, tal vez por el desvío de recursos a gastos de funcionamiento y nóminas, es que el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, está creciendo.

“Colombia tiene uno de los Gini más altos de la región –es decir que es desigual–, pero lo que nos preocupa es que Medellín es la más desigual de Colombia, y se supone que la inversión pública debería corregir esa desigualdad. La inversión no está yendo a los sectores más vulnerables o a lo mejor hay mucha intermediación que se está quedando con una parte grande de la torta del gasto público”, explicó Díaz.

Sin embargo, Valencia aseguró que el Municipio sólo contrata servicios.

“No creo que un proyecto se ejecute solo. Lógicamente el contratista debe tener trabajadores, pero lo que paga el Municipio es el producto”, agregó.

Rentas

La Veeduría también denunció que empresas como EPM o la EDU “privilegian el rentismo financiero sobre el rentismo social”.

Díaz cuestionó inversiones de estas entidades en otras ciudades del país, incluso del continente, olvidando que en la ciudad de origen hay gente sin vivienda o sin servicios públicos.

“Tenemos indicadores financieros exitosos en rentabilidad, pero hay un conflicto con lo social. Aquí muestran que hay buena gestión fiscal, que hay excedentes, pero no tiene sentido que una ciudad rica, que se gana premios de control fiscal e innovación, tenga gente sufriendo”, dijo.

Luz Elena Gaviria, secretaria de Hacienda, explicó que las finanzas de EPM, por ejemplo, se deben proteger con nuevos negocios.

“El 55 por ciento de los ingresos de EPM son para el mejoramiento de la ciudad –además de las UVA o la Fundación–. Si no la protegemos, puede desaparecer como otras empresas de servicios públicos creadas en el país”, afirmó.

MEDELLÍN

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