El lento retorno de una desplazada a su tierra

El lento retorno de una desplazada a su tierra

A Carolina la sacaron de su hogar cuando era niña; hoy habla de su vida tras restitución de tierras.

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28 de agosto 2015 , 06:44 p. m.

Carolina Torres Posada fue víctima de desplazamiento en 1997 por parte de grupos al margen de la ley, en su caso paramilitares. Su despojo se lo atribuye a Edilberto Cartagena y Eladio Torres. Actualmente, es una de las beneficiarias del programa de Unidad de Restitución de Tierras.

Carolina fue habitante de una finca en la vereda Paquemás del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño. Cuando tenía 13 años fue obligada a abandonar su hogar en compañía de su padre y su madre.

Cuenta que un grupo de paramilitares llegó una mañana a intimidar a su familia, con la amenaza de que debía salir en un plazo máximo de 24 horas. “Recuerdo que llegaron en caballos en horarios laborales, nos dijeron que teníamos que irnos el mismo día y que si no lo hacíamos nos podían matar. Tuvimos mucho miedo porque en otros lugares cercanos ya se habían presentado masacres (…) como el caso de la finca La Galleta”, narra Carolina.

El 23 de marzo del 2000, campesinos de la vereda San Antonio, jurisdicción del corregimiento de Sabaletas y habitantes de la finca La Galleta fueron obligados a abandonar el territorio después de que un grupo de soldados, pertenecientes al Batallón Contraguerrilla 42 Héroes de Barbacoas, adscrito al Grupo Mecanizado Juan del Corral de la Cuarta Brigada y hombres con brazaletes de las Auc invadieran el territorio, destruyeran sus viviendas y pintaran las paredes con consignas de los grupos de autodefensas. Un día después, varios cuerpos fueron encontrados sin vida en lugares cercanos a la región.

En menos de seis horas, Carolina y su familia abandonaron su finca y se dirigieron a El Tres, corregimiento de Turbo, Antioquia. “Tuvimos que salir muy rápido, teníamos miedo de que nos pasara lo mismo que a los de La Galleta, así que nos fuimos dejando nuestras pertenencias, solo en busca de salvar nuestras vidas”, cuenta.

Pasaron 10 años para que esta mujer tomara la decisión de denunciar y pusiera en evidencia frente al Estado el crimen que se cometió contra ella y su familia. La violencia azotó la región fuertemente y muy pocas personas se atrevían a mostrar este fenómeno. Para el 2014, siete reclamantes de tierras habían sido víctimas de asesinatos, amenazas y otro tipo de represalias.

“Después de todo este tiempo tuvimos el valor de hablar. No lo hicimos antes por temor, por miedo a las intimidaciones y a la violencia que amenazaba a quienes denunciaban”, agrega Carolina.

Después de un periodo de relativa calma y seguridad para los campesinos, los habitantes del sector retomaron paulatinamente la confianza y fueron tomando la decisión de denunciar y hacer parte del listado de desplazados que aplicaban al programa de Restitución de Tierras. Carolina cuenta que inicialmente dos personas se atrevieron a poner las denuncias, pero la unión de la comunidad hizo que más de 30 personas hicieran parte de la solicitud.

En el 2006, esta madre de dos niñas comenzó a exponer su caso frente a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, inspecciones de Policía y otras entidades del Estado, con el fin de obtener información y asesoría para aplicar a la reposición de su predio.

En el proceso se encontró con personas que, según Carolina, le hicieron perder las esperanzas y en muchas ocasiones la hicieron sentir derrotada. Una de las instancias a la que acudió esta antioqueña fue a la asesoría de Carmen Palencia. Para Carolina, esta mujer se intentó aprovechar de la situación de los desplazados en varias regiones del Urabá, exigiendo un 15 % de las tierras que los desplazados reclamaban.

El papel de Carmen Palencia ha sido cuestionado no solo por los habitantes del sector, sino por varias entidades que denuncian su labor en el proceso de restitución. Aunque en el 2011, el presidente Juan Manuel Santos recalcó su labor en medio de la premiación de las líderes más importantes del país (“Aplaudimos su perseverancia y coraje para seguir liderando la restitución de tierras para las víctimas en Urabá”, dijo entonces el mandatario), existen versiones que ponen en tela de juicio su función.

Luego de casi un año de trámites con Palencia, Carolina abandonó el proceso. Al cabo de unos meses comenzó su solicitud con Flor Colombia, una abogada miembro de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, entidad creada por el Gobierno como resultado de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Cuando se creó el organismo de restitución en el 2012, existía un registro dirigido por Acción Social, hasta ese entonces había 4’798.000 víctimas. En diciembre del 2014, la cifra aumentó a 5’902.248, de las cuales 4’662.776 son sujetos de atención activa. Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, hasta el 2014, en Colombia había 6,8 millones de víctimas en todo el país, donde el 86 por ciento son desplazados y el 14 por ciento, víctimas de amenazas, homicidio y desaparición forzada.

Después de un año de recopilar los documentos necesarios, Flor Colombia presentó la solicitud de restitución de su predio a la Unidad de Tierras con sede en Apartadó. La víctima reconoce que aunque siempre hubo un intento permanente de facilitar el proceso, se presentaron complicaciones y trámites engorrosos que, según insiste, se deben intentar reducir.

Después de tres años de constantes esfuerzos por lograr recuperar su predio, y gracias a la sentencia de restitución (enero de 2014) y a la posterior entrega de material realizada en el mismo año, Carolina comenzó a trabajar nuevamente en su predio.

Torres cuenta que inicialmente tuvo problemas con los opositores al programa de restitución: “Después de la sentencia y cuando quisimos volver a trabajar en los cultivos, nos encontrábamos con ganado en la finca que no era nuestro, después llegaron los capataces de los ‘exdueños’ de las tierras y nos intentaron sobornar (…), también hubo varios problemas con los linderos porque siempre intentan modificar los límites de los terrenos”, denuncia Carolina.

Aunque en este momento Carolina aún no está viviendo en la finca que le fue restablecida, ahora hace parte del programa completo de restitución. Según la Unidad, para la reparación están contempladas cinco medidas: restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

Actualmente, la finca de Carolina no tiene casa, pero espera que a mediados de agosto ya esté lista para que sea habitable. En el terreno se trabajan una hectárea de maracuyá y siete de ganadería. En noviembre de 2014, el Gobierno desembolsó 24 millones en tres fases: la primera se efectuó en noviembre del año pasado, el dinero fue utilizado para la adecuación del terreno. El segundo giro se realizó el 29 de abril de este año y estuvo contemplado en la compra de cuatro vacas de vientre. El último ingreso se ejecutará el 15 julio de 2015 y se utilizará para adquirir cinco vacas más.

Según el decreto 2569 de 2014, que fue expedido por el presidente Santos, hasta el momento se beneficiarán 1,3 millones de hogares en situación de desplazamiento. El presupuesto de la Unidad de Víctimas para el 2015 es de 1,6 billones de pesos. Sin embargo, toda la inversión que está prevista para la aplicación de la ley será de $ 7,8 billones.

En la región de Urabá, actualmente, los jueces estudian reclamaciones sobre 18.000 hectáreas en jurisdicción de Antioquia y Chocó y han presentado cerca de 700 casos. Van 1.307 hectáreas restituidas en 31 sentencias sobre 114 derechos, y 68 veredas intervenidas en siete municipios antioqueños.

“La aplicación de esta ley es muy difícil. La Unidad de Restitución de Tierras está haciendo un gran esfuerzo por cumplirle a los desplazados. Sin embargo, no es fácil. Aún hay varias cosas por mejorar y también gente que se opone a este proyecto. El sueño que todos tenemos es que podamos volver a nuestra tierra a trabajarla y tener la paz y estabilidad que los colombianos nos merecemos. Por eso, este y todos los gobiernos deben trabajar por garantizarnos este derecho. Yo espero que así como yo, los desplazados puedan recuperar sus tierras y volver a tener una vida digna”, comenta Carolina.

PAOLA AVENDAÑO
Redacción ELTIEMPO.COM

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