Justicia da vuelco en caso de quemados en dictadura chilena

Justicia da vuelco en caso de quemados en dictadura chilena

Doce exmilitares fueron detenidos por incinerar vivos a un fotógrafo y una mujer en una patrulla.

23 de agosto 2015 , 11:07 p.m.

El 2 de julio de 1986, dos jóvenes fueron quemados vivos luego de ser detenidos por una patrulla militar en medio de una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile.

Uno de ellos, el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, murió a causa de las quemaduras. La otra joven, Carmen Gloria Quintana, quien para la época era una estudiante universitaria, sobrevivió, pero quedó con heridas que la han marcado el resto de su vida.

El pasado mes de julio, unos cables desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) permitieron conocer que Pinochet encubrió este hecho, y el testimonio de dos exsoldados que prestaban su servicio militar obligatorio, para esa época, hicieron que el que es conocido como el ‘caso de los quemados’ reviviera en Chile.

Para Adolfo Castillo, director de la Corporación Libertades Ciudadanas de Chile, este caso “ha quedado en el olvido por parte de las autoridades del Gobierno”, al igual que muchos otros delitos cometidos por la dictadura entre 1973 y 1990.

De acuerdo con Peter Kornbluh, analista de la Agencia Nacional de Seguridad de EE. UU., los documentos contienen los nombres de los funcionarios que pueden testificar sobre este crimen, los nombres de quienes lo cometieron, así como de quienes lo encubrieron.

“Rodrigo era un amigo querido y un joven talentoso. Él y Carmen merecen la verdad, la justicia y la dignidad para el horror que se cometió en contra de ellos”, le dijo a EL TIEMPO Kornbluh, quien conoció a Rojas de Negri en Washington, cuando este tenía entre 12 y 19 años.

Kornbluh, que escribió sobre este caso en su libro 'The Pinochet File' (El archivo Pinochet), también mencionó que el hecho de que los militares encubrieran la información durante estos años y que Pinochet conociera quién lo hizo desde el principio “ha generado toda una tormenta de escándalos e indignación en el país”.

Los dos exsoldados que se decidieron a contar cómo sucedieron los hechos fueron Fernando Guzmán y Pedro Franco.

El primero, que integraba la patrulla militar del teniente Pedro Fernández Dittus cuando los jóvenes fueron quemados, decidió contar la verdad y decir los nombres y apellidos de los culpables.

De acuerdo con la declaración de Guzmán, Julio Ernesto Castañer González, teniente del Ejército en 1986 y quien hasta hace pocos días se desempeñaba como asesor de Operaciones del Estado Mayor de la Quinta División del Ejército de Chile, fue quien roció a los jóvenes con gasolina y les prendió fuego.

Alejandro Vega, uno de los periodistas del canal Chilevisión con los que Guzmán habló, le dijo a este diario que Guzmán decidió romper el pacto de silencio que por décadas han mantenido los militares sobre los crímenes de la dictadura por un accidente cardiovascular que lo hizo querer revelar la verdad y pedirle perdón a Carmen Quintana.

El segundo, Franco, también rompió el pacto de silencio y habló con el mismo medio chileno.

Franco corroboró la versión de Guzmán y contó que los abogados conseguidos por Castañer hicieron la versión que durante años han manejado los militares sobre lo ocurrido.

Esa narración aseguraba que la estudiante, al intentar escapar, golpeó con los pies una botella con gasolina y químicos, la cual hizo que los jóvenes se incineraran.

Tras estas declaraciones, 12 exmilitares fueron detenidos por la Policía y llevados ante el juez Mario Carroza, encargado de llevar adelante la investigación.

Por su parte, en la búsqueda de que no haya más impunidad, la senadora María Isabel Allende presentó el pasado 10 de agosto ante la Sala de Sesiones del Senado de Chile un proyecto de ley para degradar a los militares involucrados en delitos de derechos humanos.

Proyectos como este y otras acciones que ya están en marcha, como la formación en derechos humanos para los militares, sumados a iniciativas legislativas y educativas, serían necesarios para que en Chile los delitos que se cometieron durante el régimen no se repitan.

Aunque, según afirma Castillo, de Libertades Ciudadanas, para que esto realmente suceda “habrá que esperar un cambio generacional”, pues “una gran parte de la población chilena estaba de acuerdo con la dictadura militar, lo que hace más difícil un proceso de paz”, dice.

Además agrega que en el caso de las desapariciones, los familiares de las víctimas han recibido reparaciones materiales y simbólicas, pero no se ha logrado hacer justicia. “La gente siente que en realidad aquí hubo un pacto de silencio entre civiles y militares que hizo que la mayor parte de los crímenes que se cometieron no tuvieran responsables”, puntualizó.

PAOLA RUEDA POLO
Especial Para EL TIEMPO

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