Hace 72 horas, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo al cumplimiento a la Ley de Víctimas le entregó al Congreso su segundo informe, en el que evalúa la aplicación de esa norma y pide que se hagan de manera urgente ajustes de fondo a la misma.
EL TIEMPO tuvo acceso al documento, de 296 páginas, y el dato más relevante del informe está relacionado con la financiación de la reparación a los cientos de colombianos golpeados por el conflicto.
La comisión –compuesta por el Procurador General, que la preside; el Defensor del Pueblo, el Contralor y representantes de víctimas– calcula que hay un faltante de 33,6 billones de pesos para garantizar al conjunto de las víctimas los derechos de indemnización y vivienda consagrados en la ley.
Y si bien se reconoce que las metas trazadas por el Gobierno implican una importante carga presupuestal e institucional, se afirma que resultan insuficientes con relación al universo de víctimas por atender, asistir y reparar.
Además, dicen, las proyecciones de gasto del Gobierno no tienen en cuenta la realidad y magnitud creciente del fenómeno de victimización producto del conflicto armado interno y tampoco corresponden a una reparación integral y transformadora, según los estándares establecidos.
De hecho, se propone que se extienda la vigencia de la Ley de Víctimas –va hasta el 2021– para enfrentar adecuadamente el impacto financiero por el crecimiento en el número de población afectada por el conflicto armado.
En el documento también se señala que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, piedra angular de esta política estatal, no cuenta con la jerarquía para realizar la tarea que se le encomendó.
“A pesar de coordinar el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, tiene un rango inferior a las entidades que encabezan los sectores de Gobierno que tienen la responsabilidad de implementar las políticas públicas”, dice el informe.
No obstante, le reconocen a esa entidad que la distribución territorial de ayuda humanitaria que ha realizado es coherente con la distribución geográfica de la población víctima.
Sin embargo, el promedio de ayudas por familia ha venido disminuyendo, según la información recogida por la comisión de seguimiento.
Al revisar el presupuesto de atención humanitaria, la comisión destaca que haya ascendido a 738.000 millones de pesos en el 2015. No obstante, “el presupuesto no es transparente, en la medida en que la Unidad de Reparación utilizó recursos de otros rubros presupuestales sin realizar el debido trámite y por tanto las cifras no revelan el verdadero gasto”.
Al respecto, el documento revela que se encontró una diferencia de 62.400 millones de pesos entre el gasto que se reportó y lo que realmente halló en su auditoría la Contraloría General de la República.
Además, el hecho de haber utilizado recursos de la vigencia del 2015 para cubrir parte del rezago de atención humanitaria del 2014 afectó el cumplimiento de las metas de pagos para este año.
De hecho, la Contraloría estableció que la Unidad de Víctimas ha presentado varias solicitudes ante el Ministerio de Hacienda en busca de una adición presupuestal por 372.000 millones de pesos, sin obtener respuesta.
Los miembros de la comisión también anotan en el informe que persisten barreras de todo orden que impiden que las víctimas se acerquen a rendir la declaración que se requiere para su inscripción en el Registro Único de Víctimas, que les permite acceder a los beneficios de ley.
Además de los obstáculos geográficos, la persistencia del conflicto impide la búsqueda de la ayuda estatal. Otra barrera es que aún hay deficiencias en la difusión de la información sobre asistencia, atención y reparación.
Rezago en tierras
El informe también señala que las cifras de solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y de fallos judiciales de restitución son inferiores al potencial. Se calculó que durante los 10 años de vigencia de la ley, el número de solicitudes de restitución sería de 360.000, y en los primeros cuatro años apenas se han registrados 82.000 solicitudes.
Asimismo, hay un alto número de solicitudes de restitución que han sido retiradas por el desconocimiento de los alcances de la ley y el temor de las víctimas a volver a sus predios.
Finalmente, asegura que aunque la Unidad de Víctimas afirma que no tiene rezago en el pago de indemnizaciones, hay víctimas que no han accedido al derecho legal de ser indemnizadas. Hay más de 180.000 solicitudes pendientes.
El informe le será entregado hoy al Gobierno para que acoja las recomendaciones y responda a los reparos de la comisión.
‘Realidad desbordó los cálculos’
Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, le dijo a EL TIEMPO que “la proyección que se hizo en el 2011 para financiar la ley se desbordó por la realidad. En su momento, el universo de víctimas era de 4 millones y hoy está en 7,3 millones”. Fallos de la Corte Constitucional, que ordenan indemnizar a la población desplazada, también elevaron el registro. “Estos dos factores plantean la necesidad de hacer un nuevo costeo”, afirmó, y añadió que esta situación ya está siendo discutida con el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, según Gaviria, se debe precisar que del universo, solo 5,8 millones de víctimas son sujeto de reparación. Sobre el dinero usado en ayuda humanitaria, dijo que “no hay una política pública con más controles y transparencia que la Ley de Víctimas”.
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