Alerta vial

Alerta vial

Colombia carece de políticas concretas en materia vial para el desarrollo nacional.

notitle
21 de agosto 2015 , 05:56 p.m.

La doble calzada Bogotá – Girardot registra el mayor volumen de tráfico de los corredores viales nacionales y comunica el mayor polo de desarrollo de la nación con el sur y con el principal puerto marítimo del país.

Fue concesionada a finales del 2004 e iniciada a principios de 2005, con un plazo de ejecución de cuatro años. Su traumático proceso de construcción, falta de planificación y estructuración retrasó la irregular terminación casi una década. Es uno de los proyectos con los mayores escándalos de corrupción, desde el proceso de selección de propuestas y adjudicación, hasta los de contratación y ejecución.

Las obras ejecutadas en esa doble calzada exhiben marcadas deficiencias en el índice de estado de las vías, en ambas calzadas. Las evidentes insuficiencias demandan evaluación del estado actual de la vía, hecha con estricto rigor técnico.

Las faltas se evidencian en rugosidad superficial (IRI), ahuellamiento y deformaciones, fisuras y grietas, textura de rodadura, meteorización precoz de carpeta asfáltica, y estado de berma, drenajes, taludes, zonas laterales, separadores, señalización, entre otros.

El vía crucis de la doble calzada comenzó cuatro días después de firmado el contrato, cuando iniciaron la firma de consecutivos otrosíes, con modificaciones de diseños, cantidades, especificaciones y plazos, que dieron lugar al desproporcionado costo final y a protuberantes deficiencias técnico-constructivas.

Según informaciones recientes, la concesión de la doble calzada Bogotá - Girardot debe ser entregada o liquidada en el presente mes, agosto. Entonces, el Ministerio debe contratar el mantenimiento y la operación con un tercero.

El 25 de julio de 2015, la Ministra de Transporte anunció una nueva asociación público-privada para construir un nuevo carril en ambos sentidos de esa doble calzada. Señaló que ese proyecto tendrá un costo de 1,7 billones de pesos y una longitud de 146 kilómetros. Además, indicó que el proyecto estará acompañado de nuevas tarifas en los peajes de Chusacá y Chinauta, que pasarán de 9.000 a 13.300 pesos en la categoría 1 (automóviles y camionetas) y en la del más caro (categoría V: carros de seis ejes) de 38.200 a 69.200 pesos. Sin embargo, no precisó con qué criterio se hará el reajuste de peajes. Al respecto, debe tenerse en cuenta que Colombia, a pesar de su precariedad vial terrestre, tiene los peajes y el transporte más costosos de la región.

De acuerdo con el TPD y las tarifas actuales, el recaudo en los dos peajes el presente año superará los 360.000 millones de pesos. Ese recaudo es suficiente para cubrir los costos de construcción de los nuevos carriles, así como para hacer la rectificación, el mantenimiento y la operación de las calzadas existentes mediante concesión por pocos años.

La terminación de concesiones debe aprovecharse para racionalizar la contratación de concesiones de operación, mantenimiento y mejoramiento, y para generar ingresos nacionales.

La construcción de nuevos carriles en ambos sentidos, específicamente como previsión para la demanda futura, de acuerdo con el crecimiento del volumen de tráfico, tiene plena justificación.

Estudios técnicos precisan que las dobles calzadas colombianas no satisfacen normas técnicas internacionales. En consecuencia, las autoridades del sector deben exigir, tanto en estudios como en construcción, el cumplimiento de normas viales internacionales.

La corrección de deficiencias técnico-estructurales debe ser parte integral de la contratación de la construcción de los nuevos carriles anunciada por la Ministra y debe incluir mantenimiento y operación de todo el corredor vial. Es un proyecto que debe disponer de ingeniería de detalles y estar soportado técnicamente, antes de cualquier contratación.

La determinación y el cálculo de los costos de esas obras, y de todas de las denominadas 4G, demandan absoluta responsabilidad y honradez de quienes designen hacer esos estudios, para lograr costos justamente racionales.

Hay certeza de que la construcción de infraestructura en Colombia puede costar entre dos y tres veces más que en el resto de la región, por imprevisiones, diseños deficientes, precaria supervisión, y corrupción, factores que conducen a dilapidación de recursos públicos.

Colombia carece de políticas concretas en materia vial, coherentes con los requerimientos del desarrollo nacional y con las exigencias de la evolutiva dinámica del desarrollo global.

Marcos Silva

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.