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A juicio, dos exjefes del Fondo de Vigilancia por sobrecostos

Mauricio Solano y Ovidio Sotelo, a responder por compras de cámaras y PC por $ 1.150 millones.

UNIDAD INVESTIGATIVA
La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a los exgerentes del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (FVS) Mauricio Fernando Solano Sánchez y Jorge Ovidio Sotelo Villamil, por sobrecostos en la compra de 32 cámaras de seguridad tipo domo y la dotación de sistemas de vigilancia computarizada a 37 patrullas de policía.
Solano es el mismo exfuncionario investigado penalmente por el escándalo en la licitación para la compra de 50 biciclos eléctricos o vehículos transportadores autobalanceados para la Policía, valorados cada uno en 24 millones de pesos y que se consiguen en el mercado a 6 millones de pesos.
Ahora, en la investigación por el ‘carrusel de la contratación’ que desangró las arcas de Bogotá, la Procuraduría encontró que a pesar de que hay evidencia de sobrecostos en un contrato por 30.000 millones de pesos que el FVS firmó en junio del 2010 con la firma Verytel S. A., Solano y Sotelo firmaron cuatro otrosíes que le costaron a Bogotá otros 1.150 millones de pesos.
Uno de esos otrosíes se firmó el 19 de abril del 2011 para la compra de 32 cámaras tipo domo. “(Se adquirieron) sin prever que el contrato principal factiblemente no gozaba de precios unitarios de referencia que soportaran dicha compra”, dice la Procuraduría.
Según la investigación, el FVS pagó por cada cámara 9,8 millones y en el mercado se consiguen por precios de entre 4 y 6 millones de pesos. Para el Ministerio Público hay una “aparente violación de los principios de economía y responsabilidad y con presunto detrimento al patrimonio del Estado, en tentativa suma de 102 millones de pesos”.
Además, la investigación encontró que en una nueva adición al contrato hubo sobrecostos en más 1.000 millones de pesos en la compra de computadores y el software para ser instalados en 37 patrullas de vigilancia.
En el mercado, los computadores tiene un valor promedio, por equipo, de 2,9 millones de pesos, y el FVS pagó por cada uno 17,7 millones de pesos.
A su vez, el software fue adquirido por 25,4 millones de pesos, cuando en el mercado está avaluado en 11,1 millones de pesos.
Los dos exfuncionarios afrontan cargos por falta gravísima que da sanción de destitución e inhabilidad de entre 10 y 20 años.
La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General y pidió investigar por este caso a otros seis exfuncionarios.
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