Piden declarar emergencia por crisis en alimentos escolares

Piden declarar emergencia por crisis en alimentos escolares

La exigencia fue hecha por la Contraloría al Ministerio de Educación.

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19 de agosto 2015 , 09:38 p. m.

La ministra Gina Parody decidió no continuar con dos millonarios contratos que su cartera había suscrito con un grupo de firmas para proveer alimentos a niños de Atlántico y Bolívar.

Así lo anunció este miércoles tras constatar denuncias hechas por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de alimentos descompuestos, raciones miserables, desaseo y falta de infraestructura para atender a los pequeños de los colegios públicos que subvenciona el Gobierno.

De hecho, los hallazgos llevaron al Gobierno a anunciar un revolcón al Programa de Alimentación Escolar (PAE) a cargo del Ministerio de Educación.

“Vamos a cambiar todas las reglas de juego en materia de alimentación escolar, las regiones deben poner recursos y vamos a procurar que se vayan hacia el mismo plan. Hoy lo que tenemos es una dispersión y eso no permite que tengamos más y mejor comida”, explicó la Ministra.

Edgardo Maya (I.), Gina Parody y Luis Enrique García.

 

Las empresas afectadas con la decisión de Parody son la Fundación Kabala y la Unión Temporal Alimentar, esta última compuesta por la ONG Fundaenlace y por la Cooperativa de Servicios Generales de la Heroica (Cooseheroica). Sus contratos con el Ministerio de Educación suman 27.600 millones de pesos y tienen otros con el ICBF y con entidades territoriales.

Los jugosos contratos

El de Alimentar, tal como lo reveló EL TIEMPO el pasado domingo, asciende a 12.871 millones de pesos y aparece suscrito en febrero de este año por el viceministro Luis Enrique García y por Alejandro Hernández, representante de la unión temporal. Alimentar se comprometió a suministrar el complemento alimentario a los niños del Atlántico hasta el 31 de agosto.

El otro contrato suspendido lo firmó García con la Fundación Kabala, asciende a 14.893 millones de pesos y se suscribió el 24 de diciembre del 2014. La representante legal de esa fundación es María Angélica Araújo Noguera, antigua contratista del ICBF y cabeza de otros consorcios que han obtenido contratos de raciones escolares.

Kabala hace parte del Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, que atiende a 195.000 estudiantes en los 11 municipios. En esos lugares, la Defensoría halló deficiencias y desaseo en los utensilios e infraestructura con los que atiende a los pequeños.

EL TIEMPO estableció que la supervisora de los dos contratos suspendidos por Parody es Martha Elena Herrera Cifuentes, subdirectora de permanencia del Ministerio de Educación. A Herrera se le asignó la tarea de “velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes y verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes, proyectos y acciones”.

Al respecto, el viceministro García les aseguró a reporteros de este diario que sí hubo alertas por parte de la supervisora Herrera, que la cartera de Educación venía investigando estos casos junto con la Defensoría del Pueblo y que en los próximos días compulsarán los expedientes a los organismos de control.

Emergencia alimentaria

“Tras una visita de inspección a instituciones educativas en Puerto Colombia (Atlántico), en compañía del contralor General, Edgardo Maya Villazón, se encontró que no se da la cantidad de comida adecuada, hay alimentos en mal estado, y manipuladoras sin dotación suficiente ni normas básicas de higiene”, explicó Parody en rueda de prensa.

La Ministra también les hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores de otras regiones para que tomen acciones en otros casos denunciados: alcaldías de Ciénaga y Santa Marta (Magdalena), Lorica y Sahagún (Córdoba), Uribia (La Guajira); y departamentos como La Guajira, Magdalena y Córdoba.

Ante los hallazgos, el contralor Maya conminó al Gobierno a que declare una emergencia frente al tema de alimentación escolar y le pidió al Ministerio de Educación que asuma la dirección y el manejo de este programa. “No se puede continuar dependiendo de que una gobernación o municipio acepte aportar o recibir recursos cuando le convenga”, dijo el contralor Maya.

Además, se mostró preocupado porque, según dijo, son miles y miles de niños los que están siendo víctimas y no beneficiarios de este programa de alimentación.

Al respecto, Maya aseguró que hay operadores de alimentación que se están contratando a dedo: “Por eso vamos a extender y responsabilizar a alcaldes y gobernadores, y a todas las autoridades que están manejando el PAE”.

EL TIEMPO estableció que la Procuraduría ya tenía varios de estos casos identificados y adelanta indagaciones en otros departamentos en donde están involucrados funcionarios de Rionegro (Antioquia), Sabanalarga (Atlántico), Magangué (Bolívar), Popayán (Cauca), Valledupar (Cesar), Cajicá, Nemocón, Tabio, Sesquilé (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima) y Bucaramanga (Santander).

Los primeros sancionados disciplinariamente se conocerán en las próximas semanas.

‘Nosotros alertamos’

El viceministro de Educación, Luis Enrique García, le dijo a EL TIEMPO que fue esa cartera la que detectó las irregularidades en los contratos y que la supervisora de los mismos lanzó varias alertas y les hizo requerimientos a los contratistas.

“Estamos ejerciendo el control que nos corresponde y, además, hay informes de los interventores que nos permitirán darles traslado de los hechos a todas las autoridades”, dijo García cuando se le preguntó si al Ministerio le cabía alguna responsabilidad.

Al respecto, explicó que los contratistas suspendidos salieron de un banco de oferentes que por primera vez él ordenó crear y recordó que la gran mayoría de los contratos de la alimentación escolar la ejecutan las autoridades territoriales.

“Por primera vez, estamos teniendo los controles. Hay entidades territoriales con las que podríamos lavarnos las manos. Pero si algo ha hecho el Ministerio es tomar controles que en 30 años no se habían hecho”, aseguró. Y anunció cambios estructurales al programa para blindarlo.

Dueño de ‘spa’ no seguirá operando contrato en Chocó

El viceministro de Educación, Luis Enrique García, le dijo a EL TIEMPO este miércoles que Fungescol no seguirá operando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Chocó. Detrás de Fungescol figuran Wilman Henry Bonilla Acosta y Hernán Calle Corrales, operadores de un lujoso y reputado hotel spa en Arboletes (Antioquia).

Este es el hotel 'spa' que operan los mismos empresarios de Fungescol, señalados de dar comida descompuesta en Chocó.

No obstante, la personera de Unguía (Chocó), Yoelci Murillo, y la Defensoría del Pueblo, recogieron evidencia de que Fungescol les estaba dando alimentos descompuestos a los niños dentro de un contrato firmado por la Gobernación, por 4.800 millones de pesos, que tenía lista una adición superior a 2.400 millones de pesos.

“El Ministerio de Educación está vigilando la situación en Chocó y la decisión de no ir más con el operador fue comunicada por la Gobernación”, explicó el viceministro.

No obstante, desde el domingo, los representantes de la firma le habían dicho a EL TIEMPO que se iban a retirar. Y aseguraron que no son responsables de que los colegios no tengan la infraestructura necesaria para refrigerar adecuadamente los alimentos. El caso ya está en manos de la Fiscalía General.

Procuraduría investiga anomalías en otros once departamentos

La Procuraduría tiene abiertas dieciséis investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de raciones escolares en alcaldías y regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de once departamentos.

Además, el organismo de control revisa otros contratos celebrados en últimos meses y alista sanciones contra funcionarios.

Una de las investigaciones, que se encuentra en etapa preliminar, tiene que ver con denuncias por irregularidades en la celebración de contratos para los programas de alimentación escolar (PAE) en la regional Putumayo del ICBF. Las indagaciones tratan de establecer si en ese departamento se favoreció, a través de una alta funcionaria, a una firma con sede en Pasto (Nariño) y que se ganó el contrato de alimentación escolar de manera directa.

Pero las investigaciones del Ministerio Público también tienen en la mira a alcaldes que, a través de contratación directa o mediante convenios, presuntamente incurrieron en irregularidades, al entregar a particulares la alimentación que se suministra en establecimientos educativos de sus municipios.

Las denuncias señalan a alcaldes y funcionarios de Rionegro (Antioquia), Sabanalarga (Atlántico), Magangué (Bolívar), Popayán (Cauca), Valledupar (Cesar), Cajicá, Nemocón, Tabio, Sesquilé (Cundinamarca), Cúcuta (Norte de Santander), Ibagué (Tolima), Bucaramanga y El Guacamayo (Santander).

En casos como el de Bucaramanga, en donde la Contraloría municipal ya había hallado irregularidades que apuntaban a Fundaenlace y a Cooseheroica (firmas de la Unión Temporal Alimentar en Atlántico), la Procuraduría verifica denuncias por supuesta triangulación de la contratación y sobrecostos en ese programa. Las indagaciones recaen directamente en el alcalde Néstor Álvarez Mantilla.

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