Legitimidad de la paz, jaque a la institucionalidad

Legitimidad de la paz, jaque a la institucionalidad

Crear un órgano como el 'congresito' para implementar los acuerdos de La Habana es inconveniente.

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19 de agosto 2015 , 05:35 p. m.

Crear un órgano ajeno a la estructura constitucional para implementar los acuerdos de La Habana es inconveniente, inconstitucional y peligroso. La desinstitucionalización no contribuye al establecimiento de la paz, genera un escenario de inseguridad y de ilegitimidad, y facilita los abusos de poder y autoridad así como las transgresiones que son más propias de regímenes totalitarios que de democracias que defienden los derechos humanos y la paz.

So pretexto de agilizar la pacificación de la sociedad, se arriesga la frágil institucionalidad que aún queda. Crear un órgano ad hoc como el ‘congresito’ recientemente propuesto rompe de tajo con el poco equilibrio de poderes que quedó después de la última reforma a la Carta Política.

La única vía legítima y constitucional para implementar los acuerdos, cuando sean conocidos por el pueblo, es el Congreso de la República. Es a este órgano al que corresponde hacer las leyes que se requerirán para poner en marcha los pactos firmados por Gobierno y Farc. Aún si se tratara de reformar la Constitución –asunto improbable dada la amplitud de la Carta y el espíritu de la Constituyente del 91-, lo más práctico, expedito y viable, sería que el Parlamento lo hiciera, siguiendo el trámite previsto para ello.

La Comisión Especial Legislativa creada en 1991, también conocida como Congresito, fue fruto de un acuerdo político entre el Gobierno, la Constituyente y el Congreso para facilitar el desarrollo legal de los cinco asuntos más apremiantes de la recién aprobada Constitución, que fueron taxativamente señalados en los artículos transitorios de la Carta. Ello implicó, de acuerdo con el artículo 1 transitorio, que el Congreso accediera a entrar en receso y a no ejercer ninguna de sus atribuciones entre julio y fines de noviembre de 1991.

El acuerdo incluyó la convocatoria para elegir un nuevo Congreso de la República que sesionaría entre el 1.° de diciembre de 1991 y julio de 1994; los Constituyentes y los ministros de despacho –que habían gozado de mucha visibilidad y tenían gran popularidad- accedieron a inhabilitarse para esa elección, facilitando que los congresistas de vieja data no vieran amenazada su curul. Ese Congresito operó entre julio y octubre del 91 y tuvo como funciones “improbar los proyectos de decreto que en ejercicio de facultades extraordinarias redactara el Gobierno en los temas indicados y preparar proyectos de ley para desarrollar la Constitución que presentaría al Congreso de la República elegido el 27 de octubre para que fuera éste órgano el que los debatiera y aprobara”. Nunca aprobó leyes ni operó por fuera de la institucionalidad existente y, mucho menos, funcionó al tiempo con el Congreso.

Los congresistas elegidos el pasado 9 de marzo postularon sus nombres e hicieron sus campañas sobre la base de que formarían parte de un Congreso que tendría como tarea implementar los acuerdos de La Habana; ellos representan las distintas visiones que hay en el país sobre la paz. ¿Con qué autoridad y bajo qué argumento se les va a hacer a un lado, precisamente en el momento más importante? ¿Con qué legitimidad va cualquier órgano diferente a ejercer una función que fue encomendada por el constituyente primario a los 102 senadores y 163 representantes a la Cámara? Ni siquiera los miembros de las Farc deberían participar en esos debates. La negociación con el grupo insurgente tiene su espacio, su tiempo y su lugar. Una vez firmados los acuerdos, corresponde al órgano que representa a los colombianos estructurar las leyes y normas que servirán para dar vida a los pactos.

Una solución diferente, que implique que la paz se teja por fuera de las instituciones, traerá una paz ilegítima que tarde o temprano derivará en un nuevo caos.


Claudia Dangond
@cdangond

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