'Esta es una negociación de dos, no es un sometimiento a la justicia'

'Esta es una negociación de dos, no es un sometimiento a la justicia'

Así lo dijo Luis Fernando Velasco, presidente del Senado

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19 de agosto 2015 , 09:51 a.m.

Luego de algunos días de controversia política por la forma en la que se desarrollarían los acuerdos que se alcancen con las Farc, en La Habana, finalmente los partidos de la coalición y un sector del Partido Conservador llegaron a un punto de consenso con el Gobierno, en la noche de este martes.

Esto ocurrió en la Casa de Nariño y de este salieron varias cosas claras, una de las principales fue que todo lo que se tramite en cuanto a reformas constitucionales y legales para echar a andar los acuerdos de paz tendrá que tener la bendición de la mesa de negociaciones de La Habana.

Esto quiere decir que todas las enmiendas a la Constitución o los proyectos de ley que se traduzca lo que se acuerde para la terminación del conflicto debe tener el beneplácito de ambas partes del proceso, es decir del Gobierno y de las Farc.

Y para ello, la idea es que en todos los desarrollos normativos que requieran el Congreso, sea el protagonista y que sea por esta vía por la cual se tramiten las reformas constitucionales y los proyectos de ley que se necesiten para que el fin de las confrontaciones con la guerrilla sea una realidad.

Este consenso entre el Gobierno y los partidos envía un mensaje de unidad política sólida en Colombia y de la intención de acelerar el proceso de paz que se desarrolla en La Habana.

En diálogo con EL TIEMPO, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, habló sobre la reunión de la noche del martes en la Casa de Nariño y sobre el proyecto de reforma constitucional que se presentaría para acompañar lo que se vaya pactando en Cuba.

¿Qué detalles hubo en la reunión de la noche de este martes en Palacio?
Fue una reunión muy larga con una conclusión relativamente corta. Es evidente que para implementar los acuerdos de La Habana, en todas las materias -participación en política de la guerrilla, justicia transicional- se necesitan unas reformas de tipo constitucional. Con los actuales límites que tiene nuestra Constitución se dificultaría hacer y desarrollar la justicia transicional que se tiene que buscar para desarrollar los acuerdos y los mecanismos de participación política de la insurgencia una vez deje las armas, que es algo muy importante.

¿Y cómo se harían estas reformas?
Es evidente que tiene que usarse el camino constitucional del Legislativo. El Congreso será, según nuestro criterio, un protagonista de las reformas para implementar los acuerdos. También es claro que si hay unos acuerdos relativamente avanzados en La Habana es bueno comenzar a hablar desde ahora de implementación y refrendación.

¿Es decir que se mantiene la tesis de la refrendación popular?
El Gobierno Nacional se mantiene en la tesis y en esto coinciden todos los miembros del Congreso –y yo diría que hasta de la oposición- que es necesario que este tipo de acuerdos tengan un alto grado de refrendación popular, es decir algún mecanismo de participación ciudadana. Que el ciudadano, una vez tenga claro qué es lo que se ha acordado, salga y diga si está de acuerdo o no.

¿Y cuál sería el mecanismo de refrendación para proponer?
Hay unos que ya define la Constitución: el referendo, la consulta y el plebiscito o incluso se podría crear, a través de una reforma que se haría en el Congreso, uno nuevo y específico para que el ciudadano se pronuncie frente a estos acuerdos de paz, una vez estén en blanco y negro, es decir que sean claramente entendibles.

¿Se propondrán mecanismos para que los guerrilleros participen en política?
En algún momento es claro que los guerrilleros, si dejan las armas, querrán hacer política y para ello tendrán que estar en los espacios en los que se hace la política en este país. El centro del proceso de paz es que cambiemos las armas por la palabra para hacer política, entonces tendremos que, en algún momento y dejadas las armas, buscar la forma de que estos señores se vinculen a los mecanismos de hacer política, que puede ser a través del Congreso u otras corporaciones. Aclaro que todas estas decisiones, y esta es una conclusión que hay que poner en relieve y subrayarla, no serán unilaterales del Gobierno sino que evidentemente tendrán que consultarse también con los miembros y voceros de la guerrilla porque esta es una negociación entre dos, no es un sometimiento a la justicia.

¿Es claro entonces que el Congreso será el vehículo institucional para tramitar las reformas que se requieran para desarrollar los acuerdos?
Completamente claro, entre otras cosas porque ese es el camino que hoy tenemos. Si el Congreso quisiera podría cambiar el camino, pero sería ilógico que nos demoremos un año para que Legislativo cambie el camino constitucional. Me parece más lógico que comencemos a hacer los cambios que se necesitan dentro del mismo Congreso.

¿Cómo se superarían los impedimentos jurídicos para que algunos guerrilleros participen en esta alta comisión legislativa que tramitaría estas reformas?
No es claro que sin dejar las armas los guerrilleros participen directamente en la comisión legislativa, entre otras cosas porque uno de los planteamientos es cómo se va al Congreso a hacer la justicia que lo va a juzgar a uno mismo. Hay algunas preguntas sin responder y por ello también es bueno aclarar que hay un grupo de expertos constitucionalistas que están tratando de construir una propuesta sobre cómo sería esa justicia transicional y creo que cuando ellos tengan sus conclusiones enriquecerán el debate. Ese tema de la participación de guerrilleros no es tan clara como se quiere plantear. Ahora, es claro y en esto quiero enfatizar, esta es una negociación de dos, no es un sometimiento a la justicia y en una conversación de dos hay que escuchar a las dos partes, las cuales a través de sus mecanismos internos tomarán decisiones. Yo preveo que cuando los negociadores de las Farc toman decisiones, allá en La Habana, buscarán consultar con sus bases, puede ser con conferencias virtuales guerrilleras, qué sé yo, ellos tendrán algunos mecanismos internos para hacer sus debates, y nosotros también tenemos los nuestros.

Según lo planteado en la reunión de Palacio, ¿cómo serían las facultades para el Presidente que se propondrían?
Se habló de un abanico de posibilidades para implementar acuerdos, pero no se dijo ‘este es el camino’. Se dijo que el Congreso puede sacar los actos legislativos, las leyes y que se pueden dar facultades especiales al Presidente. Incluso esto último no es una propuesta que se planteó el martes en la noche sino que la hizo el señor expresidente César Gaviria. En la reunión del martes se habló también de refrendación y de varios mecanismos, pero ninguno se ha asumido, lo que sí es claro, y no se necesita ser un experto en materia constitucional y legal para saberlo, es que hay que hacer unas reformas constitucionales si queremos implementar dos elementos centrales de los acuerdos: primero participación de los armados, una vez dejen las armas, en política, y segundo que se tiene que hacer una justicia transicional que no es la del vencido sino que tiene que ser una justicia de alguna manera pactada.

¿Se tienen detalles de cómo sería el nuevo mecanismo de refrendación que se propondría?
Es probable que se tenga que crear un nuevo mecanismo o que se use alguno. No quiero ser deshonesto: mecanismos hoy hay: referendo, consulta popular y plebiscito, que es una cosa rarísima, pero está en la Constitución. El referendo tiene una dificultad enorme y es que es sobre normas específicas en las que el ciudadano tenga que decir sí o no y evidentemente una consulta al ciudadano en la que más que consulta parezca unas pruebas de estado con diez, veinte o treinta preguntas -y está demostrado- es muy difícil que logre los umbrales respectivos, entonces es probable que pensemos en un mecanismo de consulta en el que englobemos las preguntas generales de los acuerdos de paz en una sola pregunta y que el ciudadano pueda decir sí o no. Esta es una de las opciones que estamos buscando, es decir se puede buscar un mecanismo especial, de carácter constitucional con la participación de los ciudadanos para refrendar los acuerdos.

POLÍTICA

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