Por qué no es buena idea que destituyan a la presidenta Rousseff

Por qué no es buena idea que destituyan a la presidenta Rousseff

Analistas creen que se desencadenaría peor crisis: su eventual remplazo es señalado de corrupción.

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18 de agosto 2015 , 08:54 p. m.

Cuidado con los deseos porque pueden hacerse realidad, advierten expertos: los llamados a la salida de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, pueden costar caro a esta potencia democrática que conquistó con dificultad la estabilidad en los últimos 20 años.

Casi un millón de brasileños salieron a las calles el domingo, por tercera vez en seis meses, al grito de “¡Fuera Dilma!”, reclamando su renuncia, nuevas elecciones o el impeachment (juicio político) de la exguerrillera de 67 años que comenzó su segundo mandato hace menos de ocho meses.

Las razones del pedido son múltiples: la economía está de capa caída hace cuatro años –2015 cerraría con una contracción de 2 por ciento, y se prolongaría hasta 2016, según el último pronóstico de los analistas–, la inflación llega a casi 10 por ciento, el desempleo ha subido, los salarios han caído, el real ha perdido un cuarto de su valor frente al dólar. Muchos brasileños sienten que Rousseff les mintió en la campaña electoral, prometiendo gastos sociales y criticando la agenda conservadora de sus rivales, para comenzar a implementar un duro ajuste inmediatamente después de ganar.

“Está muy bien que la gente salga y proteste y hasta que pida la salida de la presidenta, pero ¿para poner a quién? El presidente de la Cámara Baja (Eduardo Cunha) está siendo investigado por corrupción, y la verdad es que por ahora no apareció nada concreto contra Dilma”, dijo André Perfeito, economista jefe de la consultora GradualInvestimentos en São Paulo. (Lea aquí: Dilma, a limpiar la casa)

Cunha es el enemigo más poderoso de Rousseff en el Congreso y, como presidente de la Cámara de Diputados, tiene la llave para dar luz verde a un eventual proceso de juicio político.

El ambiente político y social está también fuertemente contaminado por un gigantesco escándalo de corrupción en la estatal Petrobras –el mayor en la historia del país– que salpica al oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y a varios de sus socios en la coalición de gobierno. Y aunque Rousseff dirigió el consejo de administración de Petrobras entre 2003 y 2010, no ha sido acusada de ningún delito. La presidenta sí es acusada de manipular las cuentas públicas y de financiar su campaña electoral con fondos ilegales, dos asuntos que son investigados y que podrían conducir a un impeachment. Pero este debe ser aprobado por dos tercios de la Cámara de Diputados y requiere un proceso especial en el Senado.

La mandataria fue elegida con un 52 por ciento de los votos, pero hoy su gestión es aprobada por solo un 8 por ciento de la población. Un 66 por ciento dice apoyar su juicio político, según la encuestadora Datafolha.

El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) sugirió a Rousseff que haga un “gesto de grandeza” renunciando o por lo menos haciendo un mea culpa de los errores de su gobierno.

Pero cuidado, a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad, advierten analistas. “El impeachment puede ser un remedio muy amargo, y los efectos colaterales, muy penosos” y “traumáticos”, dice Michael Mohallem, experto en política y derecho de la universidad privada Fundación Getulio Vargas (FGV). “En el empresariado y en la élite existe la idea de que su salida sería aún peor”, estimó el economista Perfeito.

La prensa brasileña parece tener ahora la misma opinión: después de haber publicado un fotomontaje con la cabeza de Rousseff en una bandeja, ahora defiende en editoriales que la mandataria termine su mandato.

Para el historiador británico Kenneth Maxwell, autor de varios libros sobre Brasil, un impeachment representaría un retroceso. “Dilma puede sobrevivir, básicamente porque las alternativas también son malas. Y hasta quienes desean verla fuera, al final, pueden preferir una presidenta debilitada a que integrantes del Congreso controlen el país”, dijo Maxwell al diario O Globo.

“El problema es que quien sucedería a Dilma sería de un partido como el PMDB, que aparentemente está involucrado en un montón de escándalos” de corrupción, explicó Maxwell, recordando que tanto el presidente de la Cámara de Diputados como del Senado, ambos del PMDB, el mayor aliado del PT en la coalición, son investigados.

Los analistas celebran que Rousseff haya permitido a la justicia y a la policía avanzar en una inédita investigación de la corrupción en Petrobras que ha puesto ya en la cárcel al tesorero del PT, a quien fue jefe de gabinete del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a varios de los principales empresarios de Brasil.

“Aunque debilitada y con su partido involucrado en la corrupción, Rousseff ha demostrado mucha independencia, ha garantizado la independencia de las instituciones. Esos son trazos de una democracia sólida”, destacó Mohallem, de la FGV. Irónicamente, la presidenta, con quien Brasil llegó a su peor crisis en dos décadas, podría terminar fortaleciendo al país.

Empresarios, unos aliados inesperados

Puede que los líderes empresariales brasileños tengan diferencias ideológicas con la presidenta Dilma Rousseff, pero el llamado para que sea sometida a un juicio político es algo que los pone nerviosos, lo que de hecho ofrece a la mandataria un apoyo efectivo de un sector inesperado.

A esta comunidad le preocupa que una salida traumática convierta un periodo de profunda incertidumbre política en una recesión, la cual creen los expertos que podría traducirse en una contracción de la economía de un 2 por ciento este año. Este respaldo tácito de los grandes negocios y un acuerdo tentativo con un agitado Senado está ayudando a Rousseff a sobrevivir a la crisis, apenas siete meses después del inicio de su segundo mandato de cuatro años.

“Un juicio político es un asunto traumático que afecta a los sectores políticos y empresariales en un momento en que Brasil lucha por recuperar su credibilidad en el extranjero”, afirmó Alencar Burti, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del estado de São Paulo. “Lo que importa ahora es salvar al país. Necesitamos hallar soluciones por encima de los intereses personales”.

Este mes, los mayores grupos industriales y la corporación mediática más poderosa, Globo Comunicaçao e Participaçoes SA, pidieron un acuerdo para asegurar la estabilidad. No obstante, aunque no quieren que sea sometida a un juicio político, muchos inversores esperan que Rousseff abandone para siempre su intervencionismo económico.

Bajo la intensa presión del Congreso, Rousseff abrazó la semana pasada una agenda amistosa con los mercados. Además, está organizando una reunión con los líderes de las mayores compañías del país en busca de apoyo para revivir la economía.

Un plan así era exigido desde hace tiempo por las compañías que lidian con la célebremente enredada burocracia del país y su bizantino sistema impositivo.

Las medidas de una nueva agenda incluyen permisos medioambientales por vía rápida, simplificación de impuestos y aumento de las garantías en los contratos con el Estado. El plan, que debe ser debatido aún en el Senado, rebajaría los costos a las compañías, desde la minorista GPA SA a mineras como Anglo American plc e, incluso, a firmas de ingeniería en dificultades como Odebrecht SA.

“Su fragilidad podría allanar el camino para un impulso modernizador que apruebe medidas que llevan tiempo dormidas”, dijo Leonardo Barreto, jefe de la consultora política Mosaico.

AFP y REUTERS

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